- Hacienda propone ceder a las comunidades autónomas el 55% del IRPF y el 56,5% del IVA
- Junqueras anuncia un pacto de financiación con Sánchez que aportará 4.700 millones más a Cataluña y con el que "todo el mundo gana"
- Editorial. La cuadratura de la financiación regional
La oferta de Montero para aumentar los fondos que recibe cada región al año es tramposa.
El acuerdo certificado ayer por Pedro Sánchez y Oriol Junqueras durante su reunión en la Moncloa para reformar el sistema de financiación autonómica consagra definitivamente la quiebra de la igualdad entre territorios, y por tanto entre los españoles que residen en estos. Tal como denunció ayer el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, es insostenible defender desde posiciones de izquierda un acuerdo que supone privilegiar a las regiones ricas sobre las menos desarrolladas, pues eso es lo que implica aplicar el principio de ordinalidad impuesto por los separatistas de ERC al Gobierno para que las comunidades autónomas reciban cada año recursos del Estado de acuerdo con el orden en que los aportan.
Es decir, si Cataluña es la tercera región donde más ingresos fiscales se generan, con este criterio debería ser también la tercera que más fondos recibe. Más grave aún es que un cambio tan trascendente no se haya negociado de forma multipartita con todas las regiones afectadas, sino de forma bilateral con un partido que ni siquiera forma parte del Ejecutivo autonómico catalán, sino que, aprovechando la extrema debilidad parlamentaria de Sánchez, pretende imponer su criterio al de los legítimos dirigentes del resto de autonomías.
Por ello es comprensible que, sin conocer los detalles de la propuesta final que hoy desvelará la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la mayoría de los gobiernos regionales la rechazaran de plano e incluso anunciaran los primeros recursos ante la Justicia. Ninguna reforma que haya nacido de un pacto a espaldas de quienes han sido elegidos por los habitantes de los territorios que gobiernan, y cuyo principal objetivo es privilegiar las exigencias fiscales de una de las regiones sobre las del resto, puede ser aceptado por éstos sin posibilidad de hacer valer sus intereses, por mucho que sus firmantes defiendan que beneficiará a todas las partes.
Porque la financiación autonómica no es, ni puede ser, por esencia, un reparto de recursos infinitos, sino una distribución de los fondos destinados por el Estado a garantizar la provisión equitativa de los servicios públicos en todos los rincones del país. La abundancia actual de ingresos fiscales, posible por la exacerbada política de avidez recaudatoria de PSOE y Sumar, no durará para siempre, y por eso la oferta de Montero de incrementar los fondos que van a recibir todas las comunidades es tramposa.
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