- JAVIER AYUSO
El presidente del Gobierno compareció ayer ante los medios, aceptando preguntas de los periodistas, para presentar el 'plan anticrisis' aprobado por el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria.
Pedro Sánchez ha dado prioridad, por una vez, a las necesidades de los ciudadanos frente a su habitual táctica de presentar propuestas ómnibus sin opción de ser aprobadas en el Parlamento, con el fin de señalar a la oposición. En esta ocasión, el decreto ley principal contará previsiblemente con el visto bueno de la mayoría de la cámara. Se trata de un paquete de medidas, hasta 80, que costarán al Estado en torno a los 5.000 millones de euros y que buscan reducir los efectos negativos del aumento del precio de la energía sobre los españoles.
Un primer análisis de lo anunciado ayer permite afirmar que se trata de un plan muy positivo que tendrá efectos inmediatos sobre la industria, el comercio, los transportistas, los agricultores, los ganaderos, los pescadores y en general sobre todos los ciudadanos. Sin embargo, el Ejecutivo ha tardado casi tres semanas en aprobarlo y puede resultar insuficiente, porque ha dejado fuera ayudas directas a algunos sectores y, sobre todo, reducciones fiscales también para los productos alimenticios.
La aprobación del 'plan anticrisis' ha puesto de manifiesto, además, que las grietas en el seno del Gobierno son cada vez más anchas y profundas. El Consejo de Ministros estaba convocado a las 9:30, pero los cuatro ministros y la vicepresidenta del sector de Sumar se plantaron ante Sánchez y anunciaron que no entrarían en la reunión si no se incluían en el decreto ley sus propuestas de escudo social, relacionadas entre otras cosas con la prórroga de las medidas sobre vivienda. Una decisión que hubiera impedido su aprobación en La Cortes, por la oposición del PNV, Junts, el PP y Vox.
Dos horas
Tras dos horas de intensas conversaciones, en las tuvo que intervenir en propio presidente para convencer a Yolanda Díaz de que cambiara su actitud, se inició la reunión a las 11,40 y tras menos de una hora de deliberaciones se aprobaron dos decretos ley: uno con las medidas fiscales y otro con las exigencias de Sumar. El primero se llevará al Congreso para su convalidación el próximo jueves y para el segundo se dan un tiempo para intentar conseguir unos votos a favor que se presumen imposibles.
Preguntado por la nueva crisis en el seno del gabinete, el líder socialista le quiso quitar importancia, afirmando que "el salseo es interesante" (como si estuviera grabando uno de esos vídeos absurdos para Tik-tok) y que esas confrontaciones son "un activo en el gobierno de coalición progresista". Desde Sumar se mostraban satisfechos con haber "ganado el pulso" a los socialistas, aunque son conscientes de que no es más que un nuevo brindis al sol, porque nunca recibirá el visto bueno del Congreso. Sí quisieron aclarar que no se llegaron a plantear el abandono del Ejecutivo. No tienen incentivos para ello; y mucho menos en la situación de desunión en la que se encuentran los partidos de la izquierda alternativa.
En este nuevo enfrentamiento con sus socios, el sector del PSOE ha mostrado su autoridad en el gabinete y cerrado la posibilidad de topar los precios de la energía, los transportes, la vivienda y los alimentos, que exigían desde Sumar. Ha optado por no tentar a la suerte, porque sus aliados de la derecha independentistas y nacionalista le habían advertido que votarían en contra de un decreto ley lleno de trampas, como viene sucediendo en los últimos meses con el llamado "escudo social".
A la espera del BOE
A la espera de conocer el texto completo del plan, que será publicado hoy en el BOE (todavía puede haber alguna sorpresa oculta), lo más destacado parece la rebaja del 21% al 10% del IVA en el precio de los carburantes, la electricidad y el gas. Además, se reducirá hasta el 0,5% el impuesto especial a la electricidad, lo que ayudará a una notable baja en la factura de los hogares, las industrias y los comercios en la próxima factura de la luz. Estas medidas tendrán un coste fiscal para el Estado cercano a los 5.000 millones de euros, según explicó el propio presidente. Lo que no han aclarado desde La Moncloa es en cuanto ha subido la recaudación fiscal en los veinte días desde que se inició la guerra en Irán y se dispararon los precios internacionales de la energía.
Responder a la pregunta de ¿por qué han tardado tres semanas en aprobar el plan?, plantea diversas interpretaciones. La oficial se basa en que había que analizar bien la situación antes de tomar medidas, mientras que desde el PP y Vox señalan que se trataba de "hacer caja" para poder financiar el gasto fiscal. Sin descartar ni una ni otra, hay que tener en cuenta también que estos días le han venido muy bien a Pedro Sánchez para ganar adeptos en su posición de "no a la guerra" entre sus socios comunitarios y volver de la Cumbre Europea del jueves como un triunfador que ha convencido a los 27 de que "esta guerra no es la nuestra".
La semana que viene veremos qué actitud mostrará el PP ante el decreto ley. Sería un enorme error votar en contra o incluso abstenerse ante una propuesta que claramente beneficiará a los españoles. Se puede incidir en su retraso o en que faltan medidas, pero no votar a favor situaría a Alberto Núñez Feijóo en una posición política incomprensible. De Vox se puede esperar cualquier cosa, porque hace tiempo que se han convertido en un partido antisistema.
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