- EXPANSIÓN
Burford Capital y Eton Park reclamaban millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por las acciones que no pertenecían a Repsol.
Un tribunal de apelaciones en Nueva York anuló este viernes una sentencia, dictada en septiembre de 2023, que obligaba a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares (unos 14.000 millones de euros al cambio actual) en el largo y millonario litigio por la nacionalización de la petrolera YPF.
El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito aceptó una petición de emergencia que presentó Argentina para suspender el proceso de descubrimiento de pruebas con miras a cumplir con la orden de pagar que emitió la jueza del caso de YPF, Loretta Preska, de la corte federal para el Distrito Sur de Nueva York.
Entre sus señalamientos durante este largo proceso, la jueza indicó que Argentina violó el estatuto porque no respetó los derechos de los accionistas minoritarios.
Argentina reclamó en su apelación que la sentencia de Preska ordenándole pagar y las resoluciones previas se fundamentaron, entre otros motivos, en interpretaciones erróneas del derecho argentino.
Hoy, el Tribunal de Apelaciones le dio la razón: "Sostenemos que las reclamaciones de los demandantes por daños y perjuicios derivados de incumplimiento contractual contra la República no son admisibles en virtud de los códigos civiles y el derecho público de Argentina que rigen la expropiación; en consecuencia, REVOCAMOS la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes respecto de dichas reclamaciones".
"Sostenemos que las reclamaciones de los accionistas por daños y perjuicios derivados de incumplimiento contractual contra la República Argentina y la compañía no son admisibles conforme al derecho argentino, y que las restantes reclamaciones de los accionistas carecen de fundamento", explica.
La nacionalización de YPF fue dispuesta por el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) y aprobada por el Parlamento argentino en 2012, que mediante una ley avaló que el Estado argentino se quedara con el 51% de la petrolera, que estaba en manos de la española Repsol.
El caso en los tribunales de Nueva York se inició en 2015, cuando la firma británica Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron una demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.
Burford Capital y Eton Park reclamaron en el juicio millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.
La jueza Preska falló a su favor y ordenó el pago en 2023, y dos años después, también falló que Argentina cediera a las firmas litigantes su participación del 51% en la petrolera, medida también apelada por el país sudamericano.
En su decisión, el Segundo Circuito también reconoce "la violación consciente y flagrante por parte de la República de las promesas que hizo a los inversores extranjeros".
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