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Una jueza de Badajoz, condenada a 16 años de inhabilitación por prevaricación

Una jueza de Badajoz, condenada a 16 años de inhabilitación por prevaricación
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El TSJEx considera que Paula Orosa Rico, magistrada de lo Penal, mantuvo bloqueados los fondos de un hombre que había sido absuelto

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La jueza Paula Orosa, en el centro, durante el juicio en el TSJEx. Jorge Rey Una jueza de Badajoz, condenada a 16 años de inhabilitación por prevaricación

El TSJEx considera que Paula Orosa Rico, magistrada de lo Penal, mantuvo bloqueados los fondos de un hombre que había sido absuelto

Natalia Reigadas

Badajoz

Miércoles, 22 de abril 2026, 18:40

... prevaricación judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) considera probado que esta magistrada mantuvo bloqueados indebidamente los fondos de un hombre que había sido absuelto, incluso en contra del criterio de la Audiencia Provincial.

Orosa Rico no podrá ejercer como magistrada durante 16 años ni tampoco «obtener durante el tiempo de la condena empleo o cargo público en el ámbito de la Administración de Justicia que conlleve el ejercicio de funciones jurisdiccionales o de gobierno judicial, o en el ejercicio de funciones jurisdiccionales fuera del Poder Judicial», dice la sentencia. El tribunal estima por completo la petición de inhabilitación que solicitó la Fiscalía.

Además, deberá abonar 15.000 euros al afectado, un ciudadano portugués representado por el despacho de abogados Polanco y Seijas, en concepto de indemnización, y pagará unos 9.000 euros de multa (15 euros al día durante 20 meses).

El TSJEx, sin embargo, absuelve a la magistrada del delito contra la libertad individual. Lo solicitaba la acusación particular alegando que la magistrada, el 23 de julio de 2018, se negó a poner en libertad al demandante, que estaba en prisión provisional. El abogado del afectado mantiene que habían decaído las causas para mantenerlo en prisión y que la Fiscalía no se oponía a su liberación, pero que la jueza rechazó esta solicitud.

Hechos probados

El demandante es un ciudadano portugués que en agosto de 2018 fue condenado en el juzgado del que era titular Paula Orosa. El caso se remontaba a 2013, cuando, dentro de las diligencias previas, se acordó como medida cautelar el embargo de 830.000 euros depositados en una cuenta bancaria en Portugal.

Este hombre recurrió y en abril de 2019 fue absuelto por la Audiencia Provincial de Badajoz. Durante este proceso, el afectado cambió de abogado. En cumplimiento de la absolución, la magistrada acordó su inmediata puesta en libertad y la defensa, el segundo abogado, solicitó el desbloqueo de la cuenta bancaria embargada.

Paralelamente, el primer abogado solicitó 42.593,95 euros de honorarios impagados y logró que se bloqueasen esos fondos. La Letrada de la Administración de Justicia ordenó retener solo 42.593 euros. Sin embargo, la jueza anuló esta decisión sin dar audiencia a las partes y reactivó el embargo total. La Fiscalía sospechaba que el hombre absuelto tenía causas pendientes en Portugal.

A pesar de que las autoridades portuguesas confirmaron en 2019 que no existían causas penales abiertas contra él en su país, la jueza Orosa Rico le exigió devolver los fondos ya retirados bajo amenaza de cárcel e incoó diligencias por apropiación indebida, archivadas en 2022. Ante la negativa reiterada de la magistrada a liberar el dinero en 2024, la Audiencia Provincial de Badajoz ordenó levantar el embargo al considerar que la medida había decaído con la absolución. Tampoco esa advertencia sirvió y la Audiencia tuvo que fallar de nuevo en abril de 2025 para que el afectado finalmente recuperase su dinero seis años después.

Defensa de la jueza

En el juicio, la jueza negó los hechos y afirmó que se había retrasado por precaución. «Mantuve prudencia y cautela hasta que no viera claro que podía entregar el dinero sin riesgo. Lo más normal era no moverlo, lo más prudente era retener la cuenta. No por mala fe de ningún tipo. No porque una persona caiga mejor o peor o por manía. Estamos entrenados para ser imparciales. Estamos para solucionar problemas y esto se cae por sí solo», indicó.

Sin embargo, el TSJEx la condena por un delito continuado de prevaricación judicial que acaba con su carrera como magistrada. Contra esta sentencia cabe recurso.

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Fuente original: Leer en Diario Sur - Ultima hora
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