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La legislatura termina sin reformas de calado y con un Gobierno incapaz de sacar adelante sus principales iniciativas.
Pedro Sánchez ha puesto fin a la legislatura antes de tiempo pese a que había prometido una y otra vez que agotaría el mandato de cuatro años. Pero no ha podido hacerlo ante la tozuda realidad de que había perdido los apoyos que logró para su segunda investidura en noviembre de 2023. La certificación definitiva se produjo el pasado viernes con el rechazo por parte del Congreso de los Diputados de los dos decretos para intervenir más la vivienda debido al voto en contra de Junts.
Fue precisamente el partido que lidera el aún prófugo de la Justicia el que permitió al presidente del Gobierno seguir en la Moncloa pese a no haber ganado las elecciones del 23-J a cambio de la infame ley de amnistía. A la postre, la única ley relevante que ha visto la luz desde entonces. Y es que la legislatura que ahora muere nació producto de una trampa: el pacto antinatural entre los separatistas catalanes que reclamaban esa amnistía y los autoproclamados "progresistas", que habían rechazado taxativamente durante la campaña la posibilidad de una ley para el borrado penal de los delitos cometidos por los líderes de la intentona golpista de 2017. Acabaron asumiéndola como propia en aras de una supuesta "normalización" de Cataluña para conseguir los siete votos de Junts, los mismos que han permitido a Sánchez seguir en el poder hasta hoy.
Pero sin los de Puigdemont en la ecuación gubernamental, la huida hacia delante del presidente acosado por los casos de corrupción en su familia y su partido se quedaba sin recorrido, condenado el Ejecutivo a que las Cortes rechazaran todas sus iniciativas hasta el final de la legislatura, entre otras los Presupuestos Generales del Estado que ni siquiera se han llegado a presentar en los últimos cuatro años. Es el epítome más revelador del segundo mandato del líder del PSOE: un periodo desperdiciado para poner en marcha las reformas estructurales que necesita la economía española pese a haber contado con el empuje extraordinario de los fondos europeos, con la barra libre de liquidez del Banco Central Europeo hasta diciembre de 2024 y una recaudación fiscal en máximos.
La acción gubernamental se ha reducido a dar cumplimiento a las exigencias de los separatistas para permanecer en el poder el mayor tiempo posible. Por ejemplo, la reforma de la financiación autonómica para otorgar un Cupo a la Generalitat catalana, la condonación de parte de la deuda de los gobiernos autonómicos o el uso de las lenguas cooficiales en la Unión Europea. Todas ellas quedan en el tintero con el adelanto electoral fijado para el próximo 29 de noviembre. También los problemas derivados de la inacción reformista del Gobierno de PSOE y Sumar, como el gasto desbocado en pensiones, un mercado laboral cada vez más rígido, la regeneración de las instituciones públicas y, sobre todo, la crisis de la vivienda, que retrata como ningún otro asunto la desastrosa gestión económica de Sánchez desde 2018. Incluso los acampados en Sol y las manifestaciones del pasado fin de semana han señalado al inquilino de la Moncloa como el culpable de que cada vez más personas no puedan acceder a una vivienda en nuestro país.
Sin embargo, el presidente ha vuelto a hacer gala de su habilidad para deformar la realidad a ojos de los españoles y pretende presentar el rechazo parlamentario a sus decretos intervencionistas en vivienda de la semana pasada como una ofensiva en su contra de la oposición y los poderes económicos. Una treta a la desesperada que incluye la trampa final de volver a aprobar en Consejo de Ministros las medidas que ya rechazó la mayoría del Congreso aprovechando para tratar de convalidarlas en la Comisión Permanente del Congreso, donde ya no necesita el voto favorable de Junts, para colocar el foco electoral sobre la vivienda y desviarlo de la crisis de Ceuta, los casos de corrupción y su acoso a la Justicia. Sánchez busca con ello enrarecer al máximo una campaña que se presenta especialmente bronca tras una legislatura en la que ha gobernado más para crispar que para destensar la vida pública, en busca de otra carambola inesperada como la del 23-J que le permita continuar en el poder pese a todos sus desmanes. Por fortuna, serán los votos de los españoles los que decidan su futuro.
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