Una Ley de Amnistía en contra del Estado de Derecho y los jueces

A las pocas horas de que varios ex consejeros de la Generalitat fueran trasladados ante el Supremo a declarar por su participación en el 1-O, en diciembre de 2017, y mientras Carles Puigdemont se refugiaba ya en Bélgica tras huir de la Justicia española, el independentismo empezó a reclamar la amnistía para el Gobierno catalán cesado mediante el artículo 155. En los balcones donde colgaban las banderas esteladas se añadió una pancarta con la leyenda «Amnistia. Fem-los lliures» y el lazo amarillo, que fijaba cuál era el nuevo objetivo político del independentismo: ni resignación a la espera de la sentencia, ni un indulto que supondría una manera de aceptar el perdón magnánimo del Estado español. Amnistía o amnistía: para liberar a los presos, para borrar el delito que cometieron y también para iniciar una ofensiva contra los jueces y «acabar con la persecución judicial» contra el independentismo catalán. Una amnistíacontra el Estado de derecho y los jueces.

Aquella reacción del independentismo, para seguir políticamente vivo tras la aplicación del 155, le sirvió para diluir durante un par de años la combinación de engaño colectivo y fracaso que fue el procés; y lanzaba un mensaje muy claro a Pedro Sánchez, con quien Junts y ERC ya ultimaban los detalles de la moción de censura a Mariano Rajoy, de cuál sería el precio final que tendría que pagar por colocarlo en La Moncloa. Sánchez tomó buena nota de aquel aviso y acabó colmando los deseos nacionalistas con una Ley de Amnistía en la que asumió todo el relato independentista: el 1-O fue la expresión de un conflicto político histórico entre Cataluña y España.

Una cesión que no logró, sin embargo, encarrilar la legislatura: el Gobierno ha sido incapaz de aprobar unos solos Presupuestos y, de manera periódica, ha tenido que solucionar nuevas crisis en su relación con los socios independentistas, especialmente con Puigdemont, de quien espera que pueda volver en breve a Cataluña después del aval del TJUE a la Ley de Amnistía. Esta tensión en torno a la concesión de la amnistía ha acompañado a Sánchez durante todo su segundo mandato y ha acabado siendo la coartada para un ataque conjunto del Gobierno y los independentistas a los jueces, uno de los principales pilares del Estado de derecho que resistió al embate separatista en 2017 y al que ahora acusan de protagonizar una persecución judicial contra Sánchez y sus socios. La dialéctica y las maneras del proceso independentista catalán saltaron a Madrid. El llamado procés español.

A pesar del desprecio público que los líderes independentistas mostraron en 2018 al indulto que les empezaba a plantear el Gobierno -«se lo pueden meter por donde les quepa», afirmó Oriol Junqueras tras su condena por sedición-, Sánchez logró con esta medida de gracia atar el apoyo de ERC a su primera legislatura. Y cuando, el 22 de junio de 2021, el Gobierno concedió el indulto a los nueve presos del procés, perdonándoles la pena por sedición, aunque no por malversación, el establishment catalán lo celebró como un gesto indiscutible de reconciliación.

El indulto parecía el punto y final. El Gobierno rechazó desde en ese momento ir más allá porque la amnistía que pedían Puigdemont y Junqueras, estaba, a juicio de los socialistas, fuera de la Constitución. De manera muy contundente y clara se pronunció al respeto, el 13 de enero de 2022, el entonces líder de la oposición en el Parlament, Salvador Illa, en una conferencia en Madrid: «No habrá referéndum, ni amnistía, ni nada de eso». Un discurso de rechazo a la amnistía que repitió Sánchez durante toda la campaña del 23-J. Hasta que aquella noche electoral, y contra todo pronóstico, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se quedó lejos de la mayoría absoluta prometida y, en cambio, los inesperados siete diputados que obtuvo Junts dieron la llave del nuevo Gobierno a Puigdemont.

En pocas horas todo cambió, y Puigdemont no tardó en responder a las llamadas del Gobierno para negociar la investidura recuperando la exigencia de la amnistía para poder volver a Cataluña. En suma, su restitución política y social. Así, en los primeros encuentros de Junts con la delegación del PSOE, que encabezó el secretario de Organización, Santos Cerdán, todavía libre de sospecha de corrupción, los socialistas hicieron una primera y decisiva concesión política a Puigdemont al asumir que los encausados del procés habían sufrido una persecución política por parte de los jueces y la policía. Una tesis del lawfare que quedó de esta forma avalada, negro sobre blanco, en el acuerdo de investidura que firmaron el 9 de noviembre de 2023.

La inclusión del término lawfare soliviantó a todas las asociaciones de jueces y fiscales sin excepción, independientemente de si eran consideradas progresistas o conservadoras, y calificaron de inadmisible que el Gobierno asumiera el relato independentista. Este paso al frente dado por todas las asociaciones judiciales tensionó todavía más su relación con el ministro de Justicia, Félix Bolaños. El Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, las salas de gobierno de los tribunales superiores de Justicia, las audiencias provinciales y los jueces decanos criticaron en diferentes escritos la medida impulsada por Sánchez. No hubo grietas frente a la amnistía.

Con todo, Gobierno y Junts estaban todavía lejos de la fumata blanca. En las negociaciones del acuerdo de investidura entre PSOE y Junts en octubre de 2023, el ex presidente Rodríguez Zapatero asumió un papel muy activo. Gracias a la buena relación que guardaba con Artur Mas de su etapa en Moncloa, en la que alcanzaron el pacto del Estatut, el dirigente socialista logró entablar una relación estrecha con el equipo de confianza de Puigdemont. Zapatero hizo de emisario plenipotenciario de Sánchez en el diálogo con Junts en Madrid, Ginebra y Bruselas. En esa fase, su trabajo fue el de transmitir tranquilidad, hacer pedagogía sobre los límites de la amnistía (solo delitos políticos, nada de violencia) y ayudar a mantener abiertos los canales entre Puigdemont y Moncloa.

El principal obstáculo entre el Gobierno y Junts es que la amnistía no está permitiendo a Puigdemont regresar a España. El Supremo mantuvo desde el primer momento la imputación por malversación y el ex presidente de la Generalitat, que desde el 23-J había recobrado un papel protagonista en el tablero político español, empezó a ponerse nervioso. Se sentía engañado por Sánchez y los suyos, por eso exigió al presidente que presionara al Supremo «igual que presiona a los jueces para salvar a su mujer». Puigdemont ha entregado la Presidencia del Gobierno a Sánchez y exige que la amnistía sea total. Quid pro quo, «algo a cambio de algo», y sobre todo volver a Cataluña.

Las cesiones del PSOE a Junts, como la futura publicación de las balanzas fiscales o el fallido traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña, no lograron rebajar el enfado nacionalista. Y es en ese momento en el que Zapatero, quien se presentó ante Junts y el PSOE como una figura que puede dar legitimidad moral al acuerdo después de sus negociaciones complejas con ETA, asumió un rol incluso más importante en el diálogo con Puigdemont. Es él quien propuso, por ejemplo, al mediador salvadoreño para que presidiera la mesa de seguimiento del acuerdo.

En un clima de desconfianza, el 30 de enero de 2024 los diputados de Junts votaron en el Congreso contra el decreto-ley de amnistía y lo devolvieron a la Comisión de Justicia para ser renegociado, después de que el PSOE se negara a suprimir de la lista de delitos no amnistiables los de traición y terrorismo. En esa decisión inesperada, que puso de relieve la dependencia del Gobierno de los siete diputados de Junts, tuvo buena parte de responsabilidad el abogado Gonzalo Boye, quien convenció a Puigdemont de que, con aquel redactado, la ley «iba a ser un coladero» para que los jueces encontraran la manera de no cumplirla. Durante esa fase de negociaciones se celebraron las elecciones en Cataluña, en las que ganó el socialista Illa y Puigdemont quedó lejos de los resultados esperados. Además estallaron en Madrid el caso Koldo y las numerosas revelaciones que empezaron a implicar a Begoña Gómez en un posible tráfico de influencias.

Pese a este cúmulo de circunstancias adversas, poco a poco el acuerdo fue madurando y Sánchez decidió llevar a votación la ley el 30 de mayo de 2024, en la que fue la gran victoria nacionalista desde el inicio del procés en 2012: una amnistía que somete al Gobierno, rompe el principio de igualdad entre españoles y agrede, al asumir el lawfare, a todos los servidores públicos -jueces, fiscales y policías- que en otoño de 2017 frenaron el golpe de Estado.

Aquella votación, sin embargo, no logró solucionar los problemas de Sánchez con Puigdemont. Pues el líder de Junts no tardó en sentirse traicionado después de que Cerdán le confesara, en la que sería la última reunión de la bilateral PSOE-Junts, aquello que el fugado sospechaba: el Gobierno no le podía garantizar que en su caso el Supremo le aplicara la amnistía. «No lo controlamos», confesó Cerdán. Desde ese momento, la relación entre el Gobierno y Junts fue tensa, distante y marcada por la sensación de Puigdemont de ser el tonto de la película. La Ley de Amnistía fue elaborada especialmente para él, pero sigue atrapado en Bélgica. Junts decidió semanas después de la confesión de Cerdán, y de que no lograra claridad y avanzar con el PSOE, dejar de apoyara Sánchez en el Congreso.

Así, enfrentado a una parte muy significativa del estamento judicial y sin una mayoría parlamentaria, el Gobierno aguardó durante meses la sentencia del TJUE -y presionó a través de Bolaños en los despachos adecuados en Bruselas y Estrasburgo- como su última oportunidad de atraer a Junts y garantizarse su apoyo para agotar la legislatura. Cuando el tribunal europeo avaló la amnistía el 17 de julio de 2026, el Gobierno insistió en el mensaje de reconciliación. Pero hay otra idea que trasladó el discurso de Sánchez tras el TJUE: el Gobierno cumplió, hizo todo lo posible para aprobar la amnistía y solo las malas artes de los jueces han impedido e impiden a Puigdemont volver. Esta idea, que reforzó Illa con una intervención pública tras conocerse el fallo del TJUE al exigir la aplicación inmediata de la amnistía, es la que permite a Junts y ERC hablar de nuevo de lawfare, atacar a los jueces y celebrar que Europa les da la razón. Y es que solo queda el regreso de Puigdemont para dar por cumplida y ejecutada la amnistía contra el Estado de derecho.