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A la espera de la decisión del juez Sánchez Magro, un acreedor de Urbas envió ayer una petición de recusación de los administradores concursales que, a su vez, presentaron un escrito de alegaciones contra la solicitud de remoción de su cargo.
Urbas ha pedido al juez una prórroga de dos meses para negociar con los acreedores su propuesta de convenio. La solicitud se apoya en el informe independiente elaborado por la firma Crowe, que rebate las conclusiones de los administraciones concursales (Auren y Kepler-Karst) contra el plan de viabilidad.
Teóricamente, ayer a las 20:00 horas finalizaba el periodo determinado por el juzgado que lleva el concurso de la constructora para adherirse a un plan de viabilidad que necesita el apoyo de más del 50% de los acreedores ordinarios. La deuda de Urbas se eleva a 144 millones de euros y la empresa ha planteado a sus acreedores un plan de pagos del 100% sin quitas hasta 2030 con cargo a un programa de desinversiones inmobiliarias.
Aunque la ley contempla la posibilidad de una prórroga, no se trata de un trámite automático. La constructora debe acreditar que exige causa justificada y suficientemente probada para conceder esta extensión del plazo. La decisión se encuentra ahora en manos del juez Andrés Sánchez Magro, del Juzgado Mercantil número dos de Madrid.
Precisamente ayer, uno de los acreedores de Urbas envió al juez una petición de recusación de los administradores concursales. En un extenso documento de 26 páginas, el acreedor plantea que Kepler no puede ejercer como administrador concursal por sus vínculos con el acreedor contingente RS Lender, al que creen que protege. También piden que Auren sea apartado al realizar en el plazo de dos meses sendas valoraciones de activos de Urbas con diferencias económicas, en su opinión, inexplicables.
Por su parte, los propios administradores concursales presentaron ayer un escrito de alegaciones contra la solicitud de remoción de su cargo.
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