La Plataforma Víctimas Alvia 04155, asociación mayoritaria entre los afectados por el accidente con 79 muertos y 143 heridos de Santiago de Compostela, ha querido trasladar su "más sentido pésame y solidaridad", así como su "ánimo y apoyo" a todas las personas perjudicadas por la tragedia ferroviaria de Adamuz.
Conocedores en primera persona de la traumática experiencia de un accidente ferroviario de grandes proporciones, muestran su deseo de acompañar a víctimas y familiares de la tragedia de Córdoba "en este momento de profundo dolor" y, además, se ponen "a su disposición" para lo que precisen.
Lo hacen, según señala la asociación presidida por Jesús Domínguez, "desde el máximo respeto y compromiso con la dignidad, la verdad y la justicia", la demanda que esta plataforma ha mantenido desde su constitución en 2013, meses después de que el tren Alvia descarrilase en el barrio compostelano de Angrois.
Las víctimas denunciaron durante años que se sentían desprotegidos y sin el apoyo que consideraban necesario y justo por parte de las sucesivas administraciones, de diverso signo político, de modo que, ante este nuevo siniestro de la alta velocidad, manifiestan su deseo de que la actitud cambie. "Confiamos en que se les preste toda la atención y el apoyo que necesitan", señalan.
La plataforma de afectados tuvo que esperar más de nueve años a que el caso llegase a juicio y no tuvo sentencia hasta el undécimo aniversario del accidente. Finalmente, tiene ese fallo judicial, con el maquinista y el responsable de seguridad en la circulación de Adif cuando se puso en funcionamiento la línea de alta velocidad condenados a dos años y medio de prisión. De momento, no es firme, está pendiente de que la Audiencia Provincial de A Coruña resuelva 198 recursos.
Durante los once años que esperó sentencia, la plataforma de víctimas denunció una política de "ocultación detrás de esta tragedia". En el undécimo aniversario del siniestro, el último sin sentencia, y también la última ocasión en la que organizaron una manifestación pública de protesta, se mostraron convencidos de que "realmente no se quiere que se sepa la verdad".
Sostenían entonces que "hay unos intereses de la alta velocidad que los hay que proteger y los han protegido todos los gobiernos, la Fiscalía y la Abogacía del Estado". Ahora, ante lo ocurrido en Adamuz, reafirman el "compromiso con la dignidad, la verdad y la justicia" que dirigieron sus protestas más de una década, y que les llevaron a los tribunales y a la Unión Europea hasta sentirse escuchados.
"Angustia, zozobra y ansiedad" de los afectados
La jueza del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela que dictó la sentencia el Alvia elevó el 50 % las indemnizaciones básicas por fallecimiento, incapacidad temporal o permanente del baremo de accidentes de tráfico para "cubrir el mayor daño moral que deriva de la vivencia de un accidente catastrófico como el ocurrido o de la angustia, zozobra y ansiedad padecida por los familiares de los viajeros que resultaron fallecidos".
La sentencia fue especialmente sensible a las circunstancias que rodearon al accidente y la "frustración de la confianza en la seguridad de un medio de transporte como el ferroviario", lo que hace más propensas a las víctimas a "un trauma o un duelo patológico que debe resarcirse de forma independiente del daño personal sufrido por lesionados o del daño moral por el fallecimiento del ser querido".