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Vivas recurrió a contratos de emergencia para alojar a 2.850 menas: los pliegos desmienten que haya contratos "a dedo"

Vivas recurrió a contratos de emergencia para alojar a 2.850 menas: los pliegos desmienten que haya contratos "a dedo"
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Moncloa exigió a Ceuta habilitar plazas porque la tutela de los menores es "su competencia"; los expedientes acreditan licitaciones legales sin trato de favor. Más información: La Policía, al límite en Ceuta con jornadas de 15 horas entre reyertas y agresiones: "Interior quiere reventarnos a todos".

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, atiende a los medios a su salida del Parlamento Europeo, el pasado martes en Bruselas. Efe

Política Vivas recurrió a contratos de emergencia para alojar a 2.850 menas: los pliegos desmienten que haya contratos "a dedo"

Moncloa exigió a Ceuta habilitar plazas porque la tutela de los menores es "su competencia"; los expedientes acreditan licitaciones legales sin trato de favor.

Más información:La Policía, al límite en Ceuta con jornadas de 15 horas entre reyertas y agresiones: "Interior quiere reventarnos a todos".

Publicada 14 septiembre 2026 11:59h Las claves Síguenos Las claves Generado con IA

Ceuta dispone de una capacidad ordinaria de alojamiento y tutela, reconocida en la normativa estatal, de sólo 29 menores extranjeros no acompañados (menas). Según la reciente reforma de la Ley de Extranjería, el Gobierno central tiene que declarar la contingencia migratoria al rebasar el triple, es decir 87 chicos y chicas.

Cualquier cifra por encima de ese umbral evidencia una sobrecarga extraordinaria del sistema de tutela de la Ciudad.

Antes del asalto masivo de los días 30 y 31 de julio, Ceuta ya acogía a unos 180 menores no acompañados, según ha confesado Juan Jesús Vivas, su presidente a este periódico.

Y en la semana previa, el presidente sostiene que las llegadas por mar elevaron esa cifra hasta unos 800, una señal de alarma que trasladó a Moncloa antes de la avalancha, sin obtener amparo.

Pero tras la avalancha, las cifras han alcanzado los casi 3.000 menas. "Una emergencia humanitaria y social que exige reaccionar con urgencia", según fuentes del entorno del presidente ceutí.

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La semana pasada, mientras Pedro Sánchez presionaba para que la ciudad "asuma su competencia en el acogimiento de los menores" que, a miles, siguen en las calles, el consejo de gobierno de Ceuta adjudicó dos contratos de emergencia por valor de 5,7 millones, dentro de un plan para ampliar las plazas de alojamiento de manera inmediata.

Se han aireado acusaciones de que esos contratos se han dado "a dedo" y con "favoritismo" a personas cercanas a la corporación o incluso al mismo presidente Vivas. Pero los expedientes oficiales, a los que ha podido acceder este periódico, lo demienten de plano.

La Administración activó la tramitación de emergencia para habilitar una capacidad estimada de 2.850 plazas de acogida para menores no acompañados.

La documentación cifra en 8.813.007,37 euros un "plan de respuesta inmediata".

Y así, estas dos adjudicaciones no son elementos aislados, sino parte de un total de siete actuaciones diferenciadas, con siete proveedores para obras, módulos, carpas, literas, climatización y adaptación de inmuebles.

Los informes acreditan que ni Vivas ni nadie de su equipo seleccionaron personalmente a Absercon o F. Doncel, las empresas señaladas.

Sino que reflejan una cadena técnica y administrativa previa, con informes del Área de Menores de la ciudad, del ingeniero responsable, del departamento de Contratación y de la Intervención General.

Presiones de Moncloa

Moncloa ha insistido en que la atención a los menores extranjeros no acompañados corresponde a la Ciudad. Pedro Sánchez defendió la pasada semana en TVE que Ceuta debe prepararse para una realidad "estructural" de acogida, sugiriendo que las 6.000 plazas que prevé crear el Estado, unidas a las casi 3.000 para menores, se deberán convertir en fijas.

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Aquella premisa de Moncloa tiene una consecuencia inevitable: si Ceuta es la Administración competente para tutelar a los menores localizados en la ciudad, debe procurarles alojamiento, higiene, seguridad, descanso y atención inmediata.

Y si no dispone de plazas libres, la Ley de Contratos permite acudir a la emergencia. El artículo 120 de la LCSP, sobre "tramitación de emergencia", habilita al órgano de contratación para ejecutar o "contratar libremente" lo indispensable ante una situación de grave peligro, sin esperar a los plazos de una licitación ordinaria.

La controversia se produce en plena confrontación entre La Moncloa y el Gobierno de Vivas.

El Ejecutivo ceutí sostiene que Sánchez ha dejado sola a la ciudad, y "en bandeja para Marruecos", y que pretende convertir una emergencia fronteriza en una carga estable para una población de poco más de 80.000 habitantes.

El presidente ceutí denuncia además una política de sumisión ante Rabat.

Considera que el Gobierno central "evita exigir responsabilidades" a Marruecos por los asaltos y las entradas masivas, mientras Ceuta asume las consecuencias materiales y humanas de la crisis.

EL ESPAÑOL ya informó de la ofensiva política contra Vivas antes de su viaje a Bruselas, cuando el Gobierno buscó "contraprogramar" su agenda europea y rebajar su protagonismo en la semana del debate específico sobre Ceuta en Estrasburgo, esta semana.

En ese clima se han difundido acusaciones sobre los contratos de emergencia que los expedientes oficiales no sostienen.

Los expedientes

La documentación sitúa el detonante en la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. La red de acogida ya estaba gravemente sobreocupada, pero el incremento súbito de menores agotó cualquier capacidad de respuesta ordinaria.

La técnico del Área de Menores certificó que el sistema atendía a más de 1.356 menores y que los recursos ordinarios eran insuficientes. Advirtió de que demorar nuevas plazas y suministros ponía "en riesgo la protección" que la Ciudad está obligada a garantizar.

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Los informes identifican esos riesgos concretos: accidentes, incendios, fugas, problemas sanitarios y falta de condiciones de higiene, ventilación, evacuación o descanso. No invocan una emergencia genérica para cualquier gasto, sino la "necesidad de convertir instalaciones disponibles en plazas habitables y seguras".

Absercon recibió la propuesta para adecuar seis naves por 3.267.698,08 euros.

F. Doncel fue propuesta para suministrar módulos sanitarios, estructuras de comedor, climatización y aerotermia por 2.483.175 euros.

Pero ambas actuaciones forman parte de una respuesta más amplia. Aytesa ejecutaría Piniers por 1,29 millones; Kubox, quince módulos contenedor por 713.212 euros; Juan Gabriel Espinosa, las carpas por 509.696; Estructuras del Estrecho, los bajos del Centro de Realojo por 300.177; y Muecoceuta, 500 packs de descanso por 249.500 euros.

Los expedientes detallan partidas, unidades y precios. Incluyen 500 literas dobles con colchones ignífugos y almohadas, módulos con aseos y duchas, comedores, aerotermia, instalaciones eléctricas, saneamiento, ventilación, protección contra incendios y trabajos de adaptación.

Ninguna prueba

El informe técnico previo, de hecho, justifica las selecciones por disponibilidad inmediata, capacidad de fabricación, transporte a Ceuta, medios de montaje y adecuación de las soluciones. También afirma que las ofertas y comunicaciones de los proveedores constan en el expediente.

El parentesco invocado por las informaciones acusatorias contra el Gobierno de Vivas no prueban ni influencia ni trato de favor. Para sostener esa acusación habría que acreditar que uno de esos supuestos familiares intervino, firmó, informó, propuso o pudo condicionar la decisión, algo que no consta en la documentación examinada.

El expediente, además, sí prevé los controles posteriores exigibles: certificaciones por unidades ejecutadas, recepción, liquidación y exclusión de pagos por bienes no entregados o trabajos no realizados.

Queda por verificar, evidentemente, la ejecución final y la documentación completa de ofertas, pero todos los expedientes disponibles acreditan la legalidad de activar la emergencia y no sustentan la tesis de contratos concedidos por favoritismo.

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