Con la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para este 2026 en el horizonte -y los contactos encauzados-, la sintonía de PP y Vox en las Cortes Valencianas es más que manifiesta. Lejos, por tanto, del rifirrafe y el pulso que ambos partidos vienen manteniendo a nivel nacional con motivo de las últimas convocatorias electorales. Sin embargo, con quienes han decidido marcar territorio los de Abascal es con los principales alcaldes del PP.
Si este martes ambos partidos pactaban en el parlamento autonómico finiquitar ya la comisión de investigación de la dana, Vox se desmarcaba del PP en la mesa de la comisión de investigación sobre la polémica de las adjudicaciones de viviendas de protección pública en Alicante. En concreto, para señalar al alcalde Luis Barcala, cuya comparecencia exigen los de Abascal tras haber pedido ya directamente en un pleno municipal su dimisión.
Vox, que preside esta comisión de investigación -por acuerdo también con el PP-, no ha ido de momento más allá. Pero ya ha forzado a los populares a tener que pronunciarse. El diputado del PP, Javier Gutiérrez, explicó que su grupo no quiere llamar a comparecer "inicialmente" a Barcala al considerar que primero debe hacerlo en la comisión del Ayuntamiento de Alicante. "Dependiendo de lo que declaren tanto el alcalde como el ex alcalde [el socialista Gabriel Echávarri] en dicha comisión, estaríamos abiertos", se ha limitado a decir a preguntas de los periodistas sobre si aceptarán la petición de Vox de que comparezca Barcala.
Aitana Mas, de Compromís, recordaba precisamente que "Vox decía que Barcala tenía que dimitir", por lo que interpretaba que el retraso en la votación del plan de trabajo se debe en todo caso a la intención de los de Abascal de "presionar un poco más al PP en los presupuestos".
De hecho, la bautizada por Vox como "prioridad nacional" es la otra demanda que se ha colado en plena negociación presupuestaria. Y, de momento, Vox presiona ya en el Ayuntamiento de Valencia -donde forma parte del equipo municipal de María José Catalá- con aplicar la máxima de "los españoles primero".
El portavoz municipal de Vox y segundo teniente de alcalde, José Gosálbez, ya ha dejado claro que "sin ninguna duda" implementarán la "prioridad nacional" en las ayudas y subvenciones de las delegaciones que dirigen. Según el socio de Catalá, que es además concejal de Emprendimiento, las ayudas públicas que conceden las administraciones "deben ir destinadas prioritariamente a todos aquellos que cotizan y pagan impuestos".
El órdago de Vox ya ha forzado a la alcaldesa Catalá a salir a dar explicaciones. De entrada, para negar que la "prioridad nacional" defendida por Vox tenga encaje legal. "En este Ayuntamiento siempre se va a cumplir la ley", afirmó Catalá, rechazando por tanto que vaya a aplicarse lo que pide Vox.
"Más allá [del arraigo] tengo muchas dudas", insistió la alcaldesa, que defendió en todo caso el concepto de "arraigo" como alternativa a la "prioridad nacional". Esto es, la acreditación de un tiempo mínimo de empadronamiento en la ciudad, por ejemplo, algo que ya sucede. Pero "arraigo" como mérito, no como requisito excluyente o "que genere discriminación", en palabras de Catalá.