Alfonso Fernández Mañueco, el barón popular que encadenará a partir de la próxima semana su tercera Presidencia de la Junta de Castilla y León, y Carlos Pollán, el representante de Vox allí, se dijeron ayer satisfechos con el acuerdo de gobierno alcanzado entre las dos derechas para que el mandato eche a andar 80 días después de las elecciones.
El popular porque considera que lo pactado da "estabilidad" a la comunidad y garantiza la continuidad de su hoja de ruta de la pasada legislatura, y Pollán porque a partir de ahora las políticas de la Junta también tendrán el sello de Vox. Y lo tendrán porque los de Santiago Abascal las recogen en el acuerdo y, además, se hacen con buena parte de las competencias para ejecutarlas.
El Gobierno que Mañueco constituirá tras su investidura, prevista para la próxima semana, contará con 10 consejerías, tres de ellas en manos de Vox: Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; y Cultura, Turismo y Deporte.
Tres carteras obtuvo también el partido de derecha dura en Aragón, frente a las dos que se llevó en Extremadura, y esto le supuso apuntarse a su cuenta las competencias en Medio Ambiente, que asumió por primera vez en su historia. En Castilla y León Vox no obtiene todas las responsabilidades relativas a esta cuestión, pues la cartera denominada "Medio Ambiente" queda en manos del PP, pero sí logra una competencia clave: "Política Ambiental".
Mañueco no quiso ayer aclarar cómo se repartirán las atribuciones entre estas dos consejerías, aunque apuntó a que Vox podrá controlar asuntos como "evaluación" y "educación ambiental". En todo caso, cuestiones con componente ideológico sobre las que el partido de Abascal se garantiza el poder.
También dirigirá Vox los asuntos migratorios castellanoleoneses, como sucede en Extremadura y Aragón, pues se hace con el control de la consejería de Familia y Ayudas Sociales en la que quedan enmarcadas. Y, a sus atribuciones sobre política ambiental -y campo- e inmigración, en Castilla y León el partido de derecha dura se anota un tercer área de influencia clave para poner su sello ideológico a las políticas de la Junta: cultura. Un tridente ansiado.
Además, a través del acuerdo que PP y Vox cerraron ayer, la formación de Abascal se garantiza tener luz verde para poner en marcha su programa ideológico en estas materias que, para Vox, vertebran ahora su hoja de ruta.
El pacto recoge el "principio de prioridad nacional" como guía en el acceso a ayudas públicas y al sistema de vivienda protegida y alquiler social, en los mismos términos en que se plasmaba en los acuerdos de Extremadura y Aragón. Vox coloca así su tesis ideológica de priorizar a los nacionales y podrá decidir sobre los criterios para llevarla a término. A esto se suman otras medidas sobre inmigración también recogidas en el pacto -rechazo a la acogida de menores, realización de pruebas de edad...- que permitirán a Vox plasmar sus ideas en las políticas de la Junta.
Lo mismo sucede en materia medioambiental y sobre el sector primario: el texto contempla el rechazo al acuerdo UE-Mercosur, la supresión o reforma de tasas autonómicas derivadas del Pacto Verde o la limpieza de los cauces, entre otras medidas que llevan indudablemente el sello de Vox.
A cambio de estas concesiones, que elevan la capacidad de influencia ideológica de Vox, el PP de Mañueco recoge en el acuerdo de gobierno una extensa serie de medidas que dan continuidad a su planteamiento de alivio fiscal, de refuerzo al tejido empresarial y de incentivos a los autónomos. Buen retrato de esto es que, en el pacto, aparece 15 veces la palabra "bonificación" y otras 13, "exención".
No en vano, los populares tendrán en sus manos la consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, que en la legislatura pasada cedieron a Vox y que les da poder en asuntos fundamentales para Mañueco. El otro gran logro del popular en esta negociación es arrancar a los de Abascal el compromiso de aprobar cuatro presupuestos, atando así en cierta medida la "estabilidad" de la legislatura.