Cansada de esperar un acuerdo que no llega, Yolanda Díaz va a echar un pulso al PSOE por la congelación de los alquileres que vencen a final de año y que están bajo la amenaza de sufrir una fuerte subida de precios. La vicepresidenta segunda del Gobierno va a presentar ésta y otras medidas sobre vivienda en el órgano económico que hace de antesala del Consejo de Ministros para forzar que haya un debate en el seno del Ejecutivo y que, en el caso de no lograr un consenso para tirar para adelante, se lo tengan que tumbar los ministros socialistas del área económica del Gobierno. Con el coste político que acarrearía.
Así, Díaz redobla la presión interna y echa un órdago a los ministros de Economía, Carlos Cuerpo, y de Hacienda, María Jesús Montero, con su decisión de elevar la disputa sobre vivienda a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE). Un órgano que estudia las propuestas de los ministerios y su impacto económico y que resuelve si éstas pasan al Consejo de Ministros para su aprobación.
Díaz ha anunciado su intención de dar la pelea por sus medidas en vivienda en el CDGAE en una conversación informal con los periodistas durante la conmemoración del Día de la Constitución en el Congreso. Como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, tiene capacidad de meter en el orden del día para su debate la propuesta. Otra cosa es que el PSOE cuente luego con mayoría en este órgano como para echarla por tierra.
Es lo que precisamente Sumar se teme que podría suceder. Pues llevan semanas de conversaciones infructuosas con el PSOE para aprobar ésta y otras medidas sobre vivienda. De hecho, el sector de Sumar en el Gobierno lamenta que las posiciones del ministro Cuerpo sean "muy neoliberales" en este caso a pesar de la emergencia que se vive por la escalada de precios.
En todo caso, el gesto político de Sumar es evidente. Díaz presiona con toda su fuerza que tiene para arrastrar al Gobierno de coalición a hacer políticas intervencionistas en el mercado de la vivienda. Lo más urgente en este sentido para el socio minoritario del Ejecutivo es hacer frente a los 300.000 contratos que expiran a final de año y que se enfrentan al riesgo de sufrir una fuerte subida en los precios en la renovación. Muchos de estos contratos proceden de los tiempos de pandemia, cuando los precios bajaron. Lo contrario que sucede ahora, que los alquileres están en máximos.
Precisamente, porque la renovación de esos 300.000 contratos se está echando encima, Sumar quiere presentar la iniciativa en el CDGAE en las próximas semanas. Pues el Consejo de Ministro tendría que dar luz verde a una prórroga obligatoria de los contratos por la vía del real decreto antes del 31 de diciembre. Esta es una fórmula que se hizo anteriormente durante la pandemia y durante la crisis de la inflación y la guerra de Ucrania. Díaz no ha aclarado en qué momento presentará su órdago, pero no hay mucho margen más allá de las próximas semanas.
Sumar lleva desde el mes de octubre tratando de convencer al PSOE para aplicar estas medidas intervencionistas del mercado de la vivienda. De hecho, a mediados de ese mes presentó en público un texto que podría convertirse en un "real decreto" y que, además de la prórroga de estos alquileres que venden ahora, aborda los contratos en general, el fraude del alquiler de temporada, los pisos turísticos y los impuestos. Una batería de medidas que Sumar garantiza que no invaden las competencias de las comunidades autónomas y que serviría para dar un importante paso para abordar la crisis de la vivienda en España. Ésta es señalada por los españoles como el primer problema del país, según los últimos barómetros del CIS.
Díaz ya sabe lo que es enfrentarse a Cuerpo en el marco del CDGAE. Lo hizo durante la tramitación de la reducción de jornada a 37 horas y media, cuando el ministro de Economía frenó las prisas de la vicepresidenta segunda por llevarlo al Consejo de Ministros para su aprobación. Esto provocó un encontronazo entre ambos que finalmente se desbloqueó y permitió a Díaz dar luz verde a su propuesta estrella. Ahora con la vivienda ambos volverían a librar un pulso público.
En otro orden de cosas, Díaz ha avanzado en su conversación informal con los periodistas que Sumar presentará en los próximos días un documento con sus prioridades para los Presupuestos Generales del Estado, donde se recogerán sus principales medidas.
Las conversaciones dentro del Ejecutivo avanzan pero hay importantes disputa en dos de ejes. Uno es la fiscalidad, donde Sumar exige una reforma amplia para aumentar los ingresos a través de más impuestos y más altos para las empresas y los trabajadores que más ganan. Además, Díaz pone el foco en las socimis como uno de los grandes asuntos a tratar y como palanca para "arreglar" uno de los problemas del mercado.
El otro eje de conflicto es la vivienda, donde las posiciones de partida del PSOE y Sumar están muy alejadas.
En cuanto a lo demás, otras voces del sector Sumar en el Gobierno se muestran optimistas porque el diseño de las cuentas amplia considerablemente el gasto público y, por tanto, da manga ancha para incluir otros temas que en otras circunstancias habría que pelear más. Por ahí asoma la petición de sumar de crear una prestación universal por hijo a cargo que supondría dar un dinero cada mes a las familias con hijos y que habría que perfilar en qué cuantía. Sumar propone 200 euros por hijo. Pero está por ver qué acepta el PSOE. Margen en las cuentas hay, según un ministro de Sumar, para sacarlo.
Para Sumar, el Gobierno tiene que presentar Presupuestos y exhibir cuál es su proyecto de país al margen de cómo discurran los intentos de reconciliación con Junts. Es decir, que habría que llegar a votar las cuentas de 2026 y que cada fuerza se retrate.