Desde que, el pasado 19 de mayo, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía se personó en el domicilio del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para entregarle en mano el auto del juez José Luis Calama donde se le otorgaba la condición de investigado en el caso Plus Ultra, la situación procesal del ex líder del PSOE sólo ha empeorado. Además, lo ha hecho de forma inopinada y, a su vez, aplastante para Zapatero.
A la imputación inicial que se enfrenta como presunto líder -«vértice»- de una organización criminal que intervino en el rescate estatal de la aerolínea Plus Ultra, se suma ahora la investigación por fraude fiscal y contrabando que abrió de urgencia el pasado viernes Calama tras haber recibido la tasación de las joyas (espectaculares esmeraldas, brillantes o zafiros de Zambia y Tailandia) que se hallaron en una caja fuerte de la oficina de Zapatero, ubicada en la madrileña calle Ferraz. En total, y de momento, el ex presidente está imputado por los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y contrabando.
Tal y como informó el pasado sábado EL MUNDO, Calama actuó con total celeridad -una vez recibida la tasación realizada por la casa de subastas Ansorena, en colaboración con el Instituto Gemológico Español, que cifraba en 1.323.915 euros el botín de joyas Zapatero- para evitar que el ex presidente llevara a cabo una regularización exprés ante la Agencia Tributaria que conllevara una exención de la responsabilidad penal. Esa vía para desactivar el delito contra la Hacienda Pública quedó cortocircuitada por el instructor de plano.
De ahí que, aunque es cierto que el ex líder del Partido Socialista puede acudir a una regularización ante Hacienda todavía, ya lo único que lograría obtener es una atenuante del delito fiscal, previo reconocimiento del mismo.
Alegará que el volcado del móvil de Reyes no se hizo con garantías
Con este escenario, al ex jefe del Ejecutivo -el primero imputado en democracia- le faltan dos bazas por jugar en este procedimiento judicial.
Respecto de las joyas, las fuentes consultadas califican de altamente probable que la defensa de Zapatero argumente que fueron regalos que recibió tras haber desarrollado el cargo de presidente del Gobierno y que, aunque no fueron declarados a la Agencia Tributaria en tiempo y forma, el delito habría prescrito. Sin embargo, para poder beneficiarse de la figura de la prescripción, el ex presidente debe aportar documentación que acredite que ese incremento patrimonial a través de las joyas se produjo hace más de cinco años -siempre que el delito fiscal no se considere agravado porque en ese caso el plazo de prescripción es de 10 años-.
Junto a la prescripción, su letrado, el catedrático Víctor Moreno Catena, ya ha esbozado la figura de la nulidad de actuaciones en la pieza principal de esta causa de corrupción. Lo ha hecho por el volcado del móvil del empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas, propietario de Plus Ultra cuando la aerolínea puso en marcha varias vías para lograr el rescate de 53 millones del Gobierno español.
Moreno Catena ha tratado de sembrar dudas sobre cómo se hizo el volcado del dispositivo por parte del HSI (Homeland Security Investigations), la agencia estadounidense que intervino el teléfono de Reyes. «La ausencia de los datos completos acerca del dispositivo del Sr. Reyes Rojas, de su aprensión, del método de volcado y la autenticidad de las comunicaciones y de la conservación y custodia del dispositivo al que la policía norteamericana accedió, así como respecto de las circunstancias en que se ha producido el intercambio de esa información entre los órganos policiales, sin intervención judicial conocida, permite plantear dudas razonables sobre el respeto del derecho a proceso con todas las garantías, y la imprescindible contradicción procesal, que forma parte inescindible de las garantías del juicio equitativo y facilita la igualdad de las partes», afirmaba en un escrito reciente la defensa de Zapatero.
Sin embargo, las fuentes de la investigación consultadas explican que la cooperación policial entre estados es habitual en causas con varios países implicados y recalcan que la intervención del móvil de Reyes se ajustó a la legalidad en Estados Unidos. Además, estas fuentes recalcan que existen otros indicios en la causa de la presunta actuación delictiva del ex líder del PSOE.
El magistrado Calama ha citado a declarar a Zapatero los próximos miércoles y jueves en la Audiencia Nacional. En su último auto, el instructor afirmó que el ex líder del PSOE dispone de «la ocasión de ofrecer las explicaciones que estime pertinentes» para demostrar la inocencia a la que tanto ha apelado en privado el imputado en las últimas semanas.