Javier Zarzalejos, eurodiputado y presidente de la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo. EP
Política Zarzalejos: "Es incomprensible que España sea el único país de la UE que se opone al reglamento de retorno""Sin la eficacia del reglamento de retornos, sin los centros en 'terceros países seguros', la política migratoria de la UE será papel mojado", advierte el eurodiputado del PPE.
Más información:La Eurocámara aprueba crear centros de deportación de migrantes fuera del territorio de la Unión Europea
Alberto D. Prieto Publicada 5 abril 2026 03:13hLas claves nuevo Generado con IA
Mientras el Gobierno español se dispone a poner en marcha su plan para regularizar a más de un millón de inmigrantes ilegales, el Parlamento europeo aprobaba el pasado día 26 el nuevo reglamento de retorno, que agilizará la expulsión de inmigrantes irregulares.
El texto dará cobertura legal a la creación de centros de deportación de inmigrantes en países terceros, fuera del territorio de la UE.
Esta medida fue apoyada por los partidos socialdemócratas de países como Dinamarca, Malta y Letonia, pero tuvo el voto en contra de los eurodiputados españoles del PSOE.
"España no puede ser el eslabón más débil de la cadena", advierte el eurodiputado del PPE Javier Zarzalejos, al constatar que el Gobierno de Pedro Sánchez nada contra corriente de las políticas europeas sobre inmigración.
Zarzalejos es eurodiputado desde 2019 y actualmente preside la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (LIBE), la más poderosa de la Eurocámara en materia de Estado de derecho, migración y seguridad interior.
Los Gobiernos socialistas de Dinamarca y Malta apoyan los centros de deportación y dejan a Sánchez aislado en la UEDesde esta comisión, ha impulsado dos de las reformas legislativas más importantes recién aprobadas: la Directiva anticorrupción y el Reglamento de retornos.
Zarzalejos ve "incomprensible" que el Gobierno de Pedro Sánchez rechace el nuevo reglamento de retorno,ya que España está "recibiendo atención, asistencia, comprensión y solidaridad por parte de la UE como uno de los países sometido a una especial presión migratoria".
"Cuando de cada 100 órdenes de retorno o de expulsión, solamente se ejecutan 20, algo está fallando", explica el eurodiputado en declaraciones a EL ESPAÑOL.
"Estamos generando unas bolsas de ilegalidad que realmente no son sostenibles", añade, "por tanto, necesitamos un marco jurídico que permita esa eficacia, dentro del respeto a los derechos fundamentales".
El presidente de la comisión LIBE de la Eurocámara, Javier Zarzalejos, en la presentación del informe de la misión a El Hierro por la crisis migratoria. EP
Y para ello es necesario que todos los Estados miembros actúen de forma concertada. Por un lado, para combatir las situaciones de ilegalidad ante un fenómeno que cada vez preocupa más a la población europea. Y por otro, para impulsar un marco de acuerdos de repatriación con terceros Estados.
"Sin la eficacia del reglamento de retornos, sin los centros en 'terceros países seguros', la política migratoria de la UE será papel mojado", indica el eurodiputado del PPE.
El reglamento aprobado especifica que estos centros sólo se podrán ubicar en países que respeten los estándares internacionales de derechos humanos y el derecho internacional.
De alguna manera, Turquía ya actuó como 'tercer país seguro' desde la crisis de refugiados de 2016. Pero desde entonces, sólo ha habido entre 2.000 y 3.000 repatriaciones de vuelta desde las islas griegas. Este mecanismo, por tanto, ha funcionado también con un efecto disuasorio.
"En la UE se digiere con preocupación la regularización masiva. España no puede ser el eslabón más débil de la cadena"
"El efecto del 'tercer país seguro' es por un lado, la facilitación, con garantías, de los retornos. Y por otro, la aplicación de un procedimiento abreviado de análisis de las peticiones de asilo", explica Zarzalejos.
Y aclara, al respecto: "No estamos exigiendo que ese 'tercer país seguro' sea una democracia modélica. Pero sí que ofrezca ciertas garantías, que no haya persecuciones por razón de género, de etnia, de religión... además, eso tiene sus excepciones".
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"La Unión Europea tiene que tener un enfoque amplio de los instrumentos diplomáticos que puede utilizar. No habrá una política migratoria creíble sin esa eficacia, y no será una situación sostenible", responde Zarzalejos.
Centros de deportación de inmigrantes en Marruecos y Colombia: el plan que apoyan PP y Vox con luz verde de la UEPorque hoy "están mejorando las tasas de retorno. Pero insisto", aclara, "cuando hablamos de que sólo un 20% de los retornos se ejecuta, y en España el porcentaje es mucho más bajo, es que algo está fallando".
Licenciado en Derecho, Zarzalejos fue secretario general de Presidencia en los años de José María Aznar en Moncloa. Y junto a él ha desarrollado la parte más intelectual de su carrera política, encadenando el área de Constitución e Instituciones, la Secretaría General y la Presidencia de FAES, desde entonces.
El eurodiputado del PPE advierte de que la Comisión Europea sigue con "preocupación" los planes del Gobierno español para regularizar a más de un millón de inmigrantes, por considerar que se trata de un proceso "masivo y prácticamente indiscriminado".
El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, que ahora se encuentra en tramitación parlamentaria, sólo exige como requisitos acreditar la estancia en España anterior al 31 de diciembre, y presentar un certificado de antecedentes penales (que puede sustituir una "declaración responsable").
La UE vota intensificar la expulsión de irregulares: en la España de Sánchez sólo se ejecuta el 9,7% de las órdenesA diferencia de todos los procesos de regularización aprobados por los anteriores gobiernos, esta vez no se exige ningún requisito laboral: ni un contrato, ni una oferta de trabajo.
"Primero", enumera Javier Zarzalejos, "no se sabe a cuánta gente beneficiará, ni siquiera de manera aproximada. ¡Hablan de una horquilla entre 500.000 y un millón! O sea, el doble... y hay informes que dicen que pueden ser más".
En segundo lugar, el Real Decreto aprobado señala que "alguien que haya entrado antes del 31 de diciembre de 2025 puede ser acreedor de la regularización. O sea, que con unas semanas de estancia en España ya hay arraigo. Un concepto, el de arraigo, que por otra parte, en fin, resulta bastante difícil de definir".
Javier Zarzalejos, eurodiputado del PP y presidente de la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo. Martin Lahousse / EPP
A las autoridades de la Comisión Europea les preocupa especialmente varios aspectos de esta norma. Por un lado, la posible falsificación de los documentos para acreditar el tiempo de residencia en España-
"Algo en lo que se esmeran las redes de trata de personas y de tráfico de inmigrantes", recuerda eurodiputado español.
Pero también las garantías de seguridad. "¡No se puede sustituir la acreditación de la falta de antecedentes penales por una llamada declaración responsable!", recalca.
Todo ello se produce cuando el marco legislativo del Pacto de Inmigración y Asilo va a entrar plenamente en vigor el mes próximo de junio.
Los inmigrantes ocupan el 80% de los nuevos empleos creados desde 2024 y otros 422.000 cobran el Ingreso Mínimo VitalEn principio, la Comisión Europea no puede corregir esta decisión del Gobierno español, ya que entra dentro de las competencias nacionales en materia de inmigración.
Pero, "en la medida en que pueda tener un impacto negativo sobre otros Estados, sí puede ser objeto de seguimiento por parte de la Comisión", concreta al respecto.
Ya el pasado mes de febrero, el comisario de Migración, Magnus Brunner, lanzó una severa advertencia al Gobierno español: "Los inmigrantes irregulares deben abandonar la UE; si no, las reglas no son creíbles".
"No me cabe duda de que la Comisión Europea va a seguir de cerca este proceso", dice al respecto Javier Zarzalejos, "y si se detecta falsificación documental, por ejemplo, o la actuación de redes de tráfico de personas para aprovecharse del proceso de regularización, actuará".
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