La ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde 2023, sumado a la congelación de la asignación para Casa Real, ha obligado al equipo financiero de Zarzuela a realizar una reconfiguración interna de sus cuentas para este 2026, tal y como se desprende de la publicación del presupuesto para este ejercicio, que se ha colgado hoy en la página web de la Casa Real.
La dotación total se mantiene sin cambios y disponen de 8.431.150 euros, la misma cantidad desde 2023, pero la distribución interna de las partidas muestra ajustes relevantes: aumentan las retribuciones directas de la Familia Real y se modifican los pesos relativos entre gastos de personal, servicios corrientes e inversiones. Así, no se trata de un incremento del presupuesto, sino de una redistribución estratégica para adaptar la estructura de gasto a nuevas necesidades operativas y compromisos técnicos.
Las retribuciones de los miembros de la Familia Real han experimentan una actualización moderada, alineada con los criterios aplicados a las altas responsabilidades institucionales del sector público. Es por ello que este año el Rey percibe una asignación de 290.000 euros; Doña Letizia, de 160.000; y la Reina Sofía, de 131.000.
Es importante recordar que los miembros de la Familia Real son seis, pero sólo la mitad tienen una asignación. Felipe VI retiró la suya a Don Juan Carlos en 2020 tras hacerse pública su participación en la fundación Lucum. Además, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía no reciben ninguna paga por sus servicios a la institución. Aunque ya tienen compromisos públicos, continúan formándose y se considera que aún no es necesario que les otorguen una asignación.
El incremento salarial no altera de forma sustancial el peso total de estas retribuciones dentro del presupuesto completo —siguen representando una fracción reducida del total—, pero sí tiene valor simbólico y político, ya que rompe la estricta estabilidad nominal de años anteriores. El rey aumenta su sueldo en 12.639; Doña Letizia, en 7.471; y Doña Sofía en 6.186 euros. La decisión se enmarca en la lógica de actualización retributiva aplicada en otras instituciones del Estado, aunque en este caso se compensa con ajustes en otras líneas de gasto.
En paralelo, aparece un desplazamiento de determinadas partidas desde el capítulo de personal -en el que se gastan 3.804.452 euros- total hacia el de bienes y servicios. Este cambio responde a criterios técnicos de clasificación contable y a la naturaleza de ciertos contratos y gratificaciones, que pasan a considerarse gastos operativos en lugar de costes de plantilla. El resultado es que el bloque de gastos corrientes gana peso. Aquí se incluyen suministros, mantenimiento, servicios técnicos, sistemas de información, comunicaciones seguras, logística de actos oficiales y apoyo protocolario.
También crece la dotación destinada a inversiones. Estas partidas cubren adquisiciones de equipamiento, renovación tecnológica y mejoras materiales necesarias para la actividad institucional. No implican nuevas compras extraordinarias cada año, sino que a menudo responden a planes plurianuales y compromisos ya iniciados. Otro aspecto relevante es que el fondo de contingencia -168.000 euros- y los gastos financieros se mantienen estables, lo que indica que la estrategia no busca aumentar el colchón de reserva sino reasignar recursos dentro del gasto operativo.