Zonas de bajas emisiones: restricciones y multas descafeinadas, freno de Vox y el riesgo de 'agujero' en Valencia

Circular por el centro de las principales ciudades con cualquier vehículo iba a tener claras limitaciones a partir de 2023. El objetivo era mejorar la calidad del aire, impidiendo el acceso a las zonas más pobladas con los motores más contaminantes. Así lo recogía la Ley de Cambio Climático de 2021 y nacieron las llamadas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que desarrollarían el cumplimiento de las normativas de la Agenda Verde europea. Esta Ley obligaba a los 149 municipios de más de 50.000 habitantes -y también a algunos de menor población pero con altos niveles de contaminación- a establecer sus ZBE antes finales de 2023.

En esas zonas, delimitadas por una ordenanza, solo se permitiría circular a los vehículos con etiquetas 0, Eco, los menos contaminantes, y progresivamente ampliarían las restricciones a las C y B. La etiqueta A, que se aplica a vehículos diésel con más de 15 años, impediría el acceso a estas zonas, que se vigilaría con cámaras y se debía desarrollar un régimen sancionador para quienes incumplieran la limitación.

Algunas ciudades, como Madrid, ya habían implantado en 2018 estas medidas, a las que se unió Barcelona en enero de 2020. El resto tenían que estar operativas en 2023, pero el Ministerio de Transición Ecológica acabó ampliando el plazo hasta 2025 con una amenaza: quien no hubiera finalizado la tramitación se arriesgaría, además de a una multa de la Unión Europea —que adelantó fondos para la implantación—, a que el Gobierno de España le retirara las ayudas al transporte público.

Pese a esta advertencia, y aunque muchas iniciaron la tramitación, solo el 32% la han completado. Otras han conseguido ponerlas en marcha, aunque sea de manera descafeinada y diluyendo el régimen sancionador, mientras que hay ciudades que no han logrado llegar a tiempo. Es el caso de la tercera capital española: Valencia.

No habrá ordenanza de Zona de Bajas Emisiones y el Gobierno de la popular María José Catalá se enfrenta a un agujero que puede alcanzar los 150 millones y que, como primera consecuencia, podría haber supuesto una subida el 1 de enero del bonobús. La razón de que no haya salido adelante la propuesta del equipo de Gobierno municipal es que Vox, su socio, no la respaldó.

La dirección nacional dio en noviembre orden a sus grupos municipales de que no aprobaran ninguna ordenanza sobre ZBE que recogiera restricciones y sanciones. En Valencia, pese a su voto a favor en las distintas comisiones, se han negado a respaldar esa misma propuesta en el pleno. Miró entonces Catalá a la oposición, PSOE y Compromís, y le exigió responsabilidad, pero el acuerdo ha sido imposible porque ninguno de los tres grupos ha flexibilizado sus posturas. Valencia, por tanto, perderá el 20% de la aportación del Gobierno para bonificar el transporte público y será el Ayuntamiento quien asuma ese porcentaje junto al 20% que ya aporta. En total, no sacar la medida adelante supondrá un gasto de 14 millones de euros a las arcas municipales en 2026. En cuanto a las multas, peleará por esquivar en los tribunales.

En Castellón y en Alicante, Vox sí ha dado luz verde a las ordenanzas porque son muy descafeinadas: no contemplan restricciones ni sanciones sobre ninguna clase de vehículos. En el caso de Castellón, salvo que se alcancen unos umbrales de contaminación extremadamente altos que, a día de hoy, tienen muy lejos. En Elche, la restricción a los vehículos se prevé a partir de 2049.

En Baleares, Vox también trató de poner escollos pero la ZBE para el centro de Palma, dentro del cinturón de lo que se conoce como las Avenidas, salió adelante. Aunque la medida entró formalmente en vigor en enero de 2025, se decretó una moratoria de seis meses sin sanciones, que se imponen desde el 1 de julio con una cuantía de hasta 200 euros, aunque las restricciones son laxas: se multa a los vehículos sin etiqueta ambiental (A), matriculados hace más de 25 años o vehículos pesados.

Protestas andaluzas

La implantación de la ZBE ha generado gran controversia en la mayoría de las capitales andaluzas. El foco de las protestas se ha concentrado en Granada, ya que el gobierno de Marifrán Carazo (PP) la ha implantado en toda la ciudad. Los vecinos del área metropolitana han salido a la calle al menos en dos ocasiones y dos municipios, Gójar y Armilla, gobernados por el PSOE, han acudido al TSJ, que ha dado la razón al Ayuntamiento granadino.

En Málaga también ha habido protestas, pero en este caso lideradas por Vox. El pasado 30 de noviembre comenzaron las multas, que en ningún caso afectarán a los vehículos censados en la capital malagueña. En Sevilla, donde la ZBE se limita a la Cartuja, Vox exigió al alcalde, José Luis Sanz (PP), que se activara solo cuando se sobrepasen niveles nunca alcanzados hasta ahora. Pese a la negativa inicial, los populares han aceptado incluirlo dentro del acuerdo para aprobar el presupuesto de 2026.

En Zaragoza, la ZBE entró en vigor el 12 de diciembre y contempla multas por acceder al centro de la ciudad sin la etiqueta permitida de hasta 200 euros. La aplicación de esta medida ha provocado fricciones del Gobierno de Natalia Chueca con Vox, lo que puede obligarla a tener que prorrogar los actuales presupuestos en 2026, porque no contará con el apoyo de los voxistas.

Madrid, que fue pionera, lleva ahora 15 meses diseñando su nueva ordenanza de ZBE, toda vez que el Tribunal Superior de Justicia la echó abajo en septiembre de 2024 por cuestiones formales. Las restricciones se han mantenido debido a que el Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida presentó un recurso de casación mientras elaboraba su nuevo plan. Y en esa remozada normativa, que verá la luz entre marzo y abril del próximo año, se mantendrán las actuales ZBE que vienen funcionando en la capital desde septiembre de 2021. Mientras tanto, y por segundo año consecutivo, el consistorio ha concedido una moratoria a los vehículos sin etiqueta medioambiental empadronados en la ciudad. Podrán seguir circulando hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha en la que ya estará operativa esa nueva legislación.

Zona pionera en España

La implementación de la ZBE en Cataluña fue uno de los asuntos que despertaron críticas al Govern de Salvador Illa en la última sesión de control del año en el Parlament. ERC y Comuns, sus socios, afearon al Ejecutivo «su mala gestión y errores» al no comunicar, a través del Diario Oficial, la exención de aplicarla en 24 municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes porque no superan los indicadores de contaminación que añadió a la norma estatal un decreto autonómico de 2024. De este modo, la medida para mejorar la calidad del aire se aplicará en 38 localidades (23 tienen más de 50.000 habitantes).

Hace seis años, Barcelona inauguró la denominada ZBE Rondas, pionera en España al comprender parte de su área metropolitana. En febrero de 2023, el Ayuntamiento aprobó una nueva ordenanza después de que la anterior quedase anulada por la Justicia, lo que invalidó las primeras sanciones. Recientemente, algunos municipios barceloneses han decretado moratorias en la aplicación de multas a residentes: Santa Coloma de Gramenet y Cerdanyola del Vallès hasta 2028 y Castelldefels hasta 2030.

En el País Vasco, las tres capitales la tienen en marcha. La última en incorporarse ha sido Vitoria, que ha empezado a sancionar desde el pasado mes de septiembre. Bilbao fue la pionera, reduciendo la velocidad a 30 km/h en toda la ciudad y restringiendo el acceso a la zona centro en días laborales y con el objetivo de solo permitir vehículos Eco en 2030. El impacto es la reducción del 14% del tráfico en la zona. En San Sebastián también se ubica en el centro, contempla multas de 200 euros y será más restrictiva a partir de 2028.

El Gobierno vuelve a ampliar los plazos

No tener aprobada en este 2025 una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) no tendrá consecuencias en 2026 porque el Gobierno ha vuelto a flexibilizar los plazos en el último Consejo de Ministros. Se podrán aprobar las ordenanzas a lo largo del año 2026.

Bonificación. Se mantendrán durante ese tiempo la bonificación del 20% que aporta el Gobierno al transporte público urbano, pero ahora los municipios no están obligados a igualar la aportación.

Nuevas flotas. Los consistorios también han recibido ayudas para modernizar sus flotas de vehículos. En el caso de Valencia, 20 autobuses eléctricos y 57 millones de fondos europeos para electrificar las cocheras.