Dieciocho militares españoles, que trabajan como personal civil internacional en la OTAN, se han juntado para interponer una querella contra la número tres del Ministerio de Defensa. Acusan a la subsecretaria de Estado, Adoración Mateos, de un delito continuado de prevaricación administrativa, y además de uno de coacciones. La querella se ha presentado esta misma semana ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, según ha informado el letrado que representa a todos los querellantes, Antonio Suárez-Valdés.
Se trata de una querella singular, que destapa una guerra abierta contra el Ministerio de Defensa. Pero según aseguran estos militares, entre los que hay oficiales y suboficiales, los motivos están justificados ante «la arbitraria toma de decisiones del Ministerio de Defensa» durante los últimos años.
El meollo de la denuncia se centra en lo que se considera el pase a «servicios especiales», una situación laboral que permite cambiar de trabajo -por ejemplo, a la OTAN-, sin perder la condición de militar, y por tanto sin dejar de mantener la antigüedad, con lo que implica de trienios, ascensos, etc.
En muchos de estos casos, los querellantes habían disfrutado ya esa situación de servicios especiales concedida por el ministerio, ya que eran "personal estatutario de la OTAN". Pero cuando intentaron renovarla, o bien se les denegó, o bien se contestó con silencio administrativo, lo que les obligó a pedir una excedencia para no perder el trabajo en la OTAN.
Pedir la excedencia implicaba también perder antigüedad y demás condiciones que sí se mantienen en servicios especiales. La querella explica que la Ley de la Carrera Militar, en su artículo 109.1. k, obliga a declarar al militar en situación de servicios especiales cuando adquiera la condición de personal estatutario de la OTAN, acreditada mediante un certificado oficial de la OTAN.
Todos los querellantes, en su caso, aportaron siempre estos certificados. Al estar contemplado así en la Ley de la Carrera Militar, se supone que el ministerio no tenía por qué autorizar ni desautorizar esa situación de servicios especiales, ya que la ley obliga a hacerlo sin que sea necesario el permiso de nadie.
En 2022, sin embargo, Defensa empezó a exigir una autorización previa del Estado español para conceder el pase a servicios especiales. Esto obligó a muchos militares destinados en la OTAN y otras organizaciones a presentar contenciosos que se han ido ganando en múltiples sentencias. De hecho, entre 2023 y 2025 se han pronunciado varios fallos judiciales que declaraban ilegal este criterio por parte del ministerio.
Además, el Consejo de Estado realizó un dictamen en 2024 donde también se mostró contrario a que Defensa modificara el reglamento para restringir ese pase a los servicios especiales.
La querella describe un patrón común en la actuación ministerial: 1) Una denegación o silencio administrativo a los que solicitaban los servicios especiales; 2) Cómo el afectado se veía obligado a pedir la excedencia para no perder su contrato en la OTAN; 3) Cómo el afectado interponía un recurso contencioso-administrativo; 4) El tribunal daba la razón reiteradamente a los recurrentes; y 5) Defensa insistía en mantener su criterio y seguir denegando el pase a servicios especiales pese a las numerosas sentencias firmes en contra.
Según la querella del despacho de Suárez-Valdés, estas denegaciones «son arbitrarias, contrarias a la ley y dictadas a sabiendas», lo que implicaría un delito de prevaricación, en su modalidad continuada por haberse reiterado en el tiempo y en múltiples ocasiones. Además, la posición de la subsecretaria para «impedir el ejercicio de este derecho legal» y forzar soluciones perjudiciales, o sea, excedencias para los que quisieran mantener su puesto en la OTAN constituiría un delito de coacciones, siempre según los denunciantes. La querella está pendiente de que se admita a trámite.
Este periódico intentó recabar durante el miércoles una versión o una opinión del Ministerio de Defensa al respecto, sin que hubiera llegado ninguna respuesta al cierre de esta edición.