La Guardia Civil ha comenzado a aflorar un presunto cohecho de en torno a los cuatro millones de euros desde la empresa Forestalia en favor del ex consejero de Medio Ambiente en los Gobiernos del PSOE en Aragón entre 2002 y 2011, Alfredo Boné, y dos estrechos colaboradores, según ha podido confirmar EL MUNDO.
Los cuatro millones supondrían, según fuentes judiciales consultadas por este diario, el presunto pago a Boné, a su ex viceconsejero Luis Marruedo, y a su ex jefa de gabinete, Ana Cristina Fraile, a cambio de supuesto trato de favor a Forestalia durante sus años en torno a la Administración regional: Boné dejó de ser consejero en 2011, pero siguió siendo diputado regional hasta 2015, cuando abandonó la política y comenzó a colaborar precisamente con el gigante aragonés de las energías renovables, según se ha publicado.
Boné, Marruedo y Fraile fundaron en enero de 2015 la mercantil Viadós, que vendieron a Forestalia en noviembre de 2018 por una cantidad que oscila entre los cuatro y los 4,5 millones de euros. La investigación judicial, apoyada en el informe de la Guardia Civil (realizado por la rama de Medio Ambiente de la Unidad Central Operativa, UCO), cree que en realidad Forestalia compraba la compañía, una «microempresa» prácticamente sin fondo de negocio, aseguran, con un notable sobreprecio, y que el dinero pagado por el gigante de Fernando Samper era en realidad un pago legalizado a los tres ex políticos por servicios de otro tipo. Ellos lo niegan terminantemente.
Viadós prácticamente sólo había tenido vínculo comercial con Forestalia durante esos casi tres años de andadura, y vinculados a Forestalia siguieron trabajando los tres una vez le vendieron la mercantil a Samper, según lo publicado -Boné se desvincularía poco después-. Los investigadores sospechan incluso que la sociedad se creó en 2015 directamente con el objetivo prioritario de ser un vehículo para el posterior soborno en 2018.
El entorno de los tres ex políticos mantiene a este diario lo contrario. Señalan que el precio de venta fue «absolutamente ajustado» al valor real de la sociedad, que entonces tenía «28 empleados» y que «llevaba casi toda la tramitación de Forestalia», que se llevaba «un 80%» de su volumen de negocio. «Lo que quería Forestalia es que Viadós trabajara sólo para ellos», aseguran estas fuentes.
Sin embargo, el juzgado de Instrucción 1 de Teruel pidió a la Guardia Civil que estudiara la compra en julio pasado, en el curso de las pesquisas acerca de posibles tratos de favor hacia Forestalia en torno al megaproyecto eólico del Clúster del Maestrazgo, el más grande de España en curso en estos momentos, con una previsión de hasta 200 molinos de viento en una zona de gran valor ambiental. Las pesquisas judiciales, en marcha desde 2023, fueron derivando hacia posibles tratos de favor hacia Forestalia desde la Administración regional.
Boné, histórico dirigente del Partido Aragonés Regionalista (PAR), fue consejero de Medio Ambiente de Aragón entre 2002 y 2011, en los mandatos de Marcelino Iglesias (PSOE). Ana Cristina Fraile fue su jefa de gabinete durante ese tiempo, y Luis Marruedo fue viceconsejero de 2007 a 2011. En Aragón siempre se censuró su salida de la política y su vínculo desde mediados de la década pasada en Forestalia como un ejemplo de presunta puerta giratoria hacia un sector boyante, rebosante de dinero y en plena expansión: el de las energías renovables, el llamado oro verde. Ahí se dirige ahora la investigación del juzgado turolense, sostenida por la acusación de Teruel Existe, a la que se ha adherido posteriormente Vox.
Los agentes han detectado que «desde el mismo día de su fundación» Viadós tuvo «un acuerdo con la mercantil Forestalia Renovables SLU», y han evidenciado no hallar «otros clientes» de la firma de Boné, Fraile y Marruedo en esos primeros años de andadura. Han solicitado información a la compañía para concretar su ausencia de negocio real en esa época, antes del desembolso por parte de Samper. Ninguno de los tres ex políticos vinculados a Viadós está, por el momento, imputado en la causa.
Noticias recientes han apuntado a presuntas maniobras de Forestalia para lograr tratos de favor en las declaraciones de impacto ambiental de sus proyectos. EL MUNDO publicó en diciembre que funcionarios de la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica de la época de Teresa Ribera han denunciado que su máximo responsable de entonces les presionaba para dar luz verde a proyectos de la empresa que ellos, con la ley en la mano, veían inviables. Y cómo él mismo, que a su jubilación obtuvo un contrato político a dedo por parte de la Secretaría de Estado de Energía, acaparó todos los expedientes y los fue aprobando de forma plenipotenciaria.
Este diario ha contado también cómo el director de Industria en la Subdelegación del Gobierno de Zaragoza fue despedido en 2018, el mismo año de la venta de Viadós, por presuntamente negarse a tramitar dos proyectos de esa empresa. La Justicia le dio luego la razón al alto funcionario, que aseguró a EL MUNDO haber recibido presiones incluso desde Madrid.
La UCO central registró en diciembre pasado las oficinas de la firma en Zaragoza en el curso del Caso Leire, por presuntas irregularidades en contratos y adjudicaciones públicas.
La nómina de ex políticos vinculados a Forestalia, según se ha publicado, incluye a José Manuel Soria, ex ministro de Industria con el PP, y a otros antiguos cargos públicos del PAR e incluso de Convergencia i Unió.
En orden a la publicación de esta noticia, este diario se ha puesto en contacto con Forestalia, que no ha hecho comentarios.