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El administrador de la infraestructura ferroviaria encarga a Audiwork y AGM Abogados que preparen informes periciales para cuantificar los daños sufridos por el llamado cártel ferroviario, integrado por 15 empresas a las que la CNMC sancionó con 118 millones de euros en 2019.
Adif avanza para reclamar los daños patrimoniales sufridos por el denominado cártel ferroviario. El administrador de la infraestructura ferroviaria ha adjudicado el contrato para la elaboración de los informes periciales que se encargarán de analizar y cuantificar estos daños a una UTE conformada por la firma de auditoría Audiwork y el bufete AGM Abogados.
La adjudicación se produce en plena investigación por el accidente de tren de Adamuz (Córdoba), un incidente que ha generado polémica por el estado de las vías y ha puesto en entredicho la actuación de las compañías encargadas del mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias.
La unión entre Audiwork y AGM Abogados ha presentado la oferta más atractiva, que ha superado a las presentadas por Alvarez & Marsal, Auren y otra unión entre Consultora Alomon y Fideres. La oferta ganadora, que asciende a 617.100 euros incluyendo impuestos, fue la más económica de todas las que concurrieron.
De hecho, la propuesta de Audiwork y AGM Abogados incurrió en presunción de anormalidad por su bajo importe y tuvo que ser justificada por ambas firmas. Entre otros motivos, pusieron en valor la ligereza de su estructura de costes fijos y la experiencia ambos equipos, que ya vienen realizando diversos trabajos para Adif en los últimos años.
El proceso abierto por Adif excluía a cualquier firma que hubiera reclamado contra los intereses de la compañía en los últimos años, así como a aquellos despachos de abogados que tuviesen alguna relación con las empresas integrantes del cártel.
Cártel ferroviario
Por lo tanto, el administrador de la infraestructura ferroviaria encarga a Audiwork y AGM Abogados que preparen informes periciales para determinar el volumen económico de las demandas que prevé plantear para reclamar una indemnización por el llamado cártel ferroviario.
En 2019, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó a un total de 15 empresas por repartirse de manera ilícita los concursos públicos convocados por Adif para la construcción y mantenimiento de infraestructuras ferroviarias para las líneas de tren convencional y alta velocidad.
Las empresas sancionadas crearon varios cárteles en las licitaciones del AVE y del tren convencional, por las que recibieron una multa de 118 millones de euros. Entre ellas, se encuentran compañías como Siemens, Elecnor, Alstom e Indra.
Adif había abierto en 2021 el proceso de licitación para elegir un asesor externo que cuantificase el perjuicio generado por estas empresas, pero poco después este proceso se paralizó hasta que se resolviesen los recursos presentados por las compañías contra las resoluciones de la CNMC.
La Audiencia Nacional confirmó en abril de 2024 la existencia de tres cárteles entre empresas del sector ferroviario que, durante 14 años, se repartieron de manera ilícita más de 1.000 millones de euros en alrededor de 250 contratos de Adif para la construcción y mantenimiento de los sistemas de electrificación y electromecánica tanto de los trenes convencionales como de alta velocidad.
El primero de estos cárteles tiene que ver con la electrificación del AVE. Según la CNMC, trece empresas adoptaron acuerdos para el reparto de 24 licitaciones para la construcción y mantenimiento de la electrificación del AVE desde 2008 hasta 2016. El importe total de los contratos adjudicados al cártel ascendía a 837 millones de euros.
El segundo, creado para la electrificación del tren convencional, operó entre 2002 y 2016. Las diez empresas que crearon este cártel adoptaron acuerdos en relación con, al menos, 239 licitaciones, de las que 173 resultaron finalmente adjudicadas y ganadas por empresas del cártel, con un importe total repartido entre las empresas de 134 millones de euros.
Por último, el tercer cártel surgió para el reparto de concursos públicos y de un concurso privado para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de equipos electromecánicos en las líneas de alta velocidad entre 2013 y 2015. Alstom e Indra acordaron en varias ocasiones el reparto de licitaciones de menor cuantía o complejidad, unas prácticas a las que se sumó Elector en 2015.
El proceso de licitación se reactivó tras la resolución de la Audiencia Nacional, que al mismo tiempo ordenó una rebaja de las sanciones. De las 15 multas impuestas, consideró que sólo cinco debían mantenerse íntegras. Entre ellas, la de 16,8 millones para Siemens y la de 8,8 millones para Alstom.
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