- Sánchez comparecerá en el Pleno del Congreso el 3 de septiembre por la crisis en Ceuta
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Sánchez vive su momento de mayor desgaste y debilidad. La grave crisis de Ceuta, el impacto de los incendios, el 'tsunami' judicial que se avecina, la falta de Presupuestos y el decisivo ciclo electoral marcan la recta final de la legislatura.
Más de ocho años consecutivos de gobierno suelen pasar, de por sí, una abultada factura en términos de desgaste político y social. Pero ese impacto es mucho mayor si el Ejecutivo, instalado en la debilidad parlamentaria desde su alumbramiento, convierte la permanencia en el poder en un fin en sí mismo a través de una huida hacia adelante que se plasma en continuas y cada vez mayores cesiones al independentismo y a los socios minoritarios; en una estrategia de polarización y fractura con la oposición, a la que poco menos que se le quiere negar el derecho a la alternancia; o en un lento pero inexorable proceso de deterioro institucional, que alcanzó una especial y preocupante significación con la polémica frase de Pedro Sánchez de gobernar "con o sin concurso del poder legislativo"; esto es, a espaldas del Congreso.
Si a esto se añaden las múltiples crisis de origen exógeno y endógeno que ha sufrido el país en los últimos años (Covid, guerra en Ucrania, conflicto en Oriente Próximo...), y las sobrevenidas en los últimos meses (incendios estivales cada vez más devastadores, una crisis en Ceuta sin precedentes...), cuya controvertida gestión ha profundizado en la erosión de las costuras políticas y sociales, o la batería de escándalos y corrupción que acorralan a Sánchez en lo personal, lo político y lo institucional, y cuyos tentáculos se extienden cada vez más, el resultado es un polvorín. O, si se prefiere, el inicio más tenso, crispado e incierto que se recuerda de un nuevo curso político y económico.
Un periodo crucial para el futuro de España teniendo en cuenta que en mayo de 2027 se celebrarán elecciones municipales y autonómicas y, antes de finales de agosto, salvo adelanto, los comicios generales que Sánchez se ha empeñado en retrasar a pesar de su minoría parlamentaria o de la continuada falta de Presupuestos.
Ceuta, mucho más que una crisis migratoria
Lo que el Gobierno insiste en delimitar como una grave crisis migratoria ha sido, desde el principio, mucho más que eso ante la irrupción masiva e ilegal en Ceuta de unas 80.000 personas procedentes de Marruecos, con al menos la anuencia de sus autoridades. Una invasión en toda regla y una "violación de la integridad territorial" de España, como denunció el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (aunque culpó de ello a las mafias), a cuyas palabras no siguió después una estrategia coherente, sino la clamorosa ausencia del propio jefe del Ejecutivo, al que se criticó que no interrumpiera sus vacaciones en La Mareta (Lanzarote), sustituyendo su presencia por el desfile de varios de sus ministros por la ciudad autónoma sin ofrecer una respuesta eficaz a la crisis. De hecho, casi un mes después de la invasión, aún permanecen en Ceuta unos 8.000 migrantes ilegales (unos 6.000 adultos y alrededor de 2.000 menores), generando graves problemas de tensión social, sobrecarga sanitaria y un creciente temor al estallido de un crisis social y de salud pública.
En el foco de la UE. Todo ello entre fuertes presiones de la UE para que ni uno solo de esos migrantes irregulares dé el salto a la península, aunque el Gobierno, criticado con dureza en Europa por sus polémica regularización masiva, trabaja ya en el traslado de varios cientos de menores que deberán ser acogidos por las comunidades autónomas, y entre airadas reclamaciones de Marruecos sobre su inexistente "derecho histórico y geográfico" sobre Ceuta y Melilla.
Mientras, el Ejecutivo español insiste en responder con sorprendente tibieza a lo que muchos consideran provocaciones del Reino Alauí, al que sigue defendiendo como un socio "fiable". El nuevo curso arrancará con esta crisis en plena efervescencia y en un contexto en el que ya no es solo la oposición la que ha denunciado la pasividad, o incluso el abandono, de Ceuta por parte del Gobierno central, sino que también se ha producido un creciente clamor entre las propias filas socialistas. No fue hasta el pasado martes, 25 de agosto, casi un mes después del estallido de la crisis, cuando Sánchez puso fin a su descanso estival, convocó el Consejo de Seguridad Nacional para abordar la dramática situación de la ciudad autónoma y decretó el mando único, algo que Ceuta le llevaba pidiendo desde hace semanas.
Y no será hasta este jueves día 3 cuando comparezca en el Congreso para dar explicaciones, aunque su intención era hacerlo el día 9, algo que la oposición e incluso algunos de sus socios consideraron demasiado tarde, forzando su adelanto. Mientras, varios de sus ministros, que dieron plantón al Senado menospreciando su labor representativa e institucional, comparecieron ante el Congreso la semana pasada, dejando constancia de la fuerte división que existe en el seno del Ejecutivo. De hecho, la ministra de Defensa, Margarita Robles, dejó en evidencia al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al asegurar que el CNI sí advirtió de la amenaza que se cernía sobre Ceuta, algo que Marlaska siguió negando. Es, sin duda, la mayor patata caliente a la que se enfrenta el Ejecutivo en su accidentada reentré. Pero no la única.
El drama de la España carbonizada
Pese a la traumática experiencia de años anteriores, la clase dirigente sigue tropezando una y otra vez en la misma piedra: la falta de prevención y de coordinación entre Administraciones, entre Estado y territorios, para evitar que, cada verano, los incendios carbonicen media España, en el marco de una tendencia que es cada vez más devastadora. Solo entre enero y el 19 de agosto se calcinaron en España cerca de 300.000 hectáreas, más del 48% de la superficie quemada en toda la UE (que hasta esas fechas sumaba 616.000 hectáreas), erigiéndose en el segundo país del bloque con más incendios hasta ese momento, solo por detrás de Italia.
A pesar de ello, las labores de extinción de los incendios se vieron acompañadas, y enturbiadas, una vez más por su uso como munición política, con un cruce constante de críticas, dardos y acusaciones entre la Administración central y los gobiernos autonómicos. El balance estival para el medio rural español y muchas poblaciones próximas es desolador, lo que, sin duda, debería tener implicaciones políticas, aunque la grave crisis de Ceuta haya acabado relegando los incendios a un segundo plano.
'Tsunami' judicial en el horizonte
Aunque el curso anterior concluyó con dos fuertes reveses judiciales para el PSOE y el entorno de Pedro Sánchez, con la condena de José Luis Ábalos a 24 de años de cárcel por parte del Tribunal Supremo por el caso mascarillas, y la inhabilitación durante nueve años para cargo público del hermano del presidente, David Sánchez, por la Audiencia Provincial de Badajoz, lo peor del tsunami judicial que se cierne sobre el sanchismo está aún por llegar, alimentando esa creciente atmósfera de fin de etapa.
Y es que en el horizonte se perfilan todavía seis grandes procesos: la trama sobre las supuestas "cloacas" del PSOE, donde, además de la presunta 'fontanera' Leire Díez, figuran nombres como el de Santos Cerdán o el del expresidente de la Sepi Vicente Fernández; el juicio a Begoña Gómez ante un jurado popular, que arrancará en septiembre, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, o el caso Plus Ultra, que afecta de lleno al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. A ellos se añaden otros tres casos que, en realidad, son ramificaciones del caso Koldo y que afectan a la financiación del PSOE, a los presuntos amaños de contratos de obras públicas, y a los coletazos del caso mascarillas. Una apretada e intensa agenda judicial que pende como una gran espada de Damocles sobre el sanchismo.
Presupuestos, quita de deuda y financiación autonómica
Acorralado por los procesos judiciales y con los apoyos parlamentarios más en el aire que nunca, entre los pocos cartuchos que le quedan a Pedro Sánchez para intentar sostener el respaldo de sus socios en lo que resta de legislatura están la prometida condonación de deuda autonómica y avanzar en la reforma de la financiación autonómica, un traje diseñado a la medida de Cataluña pero con el que el Ejecutivo busca también seducir a otras CCAA prometiendo 21.000 millones de euros adicionales a las autonomías del régimen común (País Vasco y Navarra tiene su propio concierto económico).
Sánchez gobierna con los Presupuestos de 2023 prorrogados y en 2024, 2025 y 2026 ni siquiera presentó borrador de las Cuentas Públicas, incumpliendo así sistemáticamente su obligación constitucional. Ahora, insiste en que sí presentará proyecto presupuestario para 2027 (también reiteró lo mismo en 2026, pero finalmente incumplió) y que lo hará con la voluntad de aprobarlo. Pero una cosa son los deseos y otra muy distinta la realidad, y lo cierto es que Juntsya tumbó a mediados de julio la senda de déficit, primer paso para la confección de las Cuentas, a pesar de que el Gobierno puso sobre la mesa un gasto récord de 226.032 millones de euros. Si los neoconvergentes insisten en su rechazo, los PGE volverían a estar condenados al naufragio.
La amnistía de Puigemont
Junto a la quita de deuda autonómica (más de 83.000 millones de euros, que irían a engrosar el pasivo de las arcas del Estado) y la reforma del sistema de financiación (la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera está previsto para el próximo 4 de septiembre), otra de las principales bazas del Gobierno para intentar vencer las reticencias de Junts y sacar así adelante unos nuevos Presupuestos que necesita como agua de mayo es la previsible aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont. El líder de Junts en la distancia y hasta la fecha prófugo de la Justicia, ha visto la puerta abierta a su perdón y a su posible retorno a Cataluña tras el aval del Tribunal de Justicia de la UE a la controvertida ley de amnistía del Gobierno.
El pospuesto decreto sobre vivienda
Ante la falta inicial de acuerdo con sus socios para sacarlo adelante en julio, el Gobierno aplazó hasta septiembre el intento de aprobación de su nuevo decreto de vivienda, que añade nuevas y mayores dosis de intervencionismo en el mercado. De un lado, plantea una prórroga obligatoria de hasta dos años en los alquileres para aquellos inquilinos cuyos contratos vencen de aquí al 30 de junio de 2028. Y de otro, contempla incrementar hasta el 21% el IVA de los pisos turísticos, hasta ahora exentos salvo en aquellos casos en los que hay servicios de limpieza, que pagan el 10%.
A ello se añade un claro endurecimiento del régimen sancionador en lo que atañe a la publicidad de los pisos turísticos en plataformas digitales, con lo que se persigue desincentivar este tipo de alquiler. Antes del verano, Junts ya mostró su rechazo al texto por no incluir medidas de protección para los pequeños propietarios, mientras que Podemos exigió, para respaldarlo, retirar del decreto la reforma de la ley del suelo.
Registro horario, SMI, reducción de jornada...
Con el nuevo ciclo electoral la las puertas, los miembros del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, tienen sus propios objetivos y prioridades ante la pelea que se avecina por el favor del votante de izquierdas. Entre las cuestiones de peso que aún están en el tintero para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, figuran la nueva revalorización del SMI para 2027 (aunque compartida con los socialistas); el hasta ahora infructuoso propósito de endurecer el control telemático del registro horario, sobre el que el ala socialista del Ejecutivo no oculta sus reservas, o la también frustrada pugna por la reducción de jornada hasta las 37,5 horas semanales, uno de los principales puntos de su pacto de Gobierno pero con muy pocos visos de prosperar.
A ello se añade el Estatuto del Becario, ahora atascado en el Congreso en la fase de ampliación de enmiendas, o la polémica iniciativa para que los representantes de los trabajadores tengan presencia en los consejos de administración de las empresas. PSOE y Sumar (también Podemos) pescan en el mismo caladero de votos y cuando la campanas electorales tocan a rebato, los aliados se convierten en rivales en las urnas.
Una agenda electoral intensa y decisiva
Y la agenda electoral que se perfila en 2027 es muy intensa y decisiva para determinar cuál será el rumbo futuro del país. La primera gran prueba de fuego serán los comicios municipales y autonómicos que se celebrarán el 23 de mayo. Aunque Extremadura y Aragón se salieron meses atrás del calendario habitual al anticipar sus elecciones (las extremeñas se celebraron en diciembre de 2025 y las aragonesas en marzo pasado), buena parte del futuro del poder territorial se dirimirá a mediados del año que viene, cuando una docena de comunidades (incluidas las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla) convocarán a sus ciudadanos a las urnas: Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Baleares, Canarias, Murcia, Navarra, Asturias, Cantabria y La Rioja.
En 2023, el PP se hizo con la mayoría del control del poder territorial y las elecciones recientes (a las que en mayo pasado se sumaron las celebradas en Andalucía) han evidenciado el deterioro y la deriva de las opciones de izquierdas en beneficio del bloque de las derechas. Eso sí, un bloque conservador pujante pero a su vez claramente fragmentado ante el empuje electoral de Vox, que ha limitado el avance del PP y ha condenado a entenderse a los de Feijóo y Abascal en esas tres autonomías, pactos que pueden marcar la pauta de que lo que puede estar por venir en otras comunidades a partir de mayo de 2027.
Las generales, la gran cita
Los comicios territoriales serían la antesala del plato fuerte electoral de 2027: las elecciones generales. Si se tiene en cuenta que las anteriores se celebraron el 23 de julio de 2023 y que la actual legislatura arrancó poco después, el 17 de agosto de ese mismo año, la futura cita de los españoles con las urnas no podría demorarse más allá de mediados de agosto del año que viene... siempre que Pedro Sánchez no decida anticiparlas. En principio, el presidente del Gobierno ha negado en reiteradas ocasiones la posibilidad de un superdomingo electoral; esto es, hacer coincidir las generales con las municipales y autonómicas, aunque nunca se puede descartar un cambio de opinión.
Otras muchas iniciativas pendientes
Hasta entonces, el barco sanchista, con vías de agua por todas partes y que afronta un otoño tan tórrido como tormentoso, intentará llegar a esas citas en la mejor posición posible, lo que no se antoja nada fácil, y menos con el viacrucis judicial que tiene por delante. En este escenario, son muchas las iniciativas que podrían quedarse en el cajón de la legislatura, como la ley de Medicamentos, la reforma Antitabaco, el proyecto de Ley de Familias, o la norma para la protección de menores en entornos digitales. Y está por ver que prosperen pactos sellados entre el PSOE y Sumar como la reforma del Código Penal para derogar los delitos de injurias a la Corona y de ofensa a los sentimientos religiosos, o la derogación de la llamada Ley Mordaza.
El tiempo corre y las cuestiones pendientes son muchas. De hecho, se cuentan por decenas los proyectos de ley que se encuentran en el dique seco o en fase de enmiendas desde hace meses. Junto a las iniciativas ya mencionadas, están pendientes medidas tan relevantes como la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, un proyecto de ley sobre las retribuciones del sector público, u otro sobre la mejora de la protección al desempleo.... y así un largo etcétera.
Nadie duda de que Sánchez utilizará toda las armas a su alcance para intentar apuntalar su precaria situación y recuperar la iniciativa política. El temor de los analistas políticos es que eso suponga tensar aún más las ya de por sí tirantes costuras institucionales en un escenario en el que la polarización, la crispación y la confrontación han ido in crescendo en el ámbito político, contagiándose al social.
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