El acuerdo firmado por PP y Vox para permitir la investidura de Jorge Azcón en Aragón no guarda demasiadas diferencias con el publicado hace una semana para el desbloqueo de la gobernabilidad en Extremadura. Ambos escritos dedican varias páginas al apartado de la Inmigración, sin esconder que son prácticamente idénticos en su contenido. Así queda registrada la importancia de la aplicación de la "prioridad nacional" para el acceso a las ayudas sociales y los esfuerzos que el futuro gobierno autonómico dedicará al reconocimiento (100.000 euros anuales estarán reservados para la verificación de la edad) y repatriación de inmigrantes ilegales.
De este modo, ambas partes se aseguran de que el motivo de ruptura de su anterior coalición (la permisión de la acogida de menores migrantes no acompañados) no será un problema en esta ocasión, porque, como ha detallado Alejandro Nolasco, ahora "vamos a demostrar cómo podemos evitar lo que antes parecía inevitable". Además, a esta cuestión se suman otras medidas relacionadas, como la supresión de subvenciones a ONG "que incentiven el efecto llamada", la reducción de gastos y plazas en los centros de acogida o la prohibición del uso del burka y el niqab en espacios públicos. Nada nuevo en el contexto de la reciente sintonía entre los equipos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.
Sin embargo, donde sí existen novedades es en el ámbito de la Educación. En este apartado, el acuerdo propone medidas aplicables tanto a nivel regional como nacional, con el establecimiento de una Prueba de Acceso a la Universidad única para todo el país como buen ejemplo de ello. Además, a nivel puramente aragonés, el nuevo Ejecutivo impulsará la concertación progresiva del bachillerato, lo que ha generado una gran polémica entre los partidos de izquierdas en las últimas semanas, o la inclusión de la Historia del Terrorismo en España como materia a partir del curso 2027/2028.
También dedican un apartado llamado la lucha contra el "adoctrinamiento", en el que buscan "librar a Aragón de la imposición del catalán", a través de la reforma de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. Esta medida, de gran calado en un territorio donde existe una gran diversidad dialéctica, se une a la supresión del Instituto Aragonés del Catalán, dedicado a velar por el mantenimiento de la misma. La eliminación de un idioma que utiliza de forma fluida el 4% de la población de la comunidad autónoma es un punto en el que Azcón y Vox siempre se han mostrado de acuerdo, a pesar de las numerosas críticas que los diputados de la derecha dura han vertido sobre el barón zaragozano por defender la libertad de educación lingüística.
Del mismo modo, el acuerdo establece la derogación de "leyes ideológicas", entendiendo como tales a "aquellas disposiciones normativas que supongan un menoscabo de la libertad o respondan a planteamientos de carácter ideológico", al tiempo que "se impulsará la eliminación o reorientación de los organismos, entes o estructuras administrativas vinculadas a dichos fines o que resulten superfluos".
Más allá de estos apartados, el resto de las medidas incluidas en el documento de 39 páginas (por la 23 de Extremadura) difundido por los equipos de ambos partidos atienden, principalmente, a singularidades propias de la comunidad autónoma. En este cajón de sastre se incluyen acciones como "el impulso a las redes eléctricas como palanca para la industria y la vivienda", "el fomento de la nieve" o el "consolidar a Aragón como el polo estratégico de España en centros de datos". Además, afronta compromisos como la reducción de impuestos, el blindaje del sector primario (tan importante en el ideario de Vox), la finalización de las obras del Pacto del Agua o la construcción de 4.000 viviendas públicas durante el desarrollo de la legislatura.
El cumplimiento de todas estas disposiciones se verá permitido gracias al compromiso de aprobación de los siguientes cuatro presupuestos autonómicos. "No tengo una bola de cristal para saber lo que va a pasar de aquí a los próximos cuatro años, pero vamos a tener fe y esperanza y vamos a trabajar para llevar a buen puerto todas estas medidas", se ha responsabilizado Alejandro Nolasco.