El desplome de las ventas de vino castiga a la empresa, que a finales de 2024 ya negoció un primer plan de reestructuración con sus acreedores.
La histórica compañía Bodegas Riojanas, empresa centenaria y cotizada en Bolsa desde 1997, atraviesa una situación crítica. El grupo dedicado a la producción y comercialización de vino negocia para cerrar el que sería su segundo plan de reestructuración en poco más de un año, con el fin de superar sus dificultades.
La compañía propietaria de marcas como Monte Real o Viña Albina ha iniciado negociaciones con sus principales acreedores para alcanzar un acuerdo que garantice su viabilidad a largo plazo y la continuidad de sus operaciones, según ha acordado por unanimidad su consejo de administración y ha comunicado la propia compañía a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores).
El desplome generalizado de las ventas de vino está lastrando a la compañía, que ya cerró un acuerdo con el 99% de sus acreedores a finales de 2024 para reordenar el vencimiento de sus préstamos. Aquel plan de reestructuración fue cerrado en noviembre de 2024 y homologado por el juzgado de primera instancia número 6 de Logroño en enero de 2025.
Apenas un año más tarde, las perspectivas no han mejorado para el grupo, que tratará de renegociar por segunda vez las condiciones con sus acreedores. La compañía con sede en Cenicero (La Rioja) registró pérdidas de 1,9 millones de euros en 2024.
La deuda de Bodegas Riojanas ya se eleva por encima de los 26 millones de euros. Entre sus acreedores, se encuentran las principales entidades financieras del país, como Banco Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell. También figuran otros bancos como Unicaja, Abanca, Kutxabank e Ibercaja.
Negociaciones abiertas
Tras la comunicación a la CNMV, la compañía dispone de un periodo mínimo de tres meses para negociar con sus acreedores, un proceso durante el que puede mantener su actividad ordinaria.
No obstante, las dificultades financieras que atraviesa la compañía han provocado que hace dos semanas anunciase un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causas productivas para buena parte de su plantilla, que se prolongará durante cuatro meses y afecta a trabajadores de producción y administración.
Meses atrás, en noviembre del año pasado, llevó a cabo una ampliación de capital de 8 millones de euros para reforzar su estructura financiera ante los inminentes vencimientos de una deuda que ahora pretende renegociar.
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