Un informe elaborado para la Comisión Europea propone reformar un modelo fiscal de 1977 que fomenta la ineficiencia y fragmenta el mercado único.
El actual marco fiscal aplicado al sector financiero europeo, diseñado originalmente en 1977, ha quedado obsoleto ante la digitalización, según concluye un estudio elaborado por un consorcio liderado por Syntesia para la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea (DG TAXUD). El informe revela que la exención del IVA al sector, justificada históricamente por la dificultad de calcular la base imponible sobre márgenes de tipos de interés y otros cargos implícitos, genera graves distorsiones económicas y una brecha de política fiscal que en 2023 ascendió a 52.200 millones de euros, equivalente al 4,4% de los ingresos totales por IVA en la Unión.
El principal problema radica en el "IVA oculto". Al estar exentos de IVA, los proveedores de servicios financieros no pueden deducir el impuesto soportado en sus compras. En 2023, la obligación total por IVA del sector se estimó en 72.400 millones de euros, de los cuales solo 12.200 millones correspondieron al consumo final de los ciudadanos; los restantes 54.000 millones de euros -el 83,1% del total- fueron IVA no recuperable sobre los insumos adquiridos por las propias entidades, frente al 33,5% registrado en el conjunto de la economía. El tipo medio del IVA en transacciones B2C es del 6,5%, mientras que la carga del IVA oculto en operaciones B2B y B2G es del 4,5%. Esto penaliza la modernización al encarecer la externalización de servicios tecnológicos como plataformas de pago o soluciones fintech, incentivando de forma artificial la producción interna o los grupos de IVA nacionales en detrimento de la innovación y la productividad sectorial.
A la complejidad del IVA se suma una fragmentación regulatoria notable. Para compensar la falta de recaudación directa, los Estados miembros aplican 92 medidas fiscales sectoriales distintas, que van desde impuestos sobre primas de seguros hasta tasas sobre transacciones financieras o gravámenes sobre beneficios excepcionales. Esta amalgama tributaria genera unos ingresos anuales de 82.000 millones de euros (de los cuales 54.000 millones proceden del seguro), pero fragmenta el mercado único y genera elevados costes de cumplimiento burocrático, estimados en 1.300 millones de euros anuales para la gestión del IVA y otros 870 millones de euros para los impuestos específicos. Curiosamente, el estudio destaca que el sector financiero no constituye una fuente significativa de fraude fiscal, vinculándose las incidencias principalmente a discrepancias técnicas de clasificación.
Para corregir estas ineficiencias, el informe plantea tres posibles vías de reforma. La primera propone mantener la exención pero simplificar las reglas de deducción y actualizar las definiciones legales en áreas como criptoactivos, derivados y pasarelas de pago. La segunda busca mitigar el IVA oculto facilitando los grupos de IVA transfronterizos y la opción voluntaria de tributar por IVA en toda la UE, permitiendo la deducción en el segmento empresarial. La tercera opción aboga por reformas estructurales, como eliminar la exención para servicios remunerados mediante comisiones o tarifas fijas (fórmula viable ya ensayada por varios países de la UE y de fuera de ella) o introducir un Impuesto sobre las Actividades Financieras (FAT) combinado con un tipo cero de IVA y la supresión de las tasas nacionales.
Necesidad de consenso
El estudio concluye que el argumento técnico de 1977 ya no es plenamente válido y que una reforma es viable. No obstante, advierte de que cualquier cambio estructural requerirá consenso y una cuidadosa ponderación política, pues los beneficios de una mayor neutralidad fiscal deberán equilibrarse frente al impacto en la recaudación pública de los gobiernos y el coste final para los consumidores en el marco de estrategias comunitarias.
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