- JUANDE PORTILLO @JuandePortillo
El servicio de estudios de la patronal comparte la inquietud de S&P o Fedea de que inyectar 21.000 millones más a las regiones lastre inversiones clave, en particular en el ámbito militar en plena escalada de las tensiones geopolíticas.
El Gobierno central acaba de proponer un histórico trasvase de la recaudación de impuestos a las comunidades autónomas como fórmula para resolver el problemático sudoku de la financiación regional. El movimiento, cuyas consecuencias presupuestarias ya han despertado la inquietud de analistas y académicos en los últimos días, suscitó ayer las críticas desde el ámbito empresarial, donde CEOE manifestó su temor por el riesgo de que el modelo lastre la inversión pública en Defensa en plena carrera por el rearme europeo y ante el auge de nuevas tensiones geopolíticas.
La propuesta que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trasladó el miércoles a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) -suscitando el rechazo generalizado de todas menos Cataluña- pasa por inyectar 21.000 millones de euros adicionales de las arcas públicas del Estado a las regiones del régimen común. El movimiento se sustenta, fundamentalmente, en el incremento de los ingresos impositivos cedidos a los territorios en el IRPF, pasando del 50% al 55%, y el IVA, escalando del 50% al 56,5%.
Semejante pérdida de recursos por parte de la Administración Central amenaza con dejar "desprotegidas" inversiones clave como "el gasto en Defensa", advirtió ayer Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y presidente y el Director General del Instituto de Estudios Económicos (IEE).
Actualmente, explicó Fernández de Mesa, "el 90% del gasto se va en pensiones, transferencias a las comunidades autónomas, intereses de la deuda y, ya luego, en el pago de las prestaciones de desempleo o el Ingreso Mínimo Vital, por lo que queda menos de un 10% para inversiones y resto de gastos". "Si reducimos la capacidad de recaudación por parte de la Administración central, estamos desprotegiendo estos gastos. La deuda pública o las pensiones son gastos fundamentales y la única palanca que nos queda si hubiera que ajustar son las inversiones y por tanto quedaría también muy desprotegido el gasto en defensa", desarrolla.
Los riesgos presupuestarios del nuevo modelo de financiación autonómica acordado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, ya habían sido subrayados en los últimos días por S&P Global. La agencia de calificación crediticia advirtió que la transferencia de 21.000 millones de la Administración central a las regiones, en pleno auge del gasto militar y en pensiones, amenaza con acabar elevando el déficit público del Estado.
En la misma línea se manifestó el miércoles la Federación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que señaló que la mayor cesión de impuestos a las autonomías "dejará al Estado con muy poco margen presupuestario en un momento en el que las presiones sobre sus recursos son cada vez más fuertes debido, entre otras cosas, a las mayores necesidades de gasto en Defensa y el creciente déficit contributivo de la Seguridad Social".
La disrruptiva iniciativa de Hacienda choca diametralmente con el llamamiento a la certidumbre y la estabilidad normativa necesaria para desarrollar la industria militar española que hizo ayer el IEE, centro de estudios de CEOE, en la presentación del documento La industria de seguridad y defensa en España ante los desafíos geopolíticos y económicos actuales. El IEE defendió, concretamente, que "las Administraciones Públicas deben proveer una estrategia coordinada, así como un entorno regulatorio estable que garantice la sostenibilidad financiera de los proyectos empresariales y refuerce la eficacia y la competitividad de la política industrial en el horizonte del largo plazo".
En la presentación del documento además de Fernández de Mesa participaron Félix Arteaga , investigador principal del Real Instituto Elcano; Carlos Martí Sempere, experto en seguridad y defensa del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado; y Antonio Fonfría Mesa, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y Académico en la Academia de las Ciencias y las Artes Militares. Los expertos coincidieron en señalar la necesidad de desarrollar una auténtica estrategia de Defensa para el país ante las crecientes tensiones con Rusia y EEUU, criticando las condiciones en la que se ha llevado a cabo el rearme acelerado de 2025.
Después de todo, recuerda el IEE, las crecientes presiones de EEUU a sus socios de la Alianza Atlántica han obligado al país a acelerar la inversión pública en Defensa para pasar del 1,3% al 2,1% del PIB en este mismo ejercicio. Sin embargo, la ausencia de nuevos Presupuestos desde 2023 y la minoría parlamentaria de un Gobierno cuyos socios se niegan a apoyar el alza del gasto militar llevaron al ala socialista del Ejecutivo a articular los 10.500 millones de inversión adicional sin pasar por las Cortes. Es más, parte de los nuevos contratos se asignaron sin licitación pública, con el riesgo de "sobreprecio" para el contribuyente, denuncia Martí Sempere, o concentrando la mitad de los fondos en una sola compañía, Indra, estimó Fonfría, que defiende que la creación de un "campeón nacional" de la Defensa debe hacerse dándole tiempo a desplegar las capacidades que sean necesarias.
El pacto comercial con Trump, un mal negocioSánchez anuncia un "gran fondo soberano" para compensar el fin de las ayudas europeasEl Gobierno cede 'in extremis' a Euskadi las prestaciones de paro Comentar ÚLTIMA HORA