- RAÚL C. CANCIO FERNÁNDEZ
Defender Ceuta al socaire de la fecha de 1580 es defenderla con el argumento equivocado, uno que cualquier historiador puede matizar y cualquier propagandista puede instrumentalizar. Defenderla desde los derechos, la libertad y la dignidad de sus habitantes actuales es defenderla desde un terreno moral -y legal- mucho más firme, y también mucho más difícil de combatir.
Durante décadas, el discurso oficial y buena parte del debate público sobre Ceuta y Melilla ha recurrido a un argumento aparentemente sólido pero, en realidad, acentuadamente frágil: la antigüedad. Se insiste en que Ceuta es española desde 1580 (o portuguesa desde 1415, según se prefiera empezar a contar), que la presencia española es anterior a la propia existencia del Reino de Marruecos como estado moderno, y que por tanto la soberanía española tiene una legitimidad que se remonta más atrás que la de su vecino. Es un argumento históricamente cierto, pero políticamente inservible, y defenderlo como pilar central de la españolidad de estas ciudades es un error estratégico de primer orden.
El problema de fondo es que la historia, como argumento de legitimidad territorial, es un arma de doble filo que cualquiera puede blandir. Si la antigüedad de la ocupación fundamenta la soberanía, entonces toda frontera del mundo queda abierta a discusión perpetua, porque casi no existe territorio habitado que no haya cambiado de manos, de pueblo o de bandera en algún momento de los últimos dos mil años. Marruecos puede invocar, con la misma lógica, la presencia de reinos y dinastías norteafricanas anteriores a la llegada ibérica, o el hecho de que ambas ciudades pertenecen geográficamente al continente africano. España puede replicar con otros datos, y así sucesivamente, en un bucle historicista estéril porque la historia no ofrece veredictos, únicamente relatos. Construir la legitimidad de Ceuta sobre esa base es aceptar jugar una partida sin reglas ni final posible, y que además desplaza el debate hacia el terreno donde el reclamante tiene más margen retórico: el de un pasado remoto, manipulable, reinterpretable, siempre disponible para nuevas lecturas nacionalistas.
Hay, además, un problema moral en apelar solo a la historia, que es el de convertir a los habitantes actuales de la ciudad autónoma en meros herederos de una gesta ajena, en depositarios pasivos de una bandera plantada hace cinco siglos, en lugar de reconocerlos como sujetos políticos con derechos propios en el presente. Exactamente el mismo error que cometen los nacionalismos al fetichizar el territorio por encima de las personas que lo habitan.
El argumento imbatible, el que realmente sostiene la españolidad de Ceuta de forma moralmente robusta, va en otro sentido muy diferente. Hoy viven allí decenas de miles de personas -españolas, musulmanas y cristianas, amaziges, hebreas e hindúes- que son ciudadanos de pleno derecho de un estado democrático y de una unión de naciones libres. Tienen derecho al voto, a la libertad de expresión, a la educación pública, a un sistema judicial independiente, a la sanidad universal, a la igualdad ante la ley con independencia de su nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Son, en definitiva, ciudadanos europeos, con todo lo que ese estatuto acarrea en términos de derechos y libertades consolidados durante décadas de democracia.
Ceder Ceuta a Marruecos, o simplemente debilitar la legitimidad de la reclamación española sobre ella, no sería un mero ajuste cartográfico ni una cuestión de orgullo histórico herido. Sería transformar de la noche a la mañana a decenas de miles de ciudadanos en súbditos de un régimen que, pese a sus reformas recientes, sigue siendo una monarquía ejecutiva sin separación de poderes real, con la libertad de prensa está fuertemente restringida, en el que la disidencia política puede acarrear prisión, que adolece de sistema judicial independiente y donde el islam es religión de Estado con consecuencias legales directas para quienes no lo profesan o para quienes se apartan de él.
Sistema de libertades vs régimen autoritario
El contraste no es entre dos naciones con vindicaciones históricas superpuestas, lo es entre un sistema de libertades civiles consolidado y un régimen autoritario de corte teocrático. Ese es el verdadero eje del debate, y es el que la defensa historicista de Ceuta sistemáticamente oscurece.
Este enfoque tiene, además, una ventaja estratégica evidente. Argumentar "esto es nuestro desde hace más tiempo que lo vuestro" invita a un peritaje histórico interminable. Sostener, por el contrario, que "aquí vive gente con derechos democráticos que no puede ser transferida contra su voluntad ni entregada a un régimen con peor historial de derechos humanos" apela a principios que la propia comunidad internacional dice defender: autodeterminación, derechos humanos, democracia. Es el mismo tipo de argumento, salvando las distancias, que arguye la posición de Gibraltar frente a España, o el de las Malvinas frente a Argentina: no importa tanto quién llegó primero como qué régimen de derechos disfrutan hoy quienes allí viven, y qué perderían si cambiara la soberanía.
Defender Ceuta al socaire de la fecha de 1580 es defenderla con el argumento equivocado, uno que cualquier historiador puede matizar y cualquier propagandista puede instrumentalizar. Defenderla desde los derechos, la libertad y la dignidad de sus habitantes actuales es defenderla desde un terreno moral -y legal- mucho más firme, y también mucho más difícil de combatir.
Raúl C. Cancio Fernández, Letrado del Tribunal Supremo.
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