El Gobierno no ha obtenido en la Cámara Baja los apoyos suficientes para sacar adelante el real decreto que aprobó a finales de agosto, lo que podría comprometer cientos de millones del último pago de los fondos europeos.
Como viene siendo habitual en los últimos meses, el Gobierno ha vuelto este miércoles a mostrar su debilidad en la Cámara Baja con la derogación del real decreto-ley para regular los grupos de interés que el Consejo de Ministros aprobó in extremis el pasado 25 de agosto para seguir optando a la totalidad de los fondos europeos.
Los votos en contra del PP, Vox y Junts obligarán al Ejecutivo a recortar sus aspiraciones respecto al último pago -dotado con un total de 26.000 millones de euros- por el incumplimiento de parte del hito comprometido con Bruselas sobre esta cuestión.
En concreto, España podría perder hasta 1.500 millones de euros, teniendo en cuenta la metodología orientativa que establece la Comisión Europea para establecer el coste de cada hito no cumplido. Sin embargo, fuentes gubernamentales aseguran a EXPANSIÓN que esta cifra podría ser sensiblemente inferior debido a los ajustes previstos en el propio mecanismo en función de la importancia del compromiso.
El registro de grupos de interés deja de tener vigor
Debido a esta importancia, el Gobierno ha tratado de desbloquear la votación a su favor. El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, pidió por la mañana a los grupos parlamentarios que dieran su sí al decreto a cambio de revisarlo "antes de octubre" para estudiar la posibilidad de excluir a las organizaciones sindicales y patronales.
Sin embargo, este ofrecimiento no ha sido suficiente para convencer a la Cámara Baja, al contar con la negativa del Partido Popular, que no avanzó su sentido del voto hasta el mediodía. La portavoz del PP, Edurne Uriarte, ha querido dejar claro que "votar no al real decreto no es votar contra la regulación de los lobbies", ha cuestionado la urgencia que alega el Ejecutivo y ha propuesto seguir tramitando el proyecto de ley que envió a la Cámara en 2025 y que si no se ha aprobado es por su "dejación e irresponsabilidad".
Tras la votación de este miércoles, todo el contenido de la ley de lobbies ha quedado derogado, incluyendo el registro estatal de grupos de interés que había echado a andar hace algo más de una semana, y en el que todas las entidades que mantengan reuniones con representantes políticos o altos funcionarios de la Administración General del Estado debían inscribirse. En los últimos días, importantes empresas como Renault, Tesla, Enagás, Danone, Exolum, Feníe Energía o HP habían enviado sus solicitudes al Consejo de Transparencia.
División de opiniones sobre la regulación de lobbies
La derogación del decreto se ha producido en un contexto de división de opiniones en los ámbitos empresariales e institucionales.
De un lado se encuentran la patronal y los sindicatos, muy contrarios a quedar incluidos en la obligación de inscribirse en el registro. Algo que, a ojos de los sindicatos, "supone ignorar, por parte del legislados, las funciones representativas y constitucionales" de los agentes sociales. En la misma línea, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, anunció hace unos días que la principal organización empresarial del país cortaría cualquier contacto con el Gobierno hasta la votación.
Las empresas del Ibex 35 no han mostrado su público rechazo al real decreto-ley, si bien no haberse inscrito en el registro durante la primera semana de vigencia ha sido interpretado como una oposición al directorio público.
En el lado opuesto, el sector del lobby identifica la derogación del texto como "una oportunidad perdida para aportar transparencia y seguridad jurídica al diálogo entre sector privado y público", señala a EXPANSIÓN el presidente de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (Apri), Carlos Parry.
Desde la asociación insisten en "la necesidad de que España cuente con una regulación estatal" de los grupos de interés y reclaman "que se retome cuanto antes el diálogo para avanzar hacia una norma estable, equilibrada y con amplio respaldo parlamentario".
Según valora Parry a EXPANSIÓN, el texto que hoy ha decaído recogía "la mayoría de propuestas de los grupos parlamentarios y cumplía con los estándares europeos", al incorporar la gestión del registro por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno; o la interoperabilidad con los registros que ya permanecen activos en ayuntamientos y comunidades autónomas.
En vilo la ley de 'lobbies' que pone en riesgo hasta 1.500 millones de fondos europeosCorgos (Xunta de Galicia): "El nuevo modelo de financiación autonómica es una chapuza encargada a la carta"Hacienda reserva más de 3.800 millones para las CCAA fuera de la nueva financiación autonómica Comentar ÚLTIMA HORA-
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