- La propuesta de Feijóo de recortar el sueldo en las bajas laborales incendia al Gobierno
- Más de 1,2 millones de personas faltan cada día al trabajo por baja médica, 43.000 más que hace un año
El coste asciende a 34.000 millones de euros anuales, repartido entre la Seguridad Social y las empresas. El Banco de España admite el problema y pone el foco en los procesos de larga duración.
El planteamiento del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuestionando que un trabajador que está de baja cobre lo mismo que cuando está activo, y las posteriores reacciones airadas desde el Gobierno y los sindicatos, han hecho estallar un debate a nivel nacional sobre el impacto económico del absentismo, pero también en las empresas, las propias plantillas y la productividad. Desde la patronal han tratado de amortiguar las palabras del líder de la oposición en las últimas horas, si bien han celebrado que el líder de los populares haya sacado a la palestra el que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los empleadores en los últimos años.
Tal es la presión que está ejerciendo el aumento desbocado de las bajas laborales para el tejido empresarial y para las arcas públicas -entre ambos asumen una factura anual de 34.000 millones de euros- que el propio gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, reconoció en el día de ayer la existencia de un problema de fondo que merece atención y actuaciones para contenerlo. El que fuera ministro de Seguridad Social reconoce la necesidad de hacer una "reflexión", ya que existe "falta de coordinación" entre administraciones, en lo que asegura que la competencias "no están bien delimitadas". Un análisis muy alineado con el realizado el pasado mes de febrero por la Airef, que detectó importantes deficiencias en la gestión de las bajas laborales.
Escrivá reconoce en este punto que el absentismo laboral y las bajas de larga duración se han disparado, sobre todo a partir de la pandemia, y asegura que el gasto de la Seguridad Social se ha incrementado hasta un nivel "sin parangón" en la Unión Europea.
Factura anual
El primer indicador del impacto descontrolado del absentismo es económico. En este plano, tanto las empresas -que costean la prestación por incapacidad temporal entre el día 4 y 15- como la Seguridad Social -que se encarga del pago a partir del día 16- se ven afectadas. Además, al coste de las empresas se añaden los complementos que pagan en muchas ocasiones para que el trabajador perciba el 100% del salario.
Según los datos de ejecución presupuestaria de la Seguridad Social, al cierre de 2025 se destinaron 18.413 millones de euros a prestaciones por incapacidad temporal. La cifra es un 55% superior al desembolso realizado en 2020 (11.887 millones) en plena pandemia y prácticamente ha triplicado al de hace una década (+199%), con un gasto de 6.149 millones en 2015.
Por su parte, el último balance realizado por la patronal de las mutuas de accidentes de trabajo, AMAT, cifra en 16.115 millones el coste para las empresas en el pasado ejercicio. Lo que supone el doble que en pandemia (+102%), con 7.954 millones en 2020, y más del triple (+235%) que en 2015 cuando se situaba en 4.805 millones.
En suma, la factura del absentismo asociado únicamente a la incapacidad temporal por contingencias comunes, es decir, las bajas por enfermedad o patologías fuera del centro de trabajo, se situó el pasado año en 34.520 millones, un 96% más que en pandemia (17.553 millones) y un 240% más que hace una década (10.146 millones).
Los procesos se disparan
Uno de los factores que esgrimen desde el Gobierno es que el fuerte aumento del empleo experimentado en los último años ha tenido asociado una profusión de los casos. Sin embargo, el aumento proporcional de los casos de bajas es sustancialmente mayor que el de la ocupación. Respecto a 2015, España cuenta ahora con casi cinco millones de ocupados más (un crecimiento del 28%) alcanzándose los 22,3 millones de trabajadores en la última revisión de la Encuesta de Población Activa del INE del primer trimestre del año.
Sin embargo, el número de bajas iniciadas registradas por la Seguridad Social han crecido de forma exponencial en estos diez años, pasando de 3,93 millones en 2015 a 9,16 millones en 2025. Esto es, un incremento del 133% en el número de bajas, cinco veces superior al aumento del número de trabajadores.
Duración
Por otro lado, otro de las conclusiones que arroja la radiografía del absentismo en España es una cierta estabilización de la duración media de los procesos. Según los datos de AMAT, la baja duró 43 días de media en 2025, una cifra inferior a los 53,7 días registrado en 2020 con la pandemia y similar a la de hace diez años, con 42,3 días en 2015.
Ahora bien, sí que se encuentran cifras relevantes en lo que Escrivá califica como procesos de larga duración. Según la estadística, en 2019 había en España 35.000 trabajadores con procesos superiores a un año de duración. Esta cifra alcanzó el pasado ejercicio los 155.203 procesos, lo que supone que estas bajas de muy larga duración se han incrementado en un 343% en apenas seis años -más del cuádruple-.
Comparativa con la OCDE
En este punto resulta relevante la comparativa con los países de la OCDE, donde España se sitúa a la cabeza del absentismo leído como el número medio de semanas de trabajo perdidas por un empleado a lo largo de un año.
Un reciente estudio de los técnicos de la OCDE entregado al Ministerio de Seguridad Social con el objetivo de ofrecer al Gobierno vías de actuación para mejorar el sistema de incapacidad temporal en base a las experiencias de otros países de la organización, sitúa a España como el tercero de 24 analizados con un mayor volumen de semanas de trabajo perdidas a los largo del año por bajas. Concretamente, 4,9 semanas al año de media por empleado, solo superado por las 6 semanas que registra Noruega y las 5 semanas de Finlandia. Aunque la comparativa entregada al departamento de la ministra Elma Saiz corresponde a cifras de 2024, da cuenta de cómo siendo una cuestión estructural a muchos de los países ya que parte de los motivos están asociados a una demografía de fuerza de trabajo cada vez más envejecida, España se muestra especialmente afectada. Otro países como Francia (4,2 semanas), Alemania (3,5 semanas), Suecia (3,3 semanas), Austria (3,2 semanas), Países Bajos (2,6 semanas) o Italia (1,1 semanas) muestras una incidencia menor.
Quién hace los controles
En este punto, uno de los aspectos que desde las organizaciones empresariales han trasladado al Gobierno tras constatarse los problemas de gestión en torno a la incapacidad temporal es la necesidad de aumentar los controles. Especialmente, porque una de las cifras reveladas por el reciente estudio de la Airef es la concentración de las bajas en un reducido grupo de trabajadores. El 25% de las personas acumulan más de la mitad de los procesos (eran el 51 % en 2017 y ascienden al 55% en 2024). Mientras que el 50% de las personas concentran el 77% de los episodios en 2024, cuatro puntos más que en 2017. Lo que, a ojos de la Autoridad Fiscal, evidencia un uso intensivo del sistema por parte de un segmento reducido de la población.
CEOE ha reclamado que, a diferencia de lo que ocurre ahora, en donde el servicio público de salud o al mutua es el encargado del seguimiento en los primeros 365 días de la baja, la Inspección de la Seguridad Social pueda llevar a cabo actuaciones desde el primer momento, y no solo a partir del año -como está actualmente regulado-.
Posibles soluciones
En este punto cualquier solución en este delicado y polémico campo deberá de adoptarse de forma tripartita entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Así lo volvió a defender en sus últimas declaraciones el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, reclamando un diálogo entre todos los agentes sociales.
Sobre esta negociación, un prolijo informe publicado ayer por el Consejo General de Graduados Sociales, señaló como una causa del problema el envejecimiento de la población y la apuestan por un modelo de reincorporación progresiva que supere la dicotomía de alta o baja absoluta. Un planteamiento en la línea de la propuesta del Ministerio de Seguridad Social de altas progresivas, que los trabajadores con bajas de más de 180 días puedan compaginar durante un mes el cobro de la prestación con la mitad del salario -trabajando media jornada-.
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