Los beneficiarios se disparan hasta 466.077 tras la reforma de 2019 que redujo el requisito de edad: aumentan en un 75% las personas que se acogen a la prestación.
El Banco de España ha reconocido que la robustez del sistema de protección del desempleo puede constituir un obstáculo para la reinserción de los parados en el mercado laboral. El gobernador de la institución, José Luis Escrivá, ponía como ejemplo en una reciente comparecencia en el Congreso el claro desincentivo que tienen para volver al trabajo quienes perciben el subsidio para mayores de 52 años: una prestación que este año se sitúa en 480 euros al mes y que se puede cobrar hasta el momento de alcanzar la edad legal de jubilación.
Sobre este colectivo, las estadísticas oficiales del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ponen de manifiesto un fuerte aumento del volumen de beneficiarios, especialmente en los últimos años tras la reforma impulsada por el Gobierno en 2019 que relajó los requisitos para poder cobrarlo. Cabe indicar previamente que la medida que principalmente ha engrosado el colectivo de beneficiarios de esta prestación es la reducción de la edad de acceso, de 55 a 52 años.
Previamente, el servicio público de empleo registró de media en 2018 un total de 265.473 beneficiarios del subsidio para mayores de 55 años. A cierre de 2025, la media anual se situaba en 458.890 beneficiarios, lo que supone un 73% más. Los últimos datos disponibles, de cierre de junio de 2026 elevan la cifra media mensual de beneficiarios en los seis primeros meses del año a 466.077, lo que supone un incremento del 75% respecto al nivel previo a la reforma.
En todo caso, aun salvando el elemento diferencial de que la actual prestación permite el acceso a un mayor número de personas únicamente por la rebaja del requisito de edad, los beneficiarios también han crecido considerablemente en los últimos años bajo el este esquema. De media, en 2019 se registraron 325.840 beneficiarios del subsidio ya para mayores de 52 años. Esta cifra se ha incrementado en siete años en un 43% hasta alcanzar el cerca de medio millón de personas.
Desincentivo para la vuelta al trabajo
"Uno puede preguntarse si con este esquema de incentivos generamos las mejores condiciones para la activación en el empleo. Hay análisis empíricos que ponen de manifiesto que no", reconocía Escrivá.
Cabe recordar que la reforma de 2019 no solo redujo la edad de acceso: también amplió la duración del subsidio permitiendo percibir la prestación hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación (anteriormente finalizaba en cuanto el beneficiario cumplía las condiciones para acceder a la jubilación anticipada); incrementó la base de cotización sobre la que cotiza el SEPE a la Seguridad Social (para la futura pensión de jubilación) pasando del 100% al 125% del salario mínimo y habilitó la posibilidad de compatibilizar el cobro del subsidio con contratos de trabajo a tiempo parcial.
Estas medidas han tenido una doble consecuencia: por un lado, el enquistamiento del colectivo de desempleados mayores de 50 años con independencia de la prestación que cobren. Al tener asegurada una mínima cobertura de renta, y tener una peor perspectiva de acceso al empleo tanto por el edadismo que opera en el mercado de trabajo como por déficits formativo, estas personas son las que colman las listas del paro durante más tiempo. De los 892.500 parados de larga duración en España (llevan más de un año buscando empleo) el casi el 45% son mayores de 50 años y alcanzan el 54% entre los que llevan más de dos años parados.
La segunda consecuencia es económica. Según cálculos de Fedea entre 2019 y 2025 los subsidios para mayores de 52 años le han costado a las arcas del Estado algo más de 7.547 millones de euros, mientras, mientras que desde el momento de la reforma hasta 2030 el coste ascendería a 15.877 millones al año. En ese momento, el sobrecoste de la reforma ascendería a 1.818 millones al año.
"Este fenómeno demográfico se combina con un patrón de utilización intensiva y prolongada del subsidio para mayores de 52 años, que ha elevado el peso estructural de este colectivo como perceptores de prestaciones por desempleo, llegando a explicar algo más de la mitad del total de beneficiarios de estas prestaciones", señalan los expertos de Fedea.
Y recuerdan que las nuevas condiciones de acceso y percepción del subsidio lo han convertido en una figura híbrida, a medio camino entre una renta de sustitución (muy modesta si no hay rentas adicionales en la unidad familiar) durante los años de percepción y una prestación de carácter previsional, al incidir significativamente sobre la pensión futura del beneficiario.
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