Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, en una imagen de archivo de julio de 2025. David Gaspar Reuters
América EEUU acusa al gobernador de Sinaloa de tener vínculos con el poderoso cártel y desata un terremoto político en MéxicoEl oficialista Rubén Rocha Moya niega "categórica y absolutamente" las imputaciones mientras Sheinbaum guarda silencio.
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D. Barreira Publicada 30 abril 2026 08:40h Actualizada 30 abril 2026 08:44h Las clavesLas claves Generado con IA
Un sismo político de enorme magnitud es lo que ha desencadenado en México la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador del estado de Sinaloa, el oficialista Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios por narcotráfico y presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
En medio de una fuerte polémica debido a la muerte hace unos días de dos agentes de la CIA estadounidense en el estado fronterizo de Chihuahua para una operación contra el narcotráfico, el Departamento de Justicia de EEUU ha agitado aún más las relaciones bilaterales con la apertura de este proceso.
La decisión del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, de abrir una investigación contra los funcionarios por, a su juicio, conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar ingentes cantidades de heroína, cocaína o fentanilo a Estados Unidos a cambio de apoyo político, supone el mayor golpe reciente de Washington contra políticos de México.
Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.
— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 29, 2026
Este ataque no es únicamente…
La acusación vincula formalmente a Rocha Moya y otros nueve funcionarios de alto nivel en Sinaloa por delitos de narcotráfico y armas, en un caso que los enlaza directamente con la poderosa organización y, en particular, con la facción de Los Chapitos.
Según la acusación, los implicados habrían protegido operaciones del cártel, facilitando información sensible y permitido el transporte de drogas hacia territorio estadounidense, a cambio de sobornos millonarios y apoyo, en el caso del gobernador, para acceder al cargo en 2021. Los Chapitos habrían secuestrado e intimidado a varios de sus rivales.
México se enamora de Omar García: el 'superpolicía' que acabó con 'El Mencho' podría ser el próximo presidenteRocha Moya ha rechazado "categórica y absolutamente" las imputaciones, al señalar que carecen "de veracidad y fundamento". También ha denunciado que se trata de un "ataque" a su persona y al movimiento político que encabeza la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien por el momento ha guardado silencio sobre su compañero de partido.
Las acusaciones contra altos cargos políticos mexicanos en ejercicio son extremadamente raras y los cargos contra Rocha parecen marcar un nuevo frente en la lucha de la Administración Trump contra los cárteles, ampliando las investigaciones más allá de los cabecillas de los grupos criminales para incluir a los políticos.
"No pasará nada"
En su primera declaración pública desde que estallaron las acusaciones, Rocha Moya se declaró "tranquilo" y dijo estar "trabajando" por Sinaloa, a la vez que añadió que "no pasará nada" con la acusación.
En tanto, la Cancillería mexicana afirmó que no se presentaron "pruebas" en las solicitudes de extradición enviadas el martes por el Gobierno estadounidense, al tiempo que adelantó que enviará una queja diplomática a la Embajada de EEUU en el país por la forma en que se hizo pública la acusación, al argumentar que contraviene tratados.
La representación diplomática informó que el 28 de abril recibió solicitudes de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos, pero advirtió que conforme a los tratados vigentes, este tipo de información debe manejarse con "carácter confidencial", por lo que la forma en que se hizo pública no se apegaría a esos lineamientos.
El oficialismo mexicano ha respaldado al gobierno estatal, y la oposición sostiene que el caso confirma sus advertencias sobre vínculos con el crimen organizado, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) de México informó que iniciará una investigación para determinar si se sostiene la acusación del Departamento de Justicia.
“La FGR iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de pruebas de que la acusación hecha por autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión”, aseguró Ulises Lara, fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR.
Destacó que, como la ley mexicana lo indica, la orden de aprehensión requiere de "presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito", por lo que, según el Tratado Bilateral, “solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes”.
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