El diagnóstico, elaborado por la Secretaría de Gobernación, a través de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Población (Conapo), en colaboración con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), explica que, aunque en muchas ocasiones la movilidad de la población suele ser temporal, en los últimos años estas evacuaciones se han prolongado debido a la inhabitabilidad de las zonas afectadas o porque las condiciones de riesgo persisten. En este escenario, el cambio climático actúa como un multiplicador de amenazas al aumentar la intensidad y la frecuencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos e incendios forestales, entre otros.
Ileana Villalobos Estrada, subsecretaria de Regulación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), señaló que la movilidad humana vinculada al cambio climático “es uno de los rostros más concretos —y menos visibles— de la crisis climática”, y subrayó que este diagnóstico confirma que se trata de una realidad que México ya enfrenta.
Un problema multifactorial
El análisis también resalta que los desplazamientos forzados internos agravados por la crisis ambiental rara vez obedecen a una sola causa. Los efectos del cambio climático se combinan con otras problemáticas sociales y económicas, como la pobreza, la marginación, la desigualdad, la falta de infraestructura, los asentamientos en zonas de riesgo e incluso la violencia. Esta combinación incrementa la vulnerabilidad de las comunidades al reducir su capacidad de resiliencia frente a las catástrofes, lo que favorece el desplazamiento de miles de personas.
Bajo esta premisa, el estudio sostiene que los efectos del cambio climático “deben entenderse como fenómenos medioambientales y geofísicos extremos que, al interactuar con problemas estructurales, se convierten en desastres con consecuencias humanitarias devastadoras”.
Aunque Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Baja California Sur concentran cerca del 59% de todos los desplazamientos registrados en México entre 2013 y 2023, el problema afecta prácticamente a todas las entidades del país, por lo que el estudio considera indispensable comprender a profundidad este fenómeno para diseñar estrategias de prevención, mitigación y atención más eficaces.
daños materiales y las declaratorias de emergencia. Sin embargo, carece de un sistema que permita identificar con precisión cuántas personas fueron desplazadas, cuánto tiempo permanecieron fuera de sus hogares, cuántas lograron regresar y cuántas requirieron una reubicación permanente.El análisis propone que, para atender esta problemática, es necesario fortalecer los sistemas nacionales de información, incorporar el riesgo de desplazamiento en las políticas de protección civil y adaptación al cambio climático, mejorar la coordinación entre instituciones y desarrollar mecanismos que permitan prevenir el desplazamiento antes de que ocurra un desastre.
Asimismo, plantea reconocer de manera explícita a las personas desplazadas por causas ambientales dentro de los marcos normativos y garantizar alternativas como el retorno seguro, la integración local o la reubicación planificada cuando regresar a sus comunidades ya no sea una opción viable.
estima que cerca del 70% de la población ha resultado afectada, al menos en una ocasión, por desastres naturales como huracanes, tormentas tropicales, inundaciones, sequías, deslaves, incendios forestales, terremotos y erupciones volcánicas.Además de incrementar el riesgo de movilidad forzada, estas condiciones, que en muchos casos se ven agravadas por el cambio climático, generan pérdidas y gastos anuales de entre 3,600 millones y 5,000 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente el 1% del producto interno bruto (PIB) nacional.
El informe subraya que el desplazamiento forzado interno derivado de desastres naturales y del cambio climático constituye un desafío que trasciende la respuesta inmediata ante las emergencias. Se trata de un fenómeno que requiere políticas integrales orientadas tanto a reducir la exposición de las comunidades al riesgo, como a garantizar la protección de quienes se ven obligados a abandonar sus hogares, especialmente en un contexto donde los eventos climáticos extremos son cada vez más frecuentes e intensos.
“Ante este panorama, es imperante adoptar medidas urgentes para mitigar los impactos del cambio climático y reducir el desplazamiento forzado interno. Por lo tanto, si bien a la fecha no existe un consenso en la definición del desplazamiento por causas ambientales, es fundamental, a pesar de ello, seguir generando estadísticas que ayuden a comprender y visibilizar el fenómeno y, más aún, que identifiquen a las poblaciones y territorios con mayor vulnerabilidad”, concluye el estudio.
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