- El 'no' de Junts al decreto de vivienda pone contra las cuerdas al Gobierno de Sánchez
- Paquete fiscal de 2.000 millones para intervenir la vivienda
PP, Vox y Junts derogan los textos que el Consejo de Ministros aprobó el martes en un pleno marcado por los reproches entre el Gobierno y sus socios de investidura, que acusan al Ejecutivo de "legislar en caliente" y no tener en cuenta a los pequeños propietarios para aumentar la oferta de alquileres.
La mayoría del Congreso de los Diputados ha decidido derogar los decretos aprobados el martes por el Gobierno para hacer frente a la crisis de vivienda. El primer texto ha contado con 172 votos a favor y 178 en contra, mientras que el segundo ha sido tumbado con una mayor claridad, ya que ha sumado 166 votos a favor y 184 en contra.
Se trata de una muerte anunciada, teniendo en cuenta que Junts -de cuyos votos dependía la supervivencia del primero de los textos, donde se recogían medidas fiscales, la prórroga de dos años en los alquileres o las restricciones para los fondos de comprar vivienda, entre otras medidas- ya anunció a última hora de ayer su negativa a apoyar un paquete legislativo que, a su juicio, sólo serviría para "reducir aún más el mercado y aumentar más los precios".
Con estas cartas sobre la mesa ha comenzado el pleno extraordinario en la Cámara Baja, donde la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha vuelto a pedir a primera hora la abstención del Junts, asegurando que "el 90% de lo que entregaron" durante la negociación se encuentra recogida en el decreto.
Un guante que, de momento, no recogen desde la formación independentista, donde continúan acusando al Gobierno de mentir y de haber elaborado un decreto "muy decepcionante" en materias como la definición de fondo 'buitre'.
Según ha afirmado la portavoz en el Congreso del partido liderado por Carles Puigdemont, Míriam Nogueras, los parámetros recogidos en el texto "permiten a los especuladores" seguir aumentando los precios. "No buscamos la derrota de nadie, lo que buscamos es una solución".
La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha advertido de la "ceguera por los postulados de máximos" que el socio del PSOE, Sumar, habría impuesto durante la negociación de las medidas.
Algo que, en su opinión, ha restado calidad al texto y ha impedido que éste termine convalidándose. Ello, a pesar de que dieron su 'sí' al primer texto, con un voto "crítico" y recordando que "necesitamos a los pequeños propietarios para aumentar la oferta".
El Gobierno podría aprobar un nuevo decreto de vivienda la semana que viene
El 'culebrón' por la respuesta al problema de la vivienda, no obstante, podría no haber terminado con la votación de esta tarde. A pesar de que la negativa de Junts a la propuesta de Isabel Rodríguez de votar a favor del texto a cambio de tramitarlo como proyecto de ley e introducir matizaciones técnicas y enmiendas, Nogueras ha instado antes de la votación al Gobierno a retirar los dos decretos y a presentar otro nuevo la semana que viene, negociado con sus exigencias.
"No es una propuesta cerrada", ha asegurado, dejando en el tejado del Ejecutivo la decisión después de que en la noche de ayer Moncloa retase a los grupos parlamentarios a "retratarse" en el Congreso y se negase a retirar ninguno de los dos textos.
¿Qué contenían los dos decretos que ha tumbado el Congreso?
El Gobierno decidió trocear en dos su propuesta de vivienda, fruto de la negociación con Junts y de la dificultad para sacar adelante la segunda de las propuestas. El primero de ellos, que también ha terminado por caer, recogía medidas en varios frentes:
El primer decreto, denominado por la ministra Rodríguez "para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta asequible", se divide en cuatro grandes bloques, dentro de los cuales se recogen diferentes medidas que el Gobierno espera sacar adelante el viernes en el Congreso.
- Desahucios. En primer lugar, el decreto extiende la vigencia del denominado "escudo social" hasta 2030, prohibiendo los desahucios a familias vulnerables hasta esa fecha al tiempo que se amplían "todos los mecanismos de protección de las administraciones públicas para evitar esta circunstancia y proteger a todas las personas", afirmó ayer la titular de Vivienda.
- Compras especulativas. El texto recoge la identificación de las empresas que compren vivienda para destinarla al alquiler o a la especulación, prohibiéndoles su compra, previsiblemente, hasta 2028. La definición de estos fondos, que no podrían comprar pisos por debajo del 70% de su valor de tasación, parece haber sido uno de los puntos de mayor fricción con Junts.
- Socimis. Se reordena la fiscalidad de las Socimis dedicadas a la inversión en vivienda para alquiler "para que orienten su inversión a la vivienda asequible". Esta medida ya estaba recogida en el borrador que se remitió a los grupos el pasado julio, donde se contemplaba un aumento en el tipo del gravamen especial sobre los beneficios no distribuidos que no destinaran sus viviendas al alquiler asequible hasta el 25%.
- Prórroga de alquileres. El primer decreto también incorporará una prórroga para los alquileres que venzan antes del 31 de diciembre de 2028. Esta extensión sería de un año, siempre que el inquilino lo solicite, ampliable a un segundo, sin subir el precio de la renta por encima de los límites marcados.
- Congelación de rentas. Asimismo, el texto incluye una limitación del 2% en la subida de los alquileres.
- IVA Turístico. El decreto elevará el IVA al que están sujetos los pisos turísticos que no realicen servicios de atención o limpieza, que pasará del 0% actual al 10%.
- Alquiler de temporada y por habitaciones. Como exigían desde Sumar, el primer decreto finalmente incluirá medidas para "evitar el fraude" en los alquileres de temporada y por habitaciones.
- Préstamos para compra. Por el lado de las ayudas, el texto recoge la puesta en marcha de una línea de préstamos de hasta 50.000 euros a interés cero, gestionada por el ICO, para la adquisición de primera vivienda.
- Bonificaciones para inquilinos y propietarios. El decreto también incluye bonificaciones fiscales para los inquilinos cuyos ingresos anuales no superen los 33.000 euros anuales. Según afirmó la ministra en base a las estimaciones de la Agencia Tributaria, la medida beneficiaría a 1,6 millones de hogares. En paralelo, se articulan mayores incentivos fiscales para los caseros que rebajen el precio del alquiler a sus inquilinos.
- Construcción de VPO. Por último, el primer decreto incluiría la reducción del IVA de la construcción de viviendas de promoción público y protegidas, que pasaría a un tipo superreducido del 4%.
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