Aquello, según testigos presenciales, no eran más que «cuatro fotocopias» como «hechas por un becario». En vez de un proyecto «como Dios manda», lo que el funcionario recibió para dar su aprobación medioambiental era «una broma», «prácticamente nada».
Con eso, con apenas cuatro páginas «mal fotocopiadas», Forestalia, la empresa que «ocupa todo Teruel y la mitad de Zaragoza» con parques eólicos y fotovoltaicos, y que la semana pasada fue registrada por espacio de seis horas por la Guardia Civil, por presuntos contratos públicos amañados en la ya conocida como trama Leire Díez, pretendía obtener permiso medioambiental para levantar tres parques más en la comunidad.
Era enero de 2018. El funcionario, un ingeniero industrial en mitad de la cincuentena y de larga carrera en la Administración, que también había pasado parte de su carrera «en el lado oscuro», el privado, y por ello sabía muy bien «cómo funcionan estas cosas», cuentan fuentes de su entorno laboral de entonces, no dejaba de sorprenderse: Forestalia, el gigante aragonés de los parques eólicos, la empresa que «a nivel nacional llamaba la atención por su capacidad para sacar adelante proyectos que a otros les eran vedados», pretendía salirse con la suya y conseguir la autorización medioambiental para tres nuevos parques «con tres papeles».
Así que se negó a aprobar nada.
Pocos meses después, en abril, el alto funcionario, director de Industria y Energía en la Subdelegación del Gobierno de Zaragoza, era despedido. Y un año más tarde la Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, obligaba a la Administración a readmitirlo: su despido, acaecido tras «acoso» y «presiones» de sus superiores «para que aprobara» los proyectos, ni siquiera había sido motivado.
Al menos no sobre el papel, porque a él, revelan estas fuentes, se le dejó claro por qué se le despedía: «Por no agilizar lo de Forestalia. Plantó cara y se la rompieron. Si no actúas como ellos quieren, te vas y ponen a otro».
Su caso, con la empresa ahora en el ojo del huracán después de las seis horas de registro en sus oficinas zaragozanas, es paradigmático de cómo, cuando el poder económico se cruza con la política -«y más en estos años en que el oro verde es el nuevo ladrillo», siguen las mismas fuentes-, prácticamente todo el arco político sucumbe.
A él le cesa el PP -las presiones y el cese le llegan, según ha podido recoger este diario, tanto de Delegación del Gobierno como del Ministerio de Energía en los últimos meses del Gobierno de Mariano Rajoy-, pero quien resulta favorecido es uno de los líderes históricos del Partido Aragonés Regionalista (PAR), Alfredo Boné, quien había sido consejero de Medio Ambiente con Marcelino Iglesias (PSOE). El PAR, de remate, sería esencial para que Javier Lambán (PSOE) retuviera el poder en 2019, poco después.
Una puerta giratoria que de alguna manera parece reproducir Forestalia, que lo mismo mantiene como asesor al ex ministro popularJosé Manuel Soria -quien dimitió en 2016 tras ocultar su participación en sociedades offshore, evidenciada en los Papeles de Panamá- que ha utilizado a Antxon Alonso, el socio de Cerdán en Servinabar, para interceder ante el Gobierno navarro, o que se ha intercambiado sociedades según la Unidad Central Operativa (UCO) con la familia Sumelzo, de la actual secretaria de Estado para Iberoamérica de Pedro Sánchez, Susana Sumelzo (íntima del presidente y uno de sus escasos apoyos en su reconquista del PSOE).
Nombrado en 2012, el funcionario despedido «sabía muy bien dónde se metía» cuando aceptó el cargo, explican a EL MUNDO fuentes que vivieron los hechos. Las empresas podían pedir autorización medioambiental tanto a la comunidad autónoma como al Gobierno central, previo paso por Delegación, y «Forestalia tenía claro que era en el Gobierno donde tenía su gente, tanto al final del periodo de Rajoy como durante el mandato de Sánchez».
EL MUNDO ha publicado cómo funcionarios de la Subdirección General de Evaluación Ambiental han denunciado ante la Guardia Civil que recibieron presiones en 2021 y 2022 del entonces subdirector, Eugenio Domínguez, para dar validez medioambiental a proyectos de Forestalia, lo que acabó con varios de ellos fuera del departamento -Domínguez lo ha negado terminantemente a este diario-.
En todo caso, el paso previo era Delegación, donde «Forestalia quería conseguir ya los permisos, sin tener que ir siquiera a Madrid», cuentan estas fuentes. Los tres proyectos llegaron al director de Industria y Energía en la Subdelegación, «y venían claramente insuficientes, sin apenas información de lo que se quería hacer. Parecía más un cortapega».
Su impulsora era Viados Gestión Integral de Proyectos SL, mercantil en la órbita de Forestalia, y en aquel momento administrada por Alfredo Boné, el ex consejero de Medio Ambiente, acompañado de su ex viceconsejero Luis Marruedo y su ex jefa de gabinete, Ana Cristina Fraile, como publicó El Periódico de Aragón. Una presunta puerta giratoria de libro, aunque ellos lo negaron al diario zaragozano en 2016.
Era potestad del funcionario otorgar una primera autorización provisional e inoperativa, una especie de patada a seguir en dirección a Madrid, o bien la total y definitiva, y el funcionario optó por la primera. El «acoso» fue imparable, según testigos presenciales de aquellos meses. Primero recibió presiones tanto del delegado como del subdelegado, luego del propio Ministerio de Energía, denunciaría más tarde. El 24 de enero de 2018 se le vacía de funciones al encomendar a un funcionario de Teruel su labor -por cierto, denunciado después por Paisajes de Teruel por beneficiar a otra empresa en otro trámite medioambiental-.
El 28 de marzo se le comunica que va a cesar, y después desaparece su correo electrónico. La orden de cese, cuentan testigos presenciales, no le sorprende por ser cargo de confianza -«pérdida de confianza» es lo que alegará la Administración luego en el contencioso-. El delegado del Gobierno llega a oponerse al despido, pero es reconvenido y acepta, ha sabido este diario.
El 8 de julio de 2019 el TSJ aragonés declara el cese contrario a derecho, y le restituye en la Administración. El Supremo lo confirma luego. EL MUNDO ha contactado ahora, años después, con el propio funcionario, que no quiere hablar, pero sí que se preserve su intimidad. La Guardia Civil investiga a Forestalia, pues, por dos vías: en el caso Leire y por presuntas irregularidades en varios proyectos eólicos en Aragón.