En plena crisis migratoria sin precedentes en Ceuta, en la que 27 días después de la entrada masiva de 80.000 personas sigue sin haber siquiera una cifra oficial de cuántas de ellas permanecen en la ciudad autónoma, el Gobierno central ha dado este martes el primer paso para realizar dos cambios normativos que, una vez aprobados, endurecerán los trámites de expulsión de los extranjeros en situación irregular. El primero, la elaboración de una Ley de Asilo de nuevo cuño que introduce "un procedimiento acelerado" para que los expedientes de solicitud de protección internacional se resuelvan en tres meses, un trámite que, según los datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en la actualidad se prolonga, de media, durante un año y medio.
La otra novedad es una reforma de la Ley de Extranjería que, entre otras cuestiones, regulará que en el caso de los inmigrantes que llegan ilegalmente a España y no cumplan los requisitos para tener derecho a ser acogidos su "retorno debe ser ejecutado en un plazo máximo de 12 semanas, de forma tan eficaz como garantista". Aunque el Ministerio del Interior ha dejado de facilitar los datos anuales de expulsiones, en la actualidad están prácticamente paradas por la reticencia de los países subsaharianos a aceptar devoluciones y lo difícil que resultan las gestiones diplomáticas.
En el Ejecutivo central argumentan que estos cambios se tienen que hacer para adecuar la normativa española al Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) -aprobado en mayo de 2024 y en vigor el pasado 12 de junio-, que se ha traducido en una directiva y nueve reglamentos en los que, aseguran, "se conjuga la necesaria gestión de las fronteras para garantizar la seguridad del país" con "el respeto a los derechos humanos". Fuentes de Moncloa precisan, además, que la activación del proceso de transposición se acordó en una reunión de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios celebrada en el mes de julio, pero antes de la avalancha en Ceuta del día 30.
En todo caso, el proceso se encuentra en una fase muy embrionaria, ya que lo que se ha aprobado este martes son dos anteproyectos en primera vuelta que ahora van a ser enviados a los ministerios con competencias en la materia para que incorporen sus aportaciones. También se van a solicitar informes de instituciones como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, la Comisión Interministerial de Extranjería y la Agencia Española de Protección de Datos y de organismos como el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y el Consejo Estatal de Organizaciones No Gubernamentales de Acción Social.
Aunque oficialmente no se ha trasladado una estimación de cuándo se remitirán al Congreso para su tramitación parlamentaria y posterior votación en el Pleno, no parece a priori factible que vayan a poder ver la luz en una legislatura que está ya en modo cuenta atrás: como muy tarde las elecciones generales tendrán que celebrarse dentro de un año.
Mensaje de firmeza
Lo que traslada de esta forma el Gobierno de Pedro Sánchez es un mensaje de firmeza después de que hasta 22 países de la Unión Europeacriticaran su política migratoria por considerar que el proceso de regularización masiva de inmigrantes ha podido tener un "efecto llamada" en Ceuta. Para la adecuación de la normativa comunitaria a la legislación española, por ejemplo, se ha optado por la horquilla más restrictiva de 12 semanas para la resolución de las solicitudes de asilo, cuando se podría haber introducido la posibilidad de ampliar el plazo a 16 semanas.
Inmigrantes en la playa ceutí del Trampolín.EFEREDUANUna vez que los cambios estén aprobados, durante el procedimiento de resolución de las peticiones de protección internacional y "en determinados supuestos de aplicación obligatoria" que no se han detallado, los interesados deberán "permanecer en instalaciones policiales a disposición de las autoridades españolas". La medida se aplicará como "cautela antes de que se autorice la entrada formal al país" y "facilita su retorno en caso de denegación", según el texto elaborado por el Ministerio de Justicia, aunque en la rueda de prensa de este martes lo haya defendido el titular de la cartera de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Otra de las novedades es que cuando el expediente de asilo sea rechazado "la persona solicitante recibirá la notificación junto a la denegación de entrada, que le impone la obligación de abandonar el país". Actualmente las expulsiones no son tan automáticas, ya que, por ejemplo, en algunos casos los afectados pueden permanecer legalmente en España mientras se resuelven sus recursos o tienen derecho a solicitar otro tipo de autorización de residencia si cumplen los requisitos.
Más "garantías"
En su intervención, Marlaska ha puesto el acento en que los cambios también "incrementan las garantías", ya que "incorporan de forma expresa realidades que venían siendo relevantes en la práctica, como la persecución relacionada con el género, la identidad y la discapacidad", lo que, ha asegurado, "sin duda alguna mejora el abordaje de situaciones concretas de vulnerabilidad". En paralelo se regula con mayor precisión la atención a necesidades particulares, la escolarización de menores, la autorización para trabajar y la asistencia sanitaria.
Además, la nueva ley elimina con carácter general el recurso administrativo previo para las reclamaciones y desarrollará conceptos como "primer país de asilo, tercer país seguro y país de origen seguro", lo que, explican en el Gobierno, "puede influir en la admisión o en la forma de tramitar las solicitudes". Se incorpora, asimismo, "la posibilidad de introducir en la resolución denegatoria una decisión de retorno", cuyo alcance no se ha especificado.
Desde CEAR señalan que esperan que en la elaboración de ambos anteproyectos se hayan tenido en cuenta las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil "para que se garanticen derechos dentro del marco, ya restrictivo, del Pacto Europeo de Migración y Asilo". "En determinadas cuestiones, los estados miembro pueden optar por el marco más garantista y tienen margen de maniobra para implementarlo según los estándares de derecho internacional", advierten.