Luis Argüello y Félix Bolaños, el año pasado.
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN El Gobierno puede arremeter contra los jueces, pero los obispos no pueden analizar la política Publicada 15 diciembre 2025 01:39hSi algo revela el agotamiento del proyecto político sanchista, es el constante recurso a comodines políticos trasnochados con los que hacer pasar el afán de perpetuarse en el poder por una heroica resistencia.
Después de la ultraderecha, los "ricos", los "poderosos" y Franco, el nuevo enemigo imaginario de Pedro Sánchez parece ser la Conferencia Episcopal.
"El tiempo en el que los obispos intervenían en la política acabó cuando empezó la democracia en este país", ha sentenciado Sánchez este domingo en un acto de campaña en Cáceres .
Esta retórica de ribetes frentepopulistas resulta risible en un contexto donde la Iglesia católica dista mucho de conservar la condición de poder fáctico que ostentaba en los tiempos del nacionalcatolicismo.
Si Sánchez arremete ahora contra los obispos, es por haberse atrevido el presidente de la Conferencia Episcopal a opinar, en una entrevista este domingo, que ante el "bloqueo" de la acción legislativa, se ratifica en su petición de una "cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos".
Luis Argüello ha verbalizado estas declaraciones a título personal, ni siquiera como presidente de la Conferencia Episcopal. Sin embargo, Félix Bolaños ha reputado estos "pronunciamientos partidistas" lo suficientemente graves como para contestar oficialmente por carta a Argüello.
Le ha acusado de romper "la neutralidad política de la Iglesia" por pronunciarse "a favor del fin del actual Gobierno", y le ha instado a que actúe con respeto hacia la democracia" y el Ejecutivo.
No sin añadir que de las declaraciones de Argüello "parece deducirse que preferiría que su interlocutor" fuese "un Gobierno de la derecha y la extrema derecha".
No deja de resultar irónico que el Gobierno esté tratando de emparentar a la Conferencia Episcopal con la ultraderecha.
Porque si Argüello ha pedido desbloquear la situación política, no es debido a una preferencia ideológica, sino a la incapacidad de sacar adelante (en ausencia de mayoría parlamentaria ni Presupuestos) la iniciativa legislativa popular sobre la regularización de inmigrantes.
Es más: bajo el mandato de Argüello, la Conferencia Episcopal se ha destacado por polemizar precisamente con Vox por su deshumanizador discurso antimigratorio.
Lo digan los obispos o cualquiera, constatar una situación empírica de parálisis política, e invocar los mecanismos políticos contemplados en la ley suprema para deshacerla, no constituye un desacato a la Constitución ni a la soberanía nacional.
Si Sánchez los retrata así es porque intenta tildar de pronunciamientos insurgentes lo que no son sino expresiones transversales de un clamor nacional sobre la inviabilidad de su gobierno. De hecho, ese es el motivo por el que se resiste a convocar elecciones.
En realidad, a Moncloa no le importa tanto la neutralidad eclesial debida en "un Estado aconfesional" como acallar las críticas a su mala praxis, desautorizándolas en virtud de su procedencia.
Que importa más el quién que el qué lo demuestra el hecho de que el Gobierno de Sánchez y todos los medios oficialistas han declarado y siguen declarando inocente a un condenado en sentencia firme como Álvaro García Ortiz, mientras desdeñan la presunción de inocencia dando por culpable al obispo emérito de Cádiz que enfrenta acusaciones de abusos sexuales.
La ley del embudo de Sánchez es clamorosa: reprende a obispos por opinar sobre decisiones del Gobierno, mientras él, como jefe del Ejecutivo, cuestiona y descalifica las decisiones del Poder Judicial.
Sánchez ha extendido el perímetro de su estrategia polarizadora también a la Iglesia española, haciendo gala con ello de una concepción casi cesaropapista del poder político.
Como si se tratara de una confesión accidental, María Jesús Montero le ha pedido a Argüello que "apostate" de sus críticas al Gobierno "como mujer de la Iglesia progresista". Y es que, en efecto, se diría que los últimos fieles que le quedan al sanchismo, aún en esta agonía de corrupción y escándalos, dan muestras de una aversión a la heterodoxia lindante con lo sectario.