Allí la correlación de fuerzas es distinta. La Diputación Permanente no reproduce exactamente el pleno: sus 68 miembros, más la presidenta del Congreso, Francina Armengol, se reparten entre los grupos en proporción a su peso, y los redondeos favorecen a los grandes y penalizan a los pequeños. Junts, cuyos votos fueron decisivos el viernes, tiene un solo representante (una proporcionalidad matemática perfecta le daría un imposible 1,38) El Grupo Mixto, que agrupa a varias formaciones, también cuenta con un único puesto, que ocupa Ione Belarra, de Podemos, lo que deja fuera a UPN, que votó en contra junto a PP, Vox y Junts.
Con ese reparto (27 diputados del PP, 25 del PSOE, incluida Armengol, seis de Vox, seis de Sumar y uno de ERC, Junts, EH Bildu, PNV y el Mixto), el decreto principal, que incluye la protección frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y la prórroga forzosa de los alquileres hasta 2028, saldría adelante por 35 votos a 34 si se repiten los votos del viernes. No ocurre lo mismo con el segundo, el que, a instancias de Sumar, convierte en indefinidos los contratos de alquiler. El PNV ya dejó claro que no comparte su contenido, y sin su voto volvería a decaer.
Otra vez, los «viernes sociales»
No sería la primera vez que el Gobierno de Sánchez gobierna a golpe de decreto con las Cortes disueltas. En el camino hacia las elecciones de abril de 2019, el Consejo de Ministros aprobó una batería de medidas sociales, los llamados «viernes sociales», entre ellas la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, pese a las acusaciones de electoralismo de PP y Ciudadanos. Entre aquellas medidas figuró también un decreto de alquiler aprobado semanas después de que el Congreso tumbara otro anterior, y que acabó convalidando la Diputación Permanente.
La fórmula, aun así, suscita dudas incluso entre algunos de quienes asesoran al presidente, porque el pleno ya rechazó los textos el viernes. En la Moncloa insisten en que nada tiene que ver con lo que reclamaba Sumar, que era volver a aprobar los decretos cada vez que decayeran, una fórmula que el propio Ejecutivo considera un fraude de ley, y defienden la plena legitimidad de la Diputación Permanente. Una manera de despejar esas dudas sería no presentar textos idénticos a los derogados. Está por ver si los que lleguen mañana al Consejo de Ministros lo son, aunque fuentes gubernamentales apuntan que «básicamente», así será.
El cálculo electoral tampoco se esconde. Si el decreto principal se convalida, el PSOE llegará a la campaña con las medidas en vigor y sin un goteo de desahucios del que el electorado pudiera responsabilizarle también a él. Si decae, Sánchez tendrá un nuevo argumento para el mensaje sobre el que quiere hacer girar su campaña: que este Congreso no sirve para aprobar medidas sociales. La votación, que deberá celebrarse antes de que venzan los 30 días, coincidirá de lleno con la precampaña.
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