El juez de Sevilla José Ignacio Vilaplana está investigando la inyección de fondos públicos millonarios en el Plan Linares Futuro que el Gobierno andaluz, en la etapa del PSOE, puso en marcha para intentar recolocar a los 750 trabajadores que se quedaron en la calle tras el cierre de Santana Motor en el año 2011. Los ex empleados cobraron "anticipos de supuestas ayudas, sin sujeción al procedimiento legalmente establecido y con el consiguiente menoscabo o administración ilícita", detalla el magistrado en un auto del pasado 16 de febrero al que tuvo acceso EL MUNDO.
Estas pesquisas se unen a otras que tramita este mismo juez desde el año 2022 sobre el flujo de dinero público entre Santana, la Junta de Andalucía y una red de empresas, con la excusa de reflotar la empresa de Linares. En esta causa figuró como investigado el marido de la ex directora de la Guardia Civil la socialista María Gámez, si bien finalmente el instructor lo exoneró de cualquier responsabilidad. No obstante, tanto en nueva pieza sobre Santana Motor y el Plan Linares Futuro, como en la de 2022, aparece como investigado Bienvenido Martínez Martínez, ex directivo de la Agencia IDEA, ex presidente de Santana y cuñado de María Gámez.
La novedad de la última investigación sobre Santana Motor, que se inició el año pasado, radica en que el juez está analizando la forma que empleó la Junta para hacer llegar fondos públicos a los ex trabajadores de la empresa de Linares "sin control alguno", recoge el auto. El método usado para canalizar los fondos públicos de manera fraudulenta fue el mismo que años antes instauró el Gobierno andaluz en la trama de los ERE, a través de las transferencias de financiación y por medio de la Agencia IDEA, también conocida como la caja pagadora de los ERE irregulares. El presunto fraude en torno a Santana, que se está investigando judicialmente en al menos dos causas distintas, se produjo durante la etapa de José Antonio Griñán como presidente andaluz.
La Intervención General de la Junta
Los "anticipos" de las subvenciones y las ayudas sociolaborales que cobraron los ex trabajadores de Santana se realizaron con transferencias de financiación de capital de la Agencia IDEA, "eludiéndose controles y fiscalizaciones", dice el auto judicial. La Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) -recuerda el juez- advierte en un informe que las transferencias de financiación de capital deben utilizarse para "financiar, de forma genérica, la estructura fija de la entidad", en este caso, de la Agencia IDEA, "debiendo figurar las inversiones realizadas en el activo de la correspondiente entidad".
El juez explica que la Intervención de la Junta ya había alertado en numerosos informes de que el uso de transferencias de financiación de capital para hacer llegar fondos al Grupo Santana Motor, "ya sea para las operaciones propias de su liquidación o para realizar los anticipos" del Plan Linares Futuro, "no es el previsto en la normativa para esta figura presupuestaria". Por tanto, se habría hecho "un mal uso" de estas transferencias, lo que conllevaría, además, que los citados anticipos a los ex trabajadores se hubieran realizado "sin control alguno por parte de la Intervención de la Junta de Andalucía", apostilla el auto.
Anticipos a 750 trabajadores
No es la única irregularidad bajo la lupa judicial. Entre los 750 trabajadores que recibieron "anticipos" había 17 que no aparecen como beneficiarios de las ayudas sociolaborales y, por lo tanto, no tendrían derecho cantidad alguna. Ello habría provocado un "menoscabo de fondos públicos", añade el juez.
También se está analizando un préstamo concedido a la Asociación de ex trabajadores de Santana "28 de Febrero" en 2011, por importe de 1.497.343,36 euros, ya que no se adoptaron las "medidas de garantía suficientes" para que se pudiera recuperar. Todo ello resultaría "improcedente", según la Intervención General de la Junta.
Los investigados
El juez ha citado como investigados, además de a Bienvenido Martínez Martínez, a Francisco S. J. y Salvador C. G., ambos en representación de la Asociación de ex trabajadores de Santana "28 de Febrero". Según la documentación que forma parte del sumario, la formalización del préstamo autorizado por "unanimidad" de los miembros del consejo de administración de Santana, del que formaba parte la Junta, habría obedecido a una "mera ficción".
Esta nueva causa sobre Santana Motor trata de dilucidar si se cometieron delitos de prevaricación y malversación a raíz del Plan Linares Futuro, que la Junta selló en 2011 con UGT y CCOO. En virtud de ese programa, el Gobierno andaluz pagaba una prestación económica mensual a más de 700 antiguos trabajadores de la compañía de Linares, a los que prometió recolocar en cinco grandes empresas tecnológicas que se iban a instalar en la zona, pero nunca llegaron.