El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, durante un pleno del Congreso de los Diputados. EP
Política PARTIDO POPULAR El PP propone endurecer la ley de protección del menor para que incitar al suicidio en redes se castigue con 4 años de cárcelLas enmiendas de Feijóo buscan actualizar el Código Penal para frenar los trastornos de conducta alimentaria ligados a redes sociales y castigar los retos virales que pongan en peligro a menores y personas con discapacidad.
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Alberto D. Prieto Publicada 8 diciembre 2025 03:04hLas claves nuevo Generado con IA
El PP propone endurecer la ley para castigar con hasta 4 años de cárcel la incitación al suicidio a través de redes sociales y plataformas digitales.
Las enmiendas incluyen también penas para quienes difundan contenidos que promuevan autolesiones, retos virales peligrosos o trastornos de conducta alimentaria entre menores o personas con discapacidad.
El proyecto de ley eleva de 14 a 16 años la edad mínima para consentir el tratamiento de datos y abrir perfiles en redes sociales sin permiso parental.
La futura norma obliga a fabricantes y plataformas a implementar controles parentales efectivos y permite a los jueces ordenar la retirada o bloqueo de contenidos peligrosos, incluso si están alojados en el extranjero.
El Partido Popular propone endurecer las penas a los responsables de contenidos que inciten al suicidio en redes. La formación de Alberto Núñez Feijóo, en plena campaña para promocionar sus ideas sobre seguridad, ha registrado una batería de enmiendas al proyecto de ley de protección del menor.
Además de reforzar la protección de la vida de los jóvenes y menores a través de internet, las enmiendas populares, pilotadas por Cuca Gamarra, incluyen a las personas con discapacidad, en todos los casos, con penas de entre dos y cuatro años de prisión para los infractores.
Un nuevo artículo 143 bis castigaría a "el que a través de cualquier tecnología de la información o de la comunicación genere, incorpore, remita, difunda o distribuya contenido susceptible de incitar al suicidio" y obligará a los jueces a ordenar la retirada o el bloqueo de esos contenidos "aun cuando radiquen en el extranjero".
Además del foco en el suicidio, los populares quieren combatir la proliferación de retos virales peligrosos y la incitación a las autolesiones entre menores.
La reforma del artículo 156 ter prevé sancionar los contenidos "idóneos para promover, entre menores de edad o personas con discapacidad, retos para su viralización que supongan grave riesgo para la salud o integridad física" con multas de seis a doce meses o penas de prisión de uno a tres años.
Una de las 2 menores de Jaén "verbalizó que quería morir" y la Policía indaga si "sugestionó" a su amiga para ahorcarse juntasEl tercer eje del paquete de enmiendas se dirige a frenar los trastornos de conducta alimentaria impulsados desde las redes sociales.
El nuevo artículo 361 bis castigaría con multa o prisión de hasta tres años a quien difunda contenidos "idóneos para promover o facilitar, entre menores de edad o personas con discapacidad, el consumo de productos, preparados o sustancias o la utilización de técnicas de ingestión o eliminación de productos alimenticios cuyo uso sea susceptible de generar riesgo para la salud".
De los 14 a los 16 años
Estas propuestas se enmarcan en la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que el Congreso debate desde septiembre.
La norma, impulsada por el Gobierno, persigue adaptar el ordenamiento a un ecosistema dominado por redes sociales, plataformas de vídeo y videojuegos en línea, donde se han disparado los riesgos de acoso, exposición a contenidos dañinos y captación por parte de adultos.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, y Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social, en el Congreso. EP
El proyecto del Ejecutivo eleva de 14 a 16 años la edad mínima general para consentir el tratamiento de datos y abrir perfiles en redes sin autorización de los progenitores.
La norma también introduce obligaciones reforzadas para plataformas y servicios digitales, que deberán extremar las medidas de protección de los usuarios menores, desde sistemas de verificación de edad hasta mecanismos para limitar el acceso a contenidos para adultos.
El Parlamento Europeo exige elevar a 16 años la edad mínima para acceder a las redes socialesOtra de las columnas de la futura ley es el refuerzo de la responsabilidad de fabricantes y proveedores de dispositivos conectados.
El texto obliga a que móviles, tabletas, televisores inteligentes o consolas integren herramientas de control parental accesibles y eficaces, de forma que la seguridad deje de depender sólo de la configuración voluntaria de las familias. Este punto ha generado fuertes fricciones con la industria tecnológica, que denuncia el riesgo de fragmentación del mercado.
El proyecto gubernamental también actualiza el Código Penal en materias como el 'grooming', los 'deepfakes' y las órdenes de alejamiento digitales.
Se habilita a los jueces para imponer prohibiciones de contacto y aproximación en redes sociales, foros o servicios de mensajería, y se agravan las penas cuando las víctimas sean menores o personas con discapacidad, en línea con la creciente preocupación social por los delitos cometidos en entornos virtuales.
Hoy es "inaplicable"
Sobre esta base, el PP sostiene que el actual delito de inducción e incitación al suicidio resulta "inaplicable" cuando la conducta se produce a través de redes sociales o plataformas digitales.
Su enmienda 223 propone reescribir el artículo 143 bis para que el foco ya no esté sólo en la relación directa entre autor y víctima, sino en la generación y difusión de contenidos "susceptibles de incitar al suicidio" dirigidos a menores y personas con discapacidad.
La Guardia Civil investiga un vídeo en el que dos menores le queman el pelo a un indigente en un pueblo de SevillaLos populares defienden que "el endurecimiento de las penas es necesario" para que este tipo de conductas deje de quedar impune.
Al fijar un mínimo de dos años de prisión, el PP busca que los tribunales dispongan de margen suficiente para imponer condenas efectivas y medidas cautelares contundentes frente a páginas, canales o perfiles que hacen apología del suicidio o promueven prácticas de autolesión entre adolescentes.
El paquete de medidas incluye expresamente la interrupción de servicios que ofrezcan "predominantemente dichos contenidos".
La enmienda 225 actúa como complemento en el terreno de las autolesiones y de los retos virales. El nuevo artículo 156 ter castiga, por un lado, la difusión de contenidos "idóneos para incitar a las autolesiones".
En paralelo, el PP quiere asegurar que estas conductas no sólo tengan reproche penal, sino que se puedan atajar de forma preventiva.
Por eso plantea que las autoridades judiciales puedan ordenar, "ya sea como medida cautelar, o en su caso mediante sentencia, la retirada de los contenidos", así como el bloqueo de servicios, incluso cuando se alojen fuera de España. El objetivo declarado es impedir que los desafíos peligrosos vuelvan a viralizarse una y otra vez.
La violencia se dispara: los expertos alertan de una generación marcada por las adicciones y la falta de límitesLa lucha contra los trastornos de conducta alimentaria inducidos desde internet se articula en la enmienda 253, que reescribe el artículo 361 bis.
El texto propuesto sanciona a quien difunda contenidos que promuevan el consumo de sustancias o técnicas de ingestión o eliminación de alimentos "cuyo uso sea susceptible de generar riesgo para la salud".
Finalmente, la enmienda 244 introduce un nuevo artículo específico sobre protección frente a retos virales que pongan en riesgo la salud o la integridad del menor.
Las denominadas Plataformas de Entornos Digitales Sensibles deberán implementar sistemas de "detección temprana, eliminación de contenidos y colaboración con la autoridad nacional de supervisión y coordinación" para identificar a los promotores de esos retos y frenar su difusión.
El texto remite además a un desarrollo reglamentario de un régimen sancionador 'ad hoc' para quienes elaboren, difundan o incentiven estos desafíos.
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