- JAVIER AYUSO
- Decreto de vivienda: estas son las medidas que negocia a contrarreloj el Gobierno
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Maricarmen, tengo una noticia para ti: El Gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el próximo real decreto sobre vivienda", decía el domingo Pedro Sánchez en un mitin en Getafe.
A la misma hora, los cientos de acampados en la Puerta del Sol de Madrid gritaban "gobierno progresista, hipócrita y rentista" y Yolanda Díaz llamaba a movilizarse contra el Ejecutivo del que es vicepresidenta. Todo ello, mientras circulaban borradores entre el PSOE, Sumar, Podemos, Junts y PNV para intentar consensuar un decreto ley sobre vivienda que no decaiga a los treinta días en el Parlamento como ha sucedido con los dos anteriores.
Al margen de que el Consejo de Ministros consiga esta mañana aprobar un decreto con los apoyos suficiente de sus socios y aliados, nadie puede dudar a estar alturas de que el problema de la vivienda (el primero en la lista de los españoles), no se soluciona con una disposición redactada y negociada en caliente tras el penoso desahucio de Maricarmen Abascal, una anciana enferma de 87 años que fue expulsada de su vivienda la semana pasada. Se podrá calmar en parte la ira de la calle, pero hasta que no se afronte con realismo y ambición la gravedad de la situación y se plantee un pacto de Estado para la vivienda, seguirán los desahucios y la imposibilidad de comprar o alquilar un piso en España.
Los principales servicios de estudios cifran entre 750.000 y un millón la falta de viviendas en nuestro país. Mientras no se consiga revertir ese problema de oferta, todo lo que se haga con decretos en caliente caerá en saco roto. Es necesario construir un mínimo de 200.000 viviendas anuales, el doble que ahora, para atender al crecimiento de la población y la creación de nuevos hogares. Y para eso, hay que flexibilizar todos los procesos burocráticos, poner suelo a disposición de los ayuntamientos y mejorar la seguridad jurídica y las condiciones fiscales de los propietarios para que se animen a poner en alquiler sus pisos. Tampoco estaría de más ampliar el parque público de alquiler en España, que nos sitúa a la cola de Europa con un 3%.
Mientras tanto, se podrán poner remiendos para evitar los 25.000 desahucios que se producen en nuestro país cada año o para intentar calmar la ira de la calle. El 15 de mayo de 2011, miles de ciudadanos, en su gran mayoría jóvenes, tomaron la Puerta del Sol de Madrid coreando lemas como "no nos representan" o "una juventud sin futuro". Entonces, el problema de la vivienda no estaba entre los cinco primeros de los españoles. El 26 de septiembre, esta nueva toma del kilómetro cero de España refleja la misma indignación que hace quince años.
El 15-M desembocó en la creación de Podemos, que alcanzó años después una vicepresidencia en el Gobierno y las alcaldías de Madrid y Barcelona. Pero el Consejo de Ministros "más progresista de la historia" no ha conseguido solucionar los graves problemas de los que se quejaban los indignados. En el caso de la vivienda, la situación ha llegado a límites insoportables. Con el 26-S se pretende ahora resucitar a algunos líderes de entonces, como Ada Colau, que quiere encabezar un Frente Amplio al más puro estilo de la izquierda latinoamericana.
En medio de estas movilizaciones, desde el PSOE se intenta capear el temporal con dos se sus estrategias habituales. En primer lugar, culpar al PP de todos los males del infierno y, en segundo, depositar la presión en sus socios para que apoyen el decreto que podría aprobar hoy el Consejo de Ministros.
Pero hay que ir a la hemeroteca para intentar poner luz sobre una cuestión tan importante como la legislación española sobre vivienda en alquiler. No cabe duda de que todos los gobiernos de la democracia han tenido su parte de culpa en la carestía de la vivienda y en el aumento de los desahucios por impago de los inquilinos. Pero fue durante los gobiernos de Felipe González cuando se aprobaron dos leyes que cambiaron las reglas para los alquileres de viviendas. El decreto de Miguel Boyer de 1985 y la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, intentaron liberalizar un mercado muy intervenido por el franquismo. Se acabó con la prórroga forzosa de los contratos de alquiler y con la limitación de los contratos de renta antigua.
Años después, con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, se aprobó en 2009 la Ley de Fomento y Agilización Procesal del Alquiler, con Beatriz Corredor (la del apagón) de ministra de la Vivienda. Se ampliaron los plazos en los que no procedía prorrogar los contratos de alquiler fijados en el decreto Boyer, se agilizaron los desalojos y se anunció la apertura de nuevos juzgados para que los alzamientos se ejecutaran en 15 días.
Ahora, en medio de una fuerte movilización por toda España, el Gobierno intenta legislar en caliente para calmar a los ciudadanos. Pero, como en toda la legislatura, necesita contentar a todos a la vez y en todas partes, para que el decreto no decaiga en 30 días. Algo muy complicado, dado que Podemos habla de expropiaciones, Sumar de topes y de prórroga automática de los alquileres y Junts exige ventajas fiscales para los pequeños propietarios. Un puzzle muy difícil de construir, tras dos fracasos previos y con una presión fortísima en la calle.
También cabe la posibilidad de que Sánchez, como ha hecho otras veces cuando no ha conseguido una mayoría suficiente, vuelva a aprobar un decreto ómnibus con medidas sobre vivienda, ayudas contra la inflación y otros asuntos y lo lance al Parlamento para culpar luego a los que no lo apoyen. Todo es posible.
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