La cotización al 125% del SMI elevará un 4,72% la pensión inicial de los perceptores. Fedea advierte de que al sobrecoste en pensiones se añaden los 8.480 millones en cuotas sociales no recaudadas.
Reducir la edad de acceso al subsidio especial por desempleo de 55 años a 52 años en la reforma de 2019 ha catapultado el volumen de perceptores en los últimos ocho años. El último dato disponible de julio de 2026 sitúa en 466.077 los beneficiarios de esta prestación no contributiva, un 75% más que los niveles previos a la reforma. Sin embargo, los cambios que impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez sobre el esquema de la ayuda también tendrán un impacto relevante más allá del coste actual.
El incremento de la cotización que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) hace a la Seguridad Social a favor de los beneficiarios, que pasó de ser el 100% del salario mínimo interprofesional al 125%, tendrá un importante impacto presupuestario para las arcas públicas en las futuras pensiones de jubilación que recibirán los perceptores del subsidio para mayores de 52 años. Según cálculos de Fedea, esta factura subyacente en futuras pensiones de jubilación será de casi 9.500 millones más respecto al escenario previo a la reforma de 2019.
Cabe recordar que otro de los cambios introducidos es ahora los beneficiarios pueden cobrar el subsidio, que en 2026 alcanza una cuantía de 480 euros al mes -cuantía equivalente al 80% del IPREM-, hasta llegar a la edad legal de jubilación. Esto, a partir de 2027, se podría percibir desde los 52 años hasta los 67 años (un periodo de quince años).
A partir de esta premisa, los expertos de Fedea calculan que habrá 432.520 perceptores anuales durante la ventana 2019-2030, en un escenario conservador, proyectando la base reguladora sobre los últimos 25 años de carrera de cada beneficiario, y combinando 17 años con el salario medio nacional (32.923 euros anuales) y una permanencia media de 8 años percibiendo el subsidio. Al aplicar la sobrecotización al 125% del salario mínimo (20.383 euros al año) en lugar de la cotización ordinaria al 100% (16.306 euros), la base reguladora individual se incrementa un 4,73%, pasando de 27.605 a 28.910 euros.
De este modo, aplicando una tasa media de reposición del 77,3% -equivalente a 25,8 años de cotización según los estándares del Ageing Report 2024-, la pensión inicial anual alcanza los 22.347 euros, lo que representa una ganancia neta del 4,72% anual (1.008 euros más por perceptor al año) respecto a los 21.339 euros que se percibirían con la cotización ajustada al salario mínimo.
Proyectando esta diferencia a lo largo de una esperanza de vida media tras la jubilación de 21,68 años, el importe acumulado que percibirá cada pensionista escala hasta los 484.490 euros, lo que supone 21.861 euros adicionales por persona frente a los 462.629 euros del escenario base. Al trasladar este impacto al colectivo medio estimado de beneficiarios, el desembolso total en pensiones bajo la reforma de 2019 asciende a 209.552 millones de euros, frente a los 200.096 millones resultantes de haber mantenido la base en el 100% del salario mínimo, consolidando un sobrecoste estricto para el sistema de 9.456 millones de euros.
Pérdida de ingresos
Junto al mayor gasto en pensiones, la Seguridad Social asume también una significativa merma de ingresos por la vía del lucro cesante, cifrada en 8.479,5 millones de euros, por las cuotas sociales que el sistema deja de percibir -calculadas a razón de un tipo del 28,8% sobre el salario mínomo-. De esta forma, al sumar las mayores obligaciones futuras de jubilación (9.456 millones) y las cotizaciones no recaudadas, el impacto económico consolidado sobre el sistema público de previsión social alcanza los 17.935 millones de euros en valor presente.
La factura final, no obstante, dependerá del tiempo efectivo que los beneficiarios permanezcan en el esquema asistencial. Los autores advierten de que por cada año adicional que el subsidio se cobre por encima de los ocho años contemplados en el escenario base, el coste para la Seguridad Social aumentará en más de 1.900 millones anuales (848 millones en mayor gasto de pensiones y 1.060 millones en cuotas no ingresadas), lo que elevaría el coste total hasta rozar los 22.900 millones de euros si la prestación se agotase durante un periodo de 12 años.
A toda esta tensión sobre las cuentas de la Seguridad Social se añade, además, el desembolso directo financiado por el SEPE para el pago de la propia ayuda asistencial, que supondrá un gasto acumulado de 15.877 millones de euros entre 2019 y 2030.
Del paro a la jubilación: casi medio millón de personas cobran el subsidio para mayores de 52 añosEspaña ahorraría hasta 1.500 millones si congelara las pensiones máximas, como plantea FranciaEl pico máximo de jubilados en España llegará en plena caída de mano de obra Comentar ÚLTIMA HORA-
11:41
MyInvestor alcanza el millón de clientes
-
11:36
La delegación de Sanidad ya está en Ceuta para evaluar el impacto de la crisis migratoria en la atención sanitaria
-
11:34
El subsidio para mayores de 52 años inflará el gasto en pensiones de jubilación en casi 9.500 millones
-
11:11
Shein espera recaudar hasta 1.513 millones con su salida a Bolsa el 1 de septiembre
-
11:08
Los tribunales están anulando las medidas de Trump para revertir las leyes medioambientales