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Los gobiernos español y luso pactarán hoy derribar barreras administrativas y homogeneizar procesos a fin de facilitar la actividad de las empresas y el acceso a contratos públicos por igual a ambos lados de la frontera.
El Gobierno de España y el de Portugal acordarán hoy impulsar un auténtico mercado ibérico común. El proyecto, que se impulsará durante la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa que acoge hoy La Rábida (Huelva), según ha podido saber EXPANSIÓN, busca eliminar barreras geográficas y burocráticas a fin de que las empresas ejerzan su actividad indistintamente a ambos lados de la frontera, tanto a efectos comerciales como de acceso a crédito o a licitaciones públicas. La iniciativa, que engarza con el plan del Ministerio de Economía para reducir trabas a la actividad ente las diferentes comunidades autónomas españolas, aspira a servir de ejemplo para el desarrollo del mercado único en la Unión Europea, con reglas comunes para la actividad empresarial en los 27 Estados miembros.
El proyecto hispano-portugués va más allá de que, a nivel de actividad empresarial, "las normativas o los permisos sean similares", detalla a este diario el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Israel Arroyo. El objetivo, detalla, es derribar barreras y homogeneizar procesos "también en el ámbito de la licitación pública", por ejemplo, de manera que "empresas portuguesas puedan licitar en España y empresas españolas en Portugal", accediendo indistintamente a los contratos públicos adjudicados en los dos territorios.
Es más, la hoja de ruta también incluye facilitar el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales; avanzar hacia un sistema común de facturación electrónica entre empresas de los dos países; simplificar la apertura de cuentas bancarias transfronterizas; impulsar la cooperación entre el Banco Português de Fomento (BPF) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO); y explorar la posibilidad de un sistema de ráting de crédito público conjunto que amplíe las opciones de financiación y las oportunidades de inversión transfronterizas.
Mención especial merece la intención de ambos países de promover conjuntamente el establecimiento de interconexiones eléctricas con el resto de Europa. Después de todo, el foro de hoy tiene como leitmotiv Alianza por la seguridad climática y ambos países reivindican la "solución ibérica" de tope al precio del gas aplicada tras la invasión rusa sobre Ucrania en un momento en el que el ataque de EEUU e Israel sobre Irán, y su respuesta, vuelve a presionar al alza los precios energéticos.
El objetivo de fondo del pacto por el mercado ibérico, resume Arroyo, es el de "crear una zona de comercio y contacto económico reforzado" siguiendo la estela de ejemplos históricos "como el de Benelux", la zona de cooperación económica, eliminación de barreras comerciales fundada por Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo en los años 40 del siglo pasado y que sirvió de germen para la Unión Europea. Un modelo de integración económica que España y Portugal se han propuesto actualizar, adaptándolo al siglo XXI, a las nuevas necesidades comunitarias y los desafíos que afronta Europa.
El proyecto hispano-luso bebe de la propuesta del exprimer ministro italiano Enricco Letta, que en su informe de recetas para mejorar el mercado único comunitario apostó por la creación del llamado "Estado 28", una suerte de régimen virtual común para todos los países de la Unión Europea que facilite que la empresa que opere en un territorio pueda iniciar actividad en cualquiera de los otros.
Partiendo de este ejemplo, el Gobierno española puso en marcha el diseño del proyecto "Régimen 20", que busca comenzar el derribo de trabas internas a la actividad, anulando las fronteras administrativas autonómicas españolas, para que una compañía pueda acceder a las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con trámites simplificados comunes. El desarrollo de este modelo comenzó a abordarse el pasado año partiendo de los cinco sectores que más dificultades interterritoriales han denunciado: comercio y hostelería; transportes; formación; profesiones reguladas; y construcción de infraestructuras.
Ahora, el Gobierno aspira a poner en marcha el modelo incorporando también a Portugal como primera experiencia supranacional. La iniciativa recibirá el decisivo espaldarazo de una declaración conjunta de ambos países en la Cumbre de hoy, inicialmente prevista para el día 29 de enero pero pospuesta por la tragedia ferroviaria de Adamuz, por cuyas víctimas se celebró un funeral ese mismo día, también en Huelva. El acto de hoy, que contará con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, Luis Montenegro, dará paso al "Foro Estratégico Luso-Español para Impulsar la Competitividad", que impulsará la hoja de ruta de implementación del mercado ibérico en busca "resultados visibles en el corto y medio plazo".
Relación comercial
La iniciativa promete ampliar la ya próspera relación comercial entre España y Portugal. Según los datos oficiales recogidos por ICEX, las exportaciones españolas al país vecino alcanzaron los 35.316 millones de dólares (unos 30.000 millones de euros) en el ejercicio 2024, con ventas superiores a 2.000 millones en partidas como combustibles y aceites minerales; vehículos automóviles; aparatos y material eléctrico; maquinaria; o materias plásticas. España, a su vez, importó 18.105 millones de dólares (15.300 millones de euros) de bienes lusos, arrojando saldo comercial a su favor de unos 17.211 millones de dólares (14.600 millones de euros). El comercio de servicios, por valor de más de 5.000 millones en compras y ventas, también arroja un ligero superávit comercial en favor de Madrid, mientras que los flujos de inversión y empleo crecen en ambas direcciones.
Una IA con toda la regulación española para empresas
El Ministerio de Economía sigue trabajando en su proyecto para eliminar trabas a la actividad empresarial entre las distintas regiones españolas. "El régimen 20 tiene la ambición de ser un mecanismo de coordinación entre administraciones en que se puedan encontrar soluciones comunes a problemas comunes", explica Israel Arroyo, secretario de Estado de Economía, que defiende que en ocasiones cada región tiene "preferencias territoriales distintas, perfectamente legítimas", como cuando un país regula "conducir por la derecha y en otro por la izquierda, perfectamente lícito, pero si en los dos condujeran por la derecha sería mejor para todos". En todo caso, matiza, más allá de los esfuerzos que puedan hacerse a la hora de homogeneizar trámites y licencias, "muchas de las dificultades que se encuentran las empresas no son tanto de que los regímenes sean distintos entre comunidades, sino de que no los conocen, por lo que cuando van a dar el salto de una comunidad a otra, o de un ayuntamiento a otro, tienen que hacer primero una labor" de recopilación y asimilación de la normativa, que difiere a la de su mercado de origen. Para solventar este tipo de situaciones, el Ministerio de Economía trabaja en la creación de "un repositorio único de la normativa autonómica y local" de toda España para que "cualquier empresa pueda conocer inmediatamente la regulación que rige en tal municipio de tal comunidad". A partir de ahí, "el siguiente paso" será tomar esta macrobase de datos y "gestionarla a través de motores de Inteligencia Artificial" para facilitar las consultas. "Habrá diferencias regulatorias imposibles de eliminar", asume Arroyo, pero serán más fáciles de conocer.
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