- IGNACIO G. PEROTTI PINCIROLI
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Frente a las dictaduras, el remedio no se halla en intervenciones extranjeras ni en el pisoteo del derecho internacional y los derechos humanos.
Es un error pensar que el derecho internacional es igual para todos los países, que es igual en todas partes. No lo es. El derecho internacional no es igual en Estados Unidos -para Estados Unidos- que en América Latina -para América Latina-. Depende del quién, del dónde y del cómo. Lo que el mundo ha presenciado atónito en Venezuela hace algunos días es una muestra cabal de ello. Una más.
En mi reciente libro, El derecho de las relaciones exteriores. Estados Unidos, América Latina y el derecho internacional, analizo esa paradoja: ¿cómo se explica que el derecho internacional, universal en su pretensión, se interprete de forma tan diferente, se (in)cumpla de forma tan desigual, por Estados Unidos y por América Latina? Durante más de un siglo, Estados Unidos ha creado un derecho internacional à la carte mediante una disciplina jurídica llamada Foreign Relations Law; es decir, el derecho de las relaciones exteriores (DRE). En el sistema jurídico estadounidense, esta es una rama del derecho con mucho más prestigio y popularidad que el derecho internacional: tiene más presupuesto en las universidades, más profesores y publicaciones, y mucha más autoridad entre los poderes públicos, en especial en los tribunales. El propio nombre de la disciplina ya da una pista: es el derecho interno que gobierna las relaciones exteriores de Estados Unidos frente al resto de la comunidad internacional. Estados Unidos como centro del mundo, como centro de su propio derecho internacional, erigido a la medida de sus intereses y objetivos.
Arcilla jurídica
El DRE fija las condiciones para "cumplir" el derecho internacional a la manera y bajo las formas estadounidenses. Una arcilla jurídica moldeada por décadas de intervencionismo e imperialismo regional y global, que le permite justificar, a través del derecho nacional, la violación de los principios más básicos del derecho internacional y los derechos humanos, bajo el pretexto del interés nacional estadounidense. América Latina ha sido víctima temprana de esa geopolítica justificada e instrumentada por el derecho, encarnada primero en la doctrina Monroe, luego en la "política de buena vecindad" de Roosevelt, y ahora en la doctrina "Donroe", versión moderna de prácticas viejas, antes disfrazadas de buenas intenciones y que ahora van desnudas.
El DRE estadounidense no se limita a traducir el derecho internacional, sino que lo reordena, lo jerarquiza, lo reinterpreta según la política exterior del gobierno de turno. A nivel global lo hemos presenciado en las leyes, órdenes ejecutivas y resoluciones judiciales que, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, avalaron la "guerra contra el terrorismo", y las invasiones de Irak y de Afganistán, las detenciones ilegales y torturas en Guantánamo y en Abu Ghraib. Tristemente, en América Latina esta es una historia trillada: la hemos visto en los años 1970, con la complicidad estadounidense en las dictaduras sudamericanas; en los años 1980, con las operaciones de la CIA en Nicaragua y con la invasión estadounidense a Panamá y el secuestro del dictador -y antiguo colaborador de la CIA- Manuel Noriega. Y ahora la vemos una vez más en Venezuela, con el ataque ilegal de Estados Unidos en violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos, y los principios más básicos del derecho internacional.
Lejos estoy de defender que el derecho internacional sea un orden perfecto o completamente justo. No lo es, y basta recordar quiénes tienen sillones permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU para comprobarlo. Pero, aunque nos parezca injusto o contrario a la moral, el derecho internacional no autoriza a los Estados a derrocar dictaduras e imponer la democracia mediante el uso de la fuerza. Es el derecho estadounidense, y no el derecho internacional, el que ha permitido una invasión alevosa a un Estado soberano, el asesinato de casi doscientos personas -si se cuentan también las víctimas de los ataques en aguas del Caribe-, el secuestro de un jefe de Estado y su presentación a la fuerza ante un juez de Estados Unidos -no un tribunal internacional- que, como tarea de rutina, no se inmuta ante semejante acontecimiento: no cuestiona el modo de su detención, no sopesa su inmunidad como jefe de Estado, no actúa como garante de la legalidad.
En cualquier país que aspire a tomarse en serio el Estado de derecho y el debido proceso esto sería impensable. ¿Cómo es posible en Estados Unidos, el autoproclamado campeón de la democracia? Aquí reside la paradoja, y el infortunio. Estos acontecimientos -Venezuela, pero también los anteriores, Groenlandia y los que vendrán- son una realidad gracias a un derecho estadounidense que traduce el derecho internacional y lo reescribe en algo que no es, con una pluma a la medida de su interés nacional. La política exterior de Estados Unidos ya no está disfrazada de buenas intenciones, sino que ahora proclama fuerte y claro que el hemisferio occidental es "su hemisferio", que está al servicio de una geopolítica vil, opaca, cínica, asesina.
Pese a nuestras carencias y nuestros errores, en América Latina tenemos un tesoro del que pocas regiones en el mundo pueden presumir: una tradición jurídica internacionalista y humanista arraigada y coherente, una apuesta constante por el multilateralismo y la solución pacífica de controversias, por la legalidad internacional y por los derechos humanos. La idea de "zona de paz" no es una consigna ingenua, sino un principio firme, producto de un aprendizaje doloroso. Ese legado no borra nuestros autoritarismos, nuestras violencias, nuestra corrupción. Pero ofrece una lección valiosa, que aprendimos de la manera más atroz: frente a las dictaduras, el remedio no puede hallarse en intervenciones extranjeras ni en el pisoteo del derecho internacional y los derechos humanos. Tal vez en el futuro, Estados Unidos aprenda algo de sus vecinos del Sur. O tal vez no.
Ignacio G. Perotti Pinciroli, jurista argentino, profesor de derecho internacional y director del Máster en Derechos Humanos en la Universidad Europea de Madrid
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