"Gracias por enseñarme": la trama que ha alcanzado al PSOE desde el Ministerio de Ribera

A finales de 2023, la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera, Marta Gómez Palenque, publicaba en su perfil de la red social profesional LinkedIn lo siguiente: «Gracias, Eugenio, por este casi año de enseñanza y trabajo, hoy estoy aún más orgullosa y convencida del trabajo que realizamos #evaluacionambiental».

Aún ahora, casi tres años después, con él detenido por recibir sobornos según una investigación de la Guardia Civil, y con ambos imputados en otra causa, siempre por decisiones tomadas en aquel tiempo, se puede leer el mensaje en internet. Junto a él, una foto muy amistosa de ambos, los dos con ese aire a ducha reciente, buena salud y vida apacible que en ocasiones lucen los funcionarios, y más cuanto más altos -la foto no es reproducible por ser una imagen privada, aunque sea de acceso público-.

Eugenio Domínguez acababa en ese momento de dejar el Ministerio, al que había llegado a principios de siglo como técnico, y donde había alcanzado en 2017, aún con el PP en el Gobierno, rango de subdirector, el puesto justo por debajo del que ocuparía más tarde Gómez Palenque. Ella, por su parte, había sido nombrada directora general en 2022 por Teresa Ribera, quien se fue a la Comisión Europea en noviembre de 2024.

Ese año y medio que Domínguez y Gómez Palenque lideraron Calidad y Evaluación Ambiental fue clave en distintos planos: para ellos mismos y sus carreras, para varias investigaciones judiciales actualmente en marcha, y para decenas, casi centenares, de proyectos de energías renovables a lo largo y ancho del país, pero sobre todo en la España vaciada: las anchas llanuras, o bien escarpados riscos, en los que colocar molinos de vientos o placas fotovoltaicas. Casi siempre en entornos solitarios y despoblados, para llenar de electricidad macrourbes a cientos de kilómetros.

La fiebre por las energías renovables, aderezada con notables millonadas en subvenciones (y en fondos europeos), se había convertido en los años previos en Eldorado del empresariado español más pugnaz una vez explotado el anterior, la burbuja del ladrillo, sobre todo con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.

Si el PP de Rajoy había sido muy restrictivo en ese ámbito, recortando primas e incluso con su famoso «impuesto al sol», Sánchez, en toda una declaración de intenciones, directamente cambió el nombre del Ministerio de Medio Ambiente a Transición Ecológica. La lluvia de proyectos, de millones (privados y públicos) y consiguientemente de cazafortunas estaba servida.

El propio Eugenio Domínguez lo explicaría así a EL MUNDO en noviembre pasado, cuando este diario publicó, después de que el nombre de Forestalia despuntara en el caso Leire, que decenas de subordinados suyos se habían quejado en el Ministerio de sus presiones para aprobar proyectos: «España había hecho una apuesta muy importante por las renovables y no podía ser que por incapacidad de tramitar los expedientes los proyectos no salieran adelante». Poco después la Guardia Civil comenzaba a seguirle la pista.

En un negocio en el que cada paso -la consecución de cada licencia, la adquisición de cada terreno o la variación del plan general de turno- es monetizable, y por eso cada proyecto pasa de unas manos a otras con enormes plusvalías en cada episodio, se habían establecido límites de tiempo «para que los expedientes no se eternizaran».

El torrente de papeles e iniciativas a la búsqueda de la quimera del oro verde -previo paso por el preceptivo permiso ministerial- era tal que Domínguez, con el marchamo de haber sido cocinero antes que fraile, técnico antes que último responsable, se convirtió en un tipo popular entre las empresas que, desde fuera, trataban de colar en palacio sus proyectos. Y el hombre se hizo querer por el gremio.

Él mismo admitiría al UCOMA (Unidad Central Operativa de Medio Ambiente) de la Guardia Civil tiempo después, en concreto la semana pasada, cómo llegó Forestalia a ofrecerle el oro y el moro, y a comprar su alma. Fue a través del empresario Ignacio López-Galiacho, para quien Domínguez hacía cosas «por las tardes», tras terminar su jornada en el Ministerio.

El papel ciclópeo de Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar y perejil de casi todas las salsas corruptas en la España del PSOE de los últimos años, emerge aquí de nuevo. Antxon conocía a López-Galiacho, y a través de él quiso conocer a Eugenio, a quien le dijo en su primera entrevista que conocía a unos empresarios de Aragón que estaban, a su vez, interesados en conocerle.

Es probable, llegados a este punto, que Domínguez ya hubiera conocido antes a otras personas, aunque esos nuevos amigos le prometieran, música para sus oídos, «arreglarle la jubilación», como ha admitido a los agentes. Y él, cercano ya el cambio de rasante, aceptó gustoso.

La investigación judicial, en manos de un juzgado de Teruel que ha llevado la causa con gran acierto, pero que en breve podría pasar a Madrid ante la relevancia ministerial adquirida, no tiene claro cuándo decía Domínguez, en su confesión a los guardias civiles del UCOMA, que Antxon Alonso había llegado a él... Pero lo cierto es que su nombre ya estaba en la lista de la compra de Santos Cerdán allá por 2018, cuando el hombre para todo de Pedro Sánchez, recién llegado éste a Moncloa, le enviaba a Koldo García dos someras enumeraciones de cargos útiles para las actividades de grupo, maniobras no precisamente legales.

En la lista del Ministerio de Fomento figuraban cinco cargos, y en la de Medio Ambiente, con el nombre «SANTI» escrito en mayúsculas en la esquina superior derecha, tres: el director general del Agua, Rafael Romero; la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Lola Pascual, y Eugenio Domínguez como amo del calabozo de Evaluación Ambiental.

Koldo le enviaba esta lista el 10 de junio de 2018 a Fernando Merino, alto cargo de Acciona -la UCO lleva años investigando, en cada caso, por qué- y Santos Cerdán le escribía seis días después al «Pequeñín», como llaman a García en la trama: «¿Todo bien? [...]. Se han hecho varios nombramientos, como no podamos meter a alguno nada será posible».

¿Qué no sería «posible» si Eugenio Domínguez no seguía en Evaluación Ambiental? Lo que sí lo fue, y más desde la llegada al Ministerio en julio de 2022 de Marta Gómez Palenque, desde la dirección general de Economía Circular de Castilla La Mancha, fue que el alto cargo se convirtió en una máquina de gestionar expedientes... Y de saldar con informes favorables las Declaraciones de Impacto Ambiental. Barra libre.

Algunos de sus subordinados comenzaron a huir incluso del departamento, asustados ante lo que podía pasar. Otros elevaron quejas por sus presiones, «constantes y asfixiantes», para aprobar permisos, e hicieron ver sus sospechas en las plantas nobles. Domínguez, siempre con el apoyo de Gómez Palenque, quien según fuentes ministeriales de la época alcanzó gran sintonía con él, había empezado a acopiar en su ordenador, que «incluso se llevaba a casa», explican, «decenas, si no centenares de expedientes». Más que todos sus indios juntos.

un pARQUE SÍ, OTRO NO

Y comenzaron los dislates. El subdirector, así, aprobó por ejemplo un parque de 54 aerogeneradores de Forestalia en Matarraña (Teruel) y denegó otro de su competencia, el Clúster Cinco Villas, pese a que los molinos de uno y otro estaban dispuestos prácticamente en cremallera, alternados unos a otros, compartiendo el mismo entorno medioambiental -la Guardia Civil pone ese caso en sus informes como evidente ejemplo de prevaricación y trato de favor-.

Algo similar sucedió en el Maestrazgo, una zona boscosa, salvaje y solitaria de la montaña turolense, a un maravilloso medio camino de ninguna parte y por cierto con otro parque eólico enorme situado al otro lado de la frontera con la Comunidad Valenciana, en Castellón, que se erigió hace 20 años con gran boato y sin embargo ha terminado de despoblar la zona. Un parque que, todo sea dicho, en su momento Francisco Camps, presidente valenciano, impulsó e incluso promocionó con el incalificable nombre de Eolic Lands.

Al Maestrazgo, primer geoparque declarado en Aragón por Unesco, empezaron a llegar propuestas para la compra de terreno y cantos de sirena a sus ayuntamientos, que comenzaron a dar palmas con las orejas. Pero cuando Teruel Existe denunció y UCOMA comenzó a indagar, la presunta red de influencia en Aragón de Fernando Samper, dueño de Forestalia, cayó como un castillo de naipes -la Guardia Civil asume ahora posibles ángulos oscuros en las gestiones de esos ayuntamientos, pero también que hay que acotar las investigaciones lo más posible para evitar que los jueces comiencen a bostezar-.

El presidente de Forestalia, Fernando Samper, el martes declarando en TeruelAntonio GarcíaEfe

El tinglado de Samper empezó a hundirse por ejemplo en el Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental), que otorgaba los permisos hasta 50W -a partir de ahí debían gestionarse en Madrid-, y cuyo director hasta 2012, Carlos Ontañón, fue fichado años después por Forestalia, y figura hoy como apoderado de 50 empresas del holding. En general, Samper, ex empresario cárnico, puso huevos en todas las cestas, fichando lo mismo a ex del Partido Aragonés Regionalista, como al ex consejero de Medio Ambiente Alfredo Boné, o a todo un ex ministro con el PP, José Manuel Soria.

Las pesquisas de los agentes de UCOMA se encontraron un buen día en los periódicos con que sus hermanos de UCO también estaban sobre Forestalia en las oceánicas ramificaciones del caso Koldo. En concreto, investigando, en torno a las andanzas de la célebre fontanera del PSOE Leire Díez, una presunta mordida de 200.000 euros para lograr 17,3 millones de financiación pública de parte de una empresa vinculada a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

De nuevo ahí la sombra incesante de Antxon Alonso, quien llegó a tener a Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de SEPI detenido junto a Leire Díez, como empleado en Servinabar, la definitiva caja de Pandora de toda esta historia. Y así se conectaron ambas investigaciones: por los andurriales de Antxon vinculando a unos y a otros.

La Guardia Civil vinculó en uno de sus informes a varios altos cargos de los ministerios de Fomento y Medio Ambiente con las actividades presuntamente ilicitas que llevaron a cabo Koldo y CerdánEl Mundo

En uno y otro grupo de la Guardia Civil no dudan ahora de que aún no tienen el cuadro completo de hechos y autores. ¿Por qué Koldo le pasaba a un alto directivo de Acciona la lista de cargos que debían seguir en Fomento y Medio Ambiente, nada menos que de parte de Cerdán, como pidiendo ayuda? ¿Por qué a Eugenio Domínguez se le contrató de nuevo en el Ministerio, tras su jubilación a mediados de 2023, por espacio de seis meses, con estatus de asesor y desde la Secretaría de Estado de Hugo Morán, nivel funcionarial A1, si entre sus subordinados era vox populi que hacía «cosas raras» con los permisos -textual recogido por EL MUNDO-?

Como ha recogido este diario de esas fuentes, que hablaban en estas páginas de forma anónima en noviembre y en diciembre -una veintena de ellas declaraba ante UCOMA-, el papel de la superiora de Domínguez, Marta Gómez Palenque, había sido clave. Esto dice ahora mismo una de esas fuentes ministeriales: «Hay aquí mucha indignación frente a la protección que parece que se está dando a la directora por parte de sus superiores jerárquicos, cuando ella protegió a Eugenio».

Y se refieren como maniobra fea al anuncio de una auditoría interna/caza de brujas en el departamento: «Es una forma de poner un cortafuegos en Eugenio, que sea el único que asuma responsabilidades y evitar que las sospechas suban en el escalafón del Ministerio». A los guardias civiles, por cierto, les sorprendió la implicación en el servicio y la honorabilidad de la veintena de funcionarios que denunciaron los hechos. Podrían haber mirado para otro lado, pero no lo hicieron, deslizan en las actuaciones.

UCOMA, en todo caso, no ha encontrado hasta el momento en Gómez Palenque evidencia de enriquecimiento ninguno según ha podido saber este diario, y los declarantes creen que muchos de los expedientes no pasaban por su mesa si no era para la apresurada firma. Con consecuencias a veces inesperadas, no obstante. Ambos, Domínguez y Gómez Palenque están ahora mismo investigados por prevaricación en un juzgado madrileño, por aprobar un megaparque fotovoltaico de Iberdrola en Alcántara (Cáceres) saltándose las normas a sabiendas, como certificó la Fiscalía de Medio Ambiente. Ellos, guardianes del Medio Ambiente, se saltaron todos los informes medioambientales.

Sin embargo, el Ministerio Público pide ahora el archivo de las actuaciones, amparándose en un fallo procesal: se habría cumplido el plazo límite para la instrucción. Salvados por la campana -aunque hay recurso en marcha y la cuestión de fondo, muy interpretativa, no está clara-.

A nadie se le escapa, no obstante, que la llave que ambos, Gómez Palenque y Domínguez, tenían en la mano mecía la cuna de cientos de millones en inversiones por toda la geografía española. Y no sólo privados, también públicos: en Alcántara, un total de 22. No falta en todo este submundo de las renovables, por cierto, quien señala que la verdadera guinda del negocio está ahí, en las ayudas, replicando un esquema que durante muchos años funcionó en la burbuja del ladrillo, salpimentada de subvenciones hasta que la caldera reventó.

Así, mientras Domínguez cobraba cinco millones de Forestalia para que le arreglaran «la jubilación», asistía a pecho descubierto a diversos saraos de la compañía y llamaba al sector, en vídeos aún hoy colgados en Youtube, a «agilizar los trámites» porque tenía «muy poco tiempo» para «aprobar» dar los permisos, Gómez Palenque, que al contrario que él sí venía del entorno político, le protegía desde arriba.

Y le despedía afectuosa: «Gracias por liderar la Subdirección todos estos años y en especial, este año nada fácil [se refiere a 2023], y gracias por todo el legado que nos dejas, seguro que veremos hechos realidad todos los planes y trabajos que hemos diseñado juntos para los próximos años [...] Gracias por aceptar quedarte cerca y seguir remando, y seguir enseñándome».

Y, arriba del todo, Teresa Ribera ejecutando una apuesta decidida por las renovables, y saliendo a la Comisión Europea con ese bagaje en la mano en 2024.

Este diario ha dirigido a Transición Ecológica diversas preguntas acerca de la ejecutoria de Marta Gómez Palenque en ese tiempo, sin obtener respuesta.