- Directivos: cómo regresar a España sin sobresaltos fiscales
- Magnates ingleses piden a Burnham pagar más impuestos
Propietarios de segundas residencias de lujo demandan a Rhode Island por un nuevo gravamen a viviendas de más de un millón de dólares, al que califican de inconstitucional y discriminatorio para los no residentes.
Una coalición de propietarios de algunas de las residencias secundarias más exclusivas de Rhode Island ha presentado una demanda formal ante el Tribunal Superior del Condado de Newport contra el Estado, alegando que la nueva tasa sobre viviendas de lujo no ocupadas por sus dueños —coloquialmente conocida como el "impuesto a Taylor Swift"— viola múltiples disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos.
La demanda, registrada con el número de caso NC-2026-0353 y fechada el 19 de agosto de 2026, busca invalidar la ley denominada "Non-Owner Occupied Property Tax Act" (Ley del Impuesto sobre Propiedades No Ocupadas por el Propietario). Esta legislación impone un gravamen adicional a aquellas viviendas tasadas en más de un millón de dólares que no constituyan la residencia principal del propietario o que se habiten durante menos de 183 días al año.
Mansión de Taylor Swift en Rhode Island.EXPANSIONEl impuesto en cuestión establece una tasa de 2.50 dólares por cada 500 dólares de valor tasado que exceda el primer millón. Por ejemplo, para una propiedad valorada en dos millones de dólares, el propietario debe pagar una tasa anual adicional de 5,000 dólares directamente al Estado, un recargo que se suma a los impuestos municipales ordinarios.
El factor 'Taylor Swift' y el perfil de los demandantes
Aunque la famosa cantante Taylor Swift —quien posee una célebre mansión frente al mar en la localidad costera de Westerly— no figura con su nombre propio en la lista de demandantes directos, el impuesto ha sido popularmente bautizado bajo su nombre por su diseño específico para gravar las grandes fortunas de fuera del estado que adquieren residencias de veraneo en la costa de Rhode Island.
La acción judicial ha sido promovida por más de cincuenta demandantes, entre los que se incluyen fideicomisos familiares, sociedades de responsabilidad limitada (LLC) y particulares con propiedades en enclaves de alto valor como Westerly, Newport, Portsmouth y Middletown. Representados por la firma de abogados Hinckley, Allen & Snyder LLP, los demandantes argumentan que la medida es un intento "deliberado y desproporcionado" de penalizar a los no residentes.
Argumentos de la demanda: "Tributación sin representación"
La denuncia civil pone el foco en el carácter político y recaudatorio de la norma. Para ilustrarlo, el documento cita las declaraciones de la principal patrocinadora de la ley durante las audiencias legislativas, quien afirmó que "la belleza de esto (...) es que ninguna de estas personas, al ser no residentes del Estado de Rhode Island, puede votar en mi contra o en contra de cualquiera de ustedes (...) No pueden registrarse para votar aquí, así que tal vez no estén contentos, pero bueno, necesitamos encontrar dinero en alguna parte".
Los demandantes sostienen que esta postura vulnera el principio democrático básico de "no hay tributación sin representación" y argumentan que la ley viola la Cláusula de Comercio Inactiva (Dormant Commerce Clause), la Cláusula de Privilegios e Inmunidades, y la Cláusula de Igual Protección de la Constitución estadounidense, al discriminar activamente a ciudadanos de otros estados.
Una justificación calificada de "pretextual"
La demanda rebate punto por punto las justificaciones del Estado para aplicar este impuesto, tales como el supuesto gasto excesivo en servicios municipales que generan estas viviendas o su impacto en la escasez de vivienda asequible.
Según el texto de la querella, las segundas residencias consumen significativamente menos servicios públicos que las viviendas permanentes. Un ejemplo de ello es el sistema escolar, que representa aproximadamente el 58% de los presupuestos municipales de la región y que los propietarios de fuera del estado no utilizan.
Asimismo, se denuncia que los fondos recaudados no se destinarán a los municipios para mitigar supuestas cargas de infraestructura, sino al fondo estatal de créditos fiscales para desarrolladores privados de viviendas de bajos ingresos. Los demandantes califican este mecanismo de transferencia de riqueza como un "embargo regulatorio" que interfiere con las expectativas de inversión legítimas de los propietarios.
Con la presentación de esta demanda, los propietarios de viviendas de lujo solicitan formalmente al tribunal que declare la ley inconstitucional e inaplicable, ordenando además el reembolso con intereses de cualquier cantidad recaudada bajo este concepto. La resolución de este caso podría sentar un importante precedente sobre la potestad de los estados para gravar de forma selectiva a los residentes estacionales de alto poder adquisitivo.
La fiscalidad del esfuerzo: así se une el deporte extremo y la optimización tributaria corporativaEl Supremo refuerza los poderes de Hacienda en los registros a empresasGolpe fiscal a los matrimonios en su inversión en vivienda habitual Comentar ÚLTIMA HORA-
22:56
Las claves bursátiles de la próxima semana
-
22:43
El silencio de Jon y el fin de la sociedad civil
-
22:29
ACS construirá el nuevo estadio de los Tampa Bay Rays por 2.000 millones
-
22:28
El turismo extranjero bate récords en julio en Barcelona y toda Catalunya
-
22:21
FCC y Global Omnium elevan la tensión por el agua en el área metropolitana de Barcelona