- DAVID CASALS Barcelona
El acuerdo está a la espera de ERC, con quien la negociación no ha arrancado, según destacan fuentes republicanas.
El president de la Generalitat y líder del PSC, Salvador Illa, afronta un invierno complicado en términos políticos. A la crisis ferroviaria y las incidencias meteorológicas, se suman las dificultades que tiene su Govern, que está en minoría, para sacar adelante la acción legislativa. En el Parlament, sólo tiene 42 escaños de 135.
En teoría, este mes de enero debía marcar un punto de inflexión, pero las negociaciones sobre los Presupuestos se torcieron tras el accidente ferroviario de Gelida (Alt Penedès) y el caos en las circulaciones que se originó, y que según el Ministerio de Transportes, no se empezará a resolver hasta finales de abril.
Cataluña ha prorrogado ya las cuentas por tercera vez consecutiva, y las últimas que se aprobaron fueron las de 2024, con Pere Aragonès (ERC) todavía como president de la Generalitat.
En un contexto donde la gobernabilidad en resto de España sigue determinando la política catalana a raíz de los pactos postelectorales con el PSOE, los socialistas y En Comú Podem quisieron transmitir este jueves un gesto de fuerza, con su pacto sobre las cuentas de la Generalitat de 2026.
Con todo, se está la espera de ERC, cuyos votos son imprescindibles en el Parlament. En el Congreso, además, tampoco se pueden sacar adelante las cuentas sin el apoyo de Junts.
La principal prerrogativa que han arrancado los comunes es que se limitarán por ley las "compras especulativas". Se establecen también sanciones de hasta 1,5 millones de euros para los que intenten eludir la normativa.
El pasado fin de semana, el Govern explicó que varios informes elaborados por un grupo de expertos que designó ven legal esta nueva restricción a los inversores.
El martes, el Govern pormenorizó que modificaría la ley catalana de urbanismo y todo el PSC en bloque ha salido a defender este límite, pese a las dudas que tiene el sector sobre su encaje legal.
El pacto presupuestario incluye también decisiones de alcance estatal, como cuáles son las líneas de Cercanías que deberían traspasarse. Se trata de un activo propiedad de Adif, y que opera Renfe. ERC ya incluyó una relación de este tipo en su pacto presupuestario con el PSOE de 2023.
Nuevos límites y multas a propietarios
En un comunicado, En Comú Podem aseguró que la reforma de la ley de urbanismo se tramitará por lectura única, para garantizar que entre en vigor este año.
Cuando entre en vigor, "los ayuntamientos de los 271 municipios declarados como tensionados, y que concentran el 90% de la población catalana, podrán aprobar planes especiales urbanísticos par aimpedir que las viviendas se compren para especular".
Las adquisiciones quedarán limitadas a "dos finalidades: destinarlas a residencia habitual o ponerlas en alquiler" siempre de acuerdo con el índice de precios del Govern.
"Los grandes tenedores, a partir de cinco inmuebles, no podrán comprar viviendas" en estas localidades, y sólo podrán adquirir "edificios enteros, y siempre con la obligación de destinarlos al alquiler con precio topado".
Además, las personas físicas que sean grandes tenedoras sólo podrán comprar "para ir a vivir", lo que "deberán acreditar mediante declaración responsable ante notario y empadronamiento en un plazo de 12 meses, prorrogables seis más por causas justificadas".
En el caso de los pequeños tenedores, "podrán comprar hasta un máximo de cuatro viviendas, siempre que sean para uso propio, para un familiar de segundo grado o para ponerlos en alquiler a precio de índice".
El límite no afectará a las segundas residencias, siempre que sean en otro municipio de la residencia habitual. Esta medida se aplicará tanto a los pequeños como alos grandes tenedores.
El acuerdo incluye también sanciones de hasta 1,6 millones de euros por incumplir la Ley de Urbanismo, "con nuevos supuestos muy graves como no destinar la vivienda al uso declarado, simular negocios jurídicos o fraude de ley para eludir la condición de gran tenedor".
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