Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que ejercía las funciones de secretaria personal de Begoña Gómez, asistió a reuniones en la sede de Deloitte junto a la esposa del presidente del Gobierno. Esta compañía es una de las empresas que colaboró en el lanzamiento del software de la cátedra que codirigió Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Así lo ha admitido Juan Pedro Gravel, uno de los responsables de la consultora, ante el juez Juan Carlos Peinado, que indaga en la relación de Deloitte con la cátedra de la esposa de Pedro Sánchez.
En la tarde de hoy, el presidente de la compañía en España, Héctor Flórez, ha admitido haber "saludado" a Begoña Gómez una de las veces en las que estuvo en la Torre Picasso, sede de Deloitte, tal como precisan fuentes jurídicas a EL MUNDO. Ambas permanecen investigadas por malversación de fondos públicos en una pieza separada distinta a la que la esposa de Sánchez está imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El instructor investiga si desde su puesto público Cristina Álvarez se dedicó a ayudar a Begoña Gómez en sus tareas profesionales privadas en la Universidad Complutense de Madrid. Cristina Álvarez es la directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. Pese a ello, parte de sus tareas se han dedicado a las tareas profesionales de la esposa de Pedro Sánchez. La investigación judicial refleja que ha intervenido activamente en la gestión de la cátedra de Gómez.
En su declaración como testigo, Gravel ha dicho que fue la propia esposa de Sánchez quien le presentó a Álvarez como "una colaboradora" suya y que él dio por hecho que era personal de la Universidad Complutense. Durante el desarrollo del proyecto se celebraron reuniones periódicas con Deloitte, con distinta frecuencia, donde el directivo de la compañía situó a la secretaria personal de Begoña Gómez.
Este testigo ha aclarado que Cristina Álvarez no tenía una participación activa en esas reuniones ya que, tal y como ha contado, no intervenía en el contenido de los encuentros. Gravel ha destacado que Begoña Gómez la presentaba como "una colaboradora", han revelado las mismas fuentes.
El instructor, al margen de la citación de esos cargos, también requirió a Deloitte y otras empresas que aporten las agendas y actas de las reuniones que tuvieron lugar en relación al desarrollo de la plataforma digital albergada en transformatsc.org. Es decir, el dominio de la página web del software de la UCM por el que se investiga a la esposa de Pedro Sánchez por presunta apropiación indebida.
En este sentido,Deloitte se desmarcó del software de la UCM, dando traslado al magistrado que no participó ni en su creación ni en su mantenimiento. A través de un escrito, la consultora contestó al requerimiento del juez sobre "los códigos fuente, ejecutables, repositorios, desarrollos o entregables digitales en cuanto a su colaboración con la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense". Indicó, además, que la prestación de servicios profesionales a la cátedra que codirigió la esposa de Sánchez "tuvo por objeto la prestación de soporte y asesoría a la oficina de proyecto".
Tras recalcar que dicha oficina ya existía antes de que iniciaran su trabajo, subrayó que estaba destinada a coordinar la creación y desarrollo de un software dirigido a facilitar a las pymes la medición del cumplimiento de objetivos en el ámbito de la transformación social competitiva. La consultora insistió en que "nunca tuvo acceso directo al software ni participó en su creación, desarrollo o mantenimiento, por lo que no dispone de los códigos fuente ni de los entregables digitales.
El juez impulsó este requerimiento a petición de las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, que solicitaron nuevas diligencias para concretar un eventual escrito de acusación y preparar un posible juicio oral.
La esposa del presidente del Gobierno figura como investigada por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación. Todo ello se enmarca en cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias a favor del empresario Juan Carlos Barrabés; la gestión de la cátedra y de dos másteres en la UCM; la presunta apropiación indebida del software, y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora.