En 'La caída de la casa Usher', el protagonista se siente fascinado por aquella mansión gótica, de fábrica mohosa pero formidable, que ha perdido el esplendor. El detalle que anuncia la decadencia, no sólo moral, es una grieta que, al principio, llama la ... atención del narrador, «una fisura apenas perceptible que, extendiéndose desde el tejado del edificio, en el frente, se abría camino pared abajo, en zigzag, hasta perderse en las sombrías aguas del estanque». Esa grieta no anuncia nada bueno, como saben los lectores de Edgar Allan Poe.
Pues bien. Cualquiera diría que el proyecto de Sánchez para resignificar el Valle de los Caídos causa el mismo alipori a las personas que quieren, sencillamente, que la resignificación de Cuelgamuros sirva para asumir la historia como lo que fue: una gran tragedia nacional, y para sentar las bases de la reconciliación en esa memoria. Pero no. El Gobierno no está en eso. Necesita petrificar la división, no restañar la herida.
La Ley de Memoria Democrática, que inspira el proceso actual, fue aprobada en 2022, y pactada sólo con socios independentistas, incluido Bildu, además de Podemos. Esta norma gravita sobre el proyecto ganador del concurso arquitectónico, diseño de Pereda Pérez Arquitectos y Lignum S.L. que fue presentado el pasado noviembre y que se titula 'La base y la cruz', y cuya más visible intervención es la demolición de la escalinata para crear un espacio museístico y la excavación de una grieta que va de arriba a abajo, desde la base de la cruz hasta el borde de la explanada.
Fue Iñaki Carnicero –no Roderick Usher–, a la sazón secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura (como antes fichaje de Ábalos en Transporte, y amigo de pupitre y canasta de Pedro Sánchez), quien lo presentó con esta frase insólita: «Esta es una gran grieta que facilita el encuentro, que invita al diálogo». Pero no existe una grieta así. Quizá interiorizó tan profundamente las instrucciones que se le fue la mano al simbolizar la división, el muro entre españoles, que ha quedado consignado en un proyecto que, como aquella mansión del cuento, nos habla de decadencia moral.
Pensar que quien ha erigido ese muro simbólico que divide a los españoles por su adscripción ideológica va a construir ahora una «grieta del encuentro» bordea el sarcasmo
En realidad, lo que muestra esa intervención es una grieta en la legitimidad de todo el proyecto. Pensar que quien ha erigido ese muro simbólico que divide a los españoles por su adscripción ideológica va a construir ahora una «grieta del encuentro» bordea el sarcasmo.
Cuando se aprobó la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero se abrió la puerta a esta resignificación. Entonces, en 2011, un solvente y variado grupo de expertos emitió un informe favorable que marcaba una serie de condiciones generales –incumplidas en el proyecto actual, como veremos– y algunos votos particulares sobre los aspectos más polémicos, como el traslado de los restos de Franco. Lo que regía ese documento oficial era un mandato: la centralidad es de la víctima, de todas las víctimas de ambos bandos en el mayor cementerio de la Guerra Civil; explicar no es destruir (ni la explanada ni la escalinata). Y unas recomendaciones: hacer todas las actuaciones mediante los más amplios consensos (¡Ay!), y reconocer que «las víctimas, todas ellas iguales en valor, y no la defensa de una u otra ideología, deben ocupar la centralidad del conjunto». Párense a pensar en ello.
El Gobierno actual acelera un proyecto de tanto impacto como puede para llevarlo a cabo en una flagrante minoría parlamentaria. La negociación con la Iglesia ha dado lugar a varios recursos que podrían paralizar los planes y algunos de los elementos presentados en noviembre sencillamente no pueden sostenerse, como que la entrada a la basílica tenga que efectuarse desde la zona de museo, inhabilitando la entrada actual sin motivo alguno que lo justifique e impidiendo algunas liturgias que allí comienzan. Incluso que haya piezas museísticas dentro del templo, algo aberrante. Niegan la historia y también la naturaleza sacra del templo.
Opinión La basílica del Valle y la libertad religiosa
Durante el mandato de Rajoy, la resignificación se detuvo, como otras ayudas a la memoria histórica. Una oportunidad perdida para poner en pie una política de Estado al respecto y haber dirimido entre aquello que servía a las víctimas y sus familias, en igualdad, que es necesario, y las ambiciones ideológicas de una izquierda que busca una versión oficial de una historia (la Comisión de la Verdad de Baltasar Garzón va a vigilar su pureza ideológica) para deslegitimar al contrario.
En 2022, nada más aprobarse la ley, decenas de intelectuales y políticos de diferentes ideologías, nombres muy prestigiosos, entre ellos conocidos dirigentes del PSOE, firmaron un manifiesto en el que denunciaban que el Gobierno estaba manipulando la historia de la Transición y asumía viejas tesis batasunas para extender hasta 1983 el 'periodo sospechoso' a investigar por la verdad oficial y así incluir en la Memoria oficial a Lasa y Zabala –los etarras asesinados en un crimen cuyos autores fueron condenados– pero no a las víctimas del terrorismo de ETA de los años más sangrientos. La verdad oficial no tocará a los socios.
Juan José Laborda, historiador, socialista burgalés y expresidente del Senado dijo en televisión por entonces: «La ley ha mezclado cosas que son muy necesarias para la dignidad de las víctimas con un pacto del Gobierno con Bildu cuya necesidad no se entiende, pero que asume su idea de que la Constitución Española de 1978 no instauró en realidad un nuevo régimen democrático». Desde esta visión, la grieta crece, como en el cuento de Poe, hacia la destrucción. Además, ¿por qué se compara esta resignificación de Cuelgamuros con el monumento al Holocausto de Berlín? Es falaz, porque nada tiene el Holocausto comparable con la Guerra Civil española, con dos bandos asesinando de forma virulenta, por más que uno venciese o matase más que otro.
Si alguien quisiera comparar, que lo haga con la guerra civil finlandesa de 1918, que no sólo dejó una herida que ha durado más de un siglo, como la nuestra ahora, entre los Rojos y los Blancos, sino que en ella participaron con ayuda militar Rusia y Alemania. Es aquella época de crisis intelectual y moral que Paul Valéry denominó «guerre civile des esprits». Es curioso que en el país escandinavo hay todavía hoy memoriales de cada bando por separado. Sólo en los últimos años se empieza a pensar en un cambio, con la convicción de que el único memorial conjunto digno sería el que «trate la conflagración como tragedia nacional». De todos.
La grieta de Cuelgamuros no tiene nada de encuentro ni de diálogo, es la guerra civil del espíritu esculpida como antes lo fue la cruz sobre los riscos; es la visión megalómana de un líder político que se siente por encima de todo y obliga a sus adversarios a una expiación.
Por muchos adjetivos que el discurso político quiera añadir a la arquitectura, la realidad se impone en la historia y en el símbolo de todas las grietas que en el mundo han sido, desde el templo de Salomón a la Casa Usher o la de Doris Salcedo en la Sala de Turbinas de la Tate Modern. El tajo es profundo, oscuro: la hendidura que corre en línea recta desde la base de la cruz y divide las piedras, las aguas, los restos de las víctimas y las conciencias en un proceso partisano que impide cerrar heridas. Es la grieta en la legitimidad.
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