El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y el de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego, rubrican este jueves un acuerdo "para la atención a las víctimas de abusos sexuales cuyos casos no han tenido recorrido judicial a través del Defensor del Pueblo".
Con este paso, la Iglesia en España y el Gobierno "han acordado abrir una vía a través del Defensor del Pueblo para la reparación de aquellas personas víctimas de abusos sexuales que no deseen acudir directamente a la Comisión PRIVA establecida por la Iglesia", indicó la CEE en un comunicado.
Para la firma del acuerdo, en una de las sedes del Ministerio en Madrid, "el Gobierno se ha comprometido, como solicitaba la Iglesia, a abordar la reparación integral de todos los menores víctimas de abusos sexuales en cualquier ámbito de la vida pública". Esta promesa se basaría en el compromiso del Gobierno de promover el cumplimiento de los fines previstos en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia.
Así, detallaron que este sistema "acordado" de "reconocimiento y reparación", tendrá el "criterio técnico" de la Oficina del Defensor del Pueblo, la "evaluación" de la Comisión del Plan de Reparación Integral a menores víctimas de abusos sexuales (Priva), el "consenso Iglesia Católica-Estado" y la "participación" de las víctimas.
En concreto, la Oficina del Defensor del Pueblo estudiará los casos presentados y propondrá "un cauce de reparación que será estudiado y evaluado por la Comisión Priva establecida por la Iglesia". Así, sostiene la Iglesia, que los criterios de valoración de los casos y de la baremación de la reparación de la Oficina del Defensor del Pueblo y de la Comisión Priva serán "homogéneos", una de las preocupaciones que se han planteado durante la negociación de este acuerdo, según ha podido saber Servimedia.
"En caso de discrepancia de la valoración una comisión mixta estudiará el caso que, en última instancia será establecido por el Defensor del Pueblo tras escuchar al presidente de la CEE o de la Confer según el caso", detallaron desde la Conferencia Episcopal.
SIN TRIBUTACIÓN
Además, continúa la nota de la CEE, el Gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas estén "exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la Renta", tras haberse dado situaciones de víctimas indemnizadas a las que la Agencia Tributaria les ha reclamado el pago de impuestos después de recibir las indemnizaciones, lo que para ellas supone una revictimización y que no ocurre en ámbitos como las víctimas del terrorismo.
La nota concluye subrayando que "el sistema establecido no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes" y que se trata de "una vía temporal con una duración de un año (prorrogable otro año más)", para aquellas causas "que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial bien por la prescripción del delito o bien por la muerte del victimario".
Con todo ello, todas las víctimas pueden acudir al Priva y, a partir del acuerdo de este jueves, si no lo desean pueden pedir la mediación del Defensor, que llevará su caso al Priva.
UN CENTENAR DE PETICIONES
La Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a menores víctimas de abusos sexuales (Priva) impulsada por la Iglesia católica, había recibido hasta mediados de noviembre 99 peticiones y había resuelto 51 casos en sus primeros 14 meses de vida. La reparación propuesta hasta entonces tenía un importe total que superaba el millón y medio de euros.
El Episcopado ya se refirió al tema del IRPF y de la mediación del Defensor en la Asamblea Plenaria que la CEE celebró en noviembre, y que hacía vislumbrar que el ministro Bolaños podría cumplir el pronóstico que había aventurado días antes a representantes de seis asociaciones de víctimas eclesiales para analizar las conversaciones con la Iglesia católica y el estado de situación del plan de reparación y reconocimiento impulsado por el Gobierno a partir de las recomendaciones del Defensor del Pueblo.
Entonces, fuentes del Ejecutivo trasladaron que "el objetivo del Gobierno es que exista un sistema mixto Iglesia-Estado, con participación de las víctimas y reparaciones a cargo de la Iglesia".
Víctimas que participaron en el encuentro indicaron que Bolaños les transmitió que el Gobierno esperaba tener un acuerdo con la Iglesia "antes de final de año" (en referencia a 2025) para impulsar una comisión mixta Iglesia-Estado que impulse las "reparaciones" y el "reconocimiento" a las víctimas de abusos eclesiales. Esas reparaciones correrían "a cargo de la Iglesia", aunque el Gobierno podría ofrecer "infraestructuras" para canalizarlas.
Precisamente, las citadas asociaciones de víctimas están convocadas mañana miércoles en La Moncloa para que el propio Félix Bolaños detalle los puntos del acuerdo rubricado este 8 de enero con la CEE y la Confer.