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Trabajadores de la Administración General del Estado. Virginia Carrasco La jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado se hará realidad a principios del año que vieneFunción Pública y los sindicatos mayoritarios cierran un acuerdo que desbloquea dos compromisos pendientes, entre ellos la implantación del teletrabajo
Miércoles, 17 de diciembre 2025, 16:14 | Actualizado 16:39h.
... CSIF, UGT y Comisiones Obreras- para avanzar en la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales y en la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado. El pacto, que comenzará a aplicarse a partir del próximo año, incluye matices relevantes: no tendrá un impacto inmediato ni alcanzará a todos los empleados públicos.De materializarse en los términos actuales, la medida supondrá un cambio histórico en la Administración General del Estado: por primera vez, sus empleados -con la excepción de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado- pasarán a tener una jornada laboral de 35 horas semanales. No obstante, la aplicación efectiva de la reducción dependerá de las negociaciones finales que se celebrarán en las primeras semanas de 2026 con los distintos departamentos ministeriales, en las que se deberá concretar cómo se implementará esta reorganización del tiempo de trabajo.
En la actualidad, la jornada de los empleados públicos estatales es de 37,5 horas semanales. La reducción ahora acordada da cumplimiento a una reivindicación histórica del personal público, planteada de forma reiterada desde la década de los noventa del pasado siglo. Esta jornada fue eliminada en 2012 como consecuencia de los recortes derivados de la crisis financiera, una decisión que afectó a todas las administraciones públicas y que se mantuvo en vigor hasta la aprobación de los Presupuestos Generales de 2018. Desde entonces, distintas administraciones han ido recuperando o implantando progresivamente la jornada de 35 horas.
La negociación no se limita a la reducción de jornada. El teletrabajo, otro de los compromisos pendientes con los sindicatos, volvió a ocupar un lugar central en la última reunión de la comisión celebrada en 2025. Según las organizaciones sindicales, su regulación y puesta en marcha será una realidad en los próximos meses, aunque todavía quedan aspectos clave por definir. Su desarrollo normativo y organizativo requerirá un mayor margen de tiempo, así como nuevas rondas de negociación.
Este pacto incluye también eliminar la tasa de reposición -contratar más puestos que los dejados por los jubilados-, lo que contribuirá a reforzar las plantillas en organismos saturados como el SEPE o la Seguridad Social y reducir también la contratación temporal, que ahora supera el 30%, el doble que en la empresa privada.
Subida salarial
El Ministerio de Función Pública ha confirmado además a los sindicatos que el personal de la Administración General del Estado verá reflejado en la nómina de diciembre un aumento salarial del 2,5%, además de las cantidades pendientes correspondientes a los meses anteriores del año. El ministro Óscar López ha indicado que este pago también se realizará en la mayoría de las comunidades autónomas antes de finalizar el año. No obstante, algunas como Madrid, Cantabria o Galicia han optado por retrasarlo hasta enero, una decisión que también han adoptado numerosos ayuntamientos. Desde CSIF explican que muchas entidades locales ya tenían cerrados los pagos de diciembre y no disponen de sistemas informáticos que permitan gestionar un abono adicional en tan poco tiempo.
El acuerdo retributivo alcanzado para los empleados públicos contempla una subida acumulada del 11,4% a lo largo del periodo comprendido entre 2025 y 2028. La primera mejora, del 2,5%, se aplicará con efectos retroactivos desde enero del año en curso. En 2026 se prevé un incremento del 1,5%, al que podría añadirse un 0,5% adicional en función de la evolución del IPC, cantidad que se liquidaría posteriormente, ya entrado 2027. Para ese mismo año se ha fijado otra subida del 4,5%, mientras que en 2028 se completará el proceso con un aumento del 2%. El conjunto de estas revisiones permitirá recuperar cerca de un 2,9% del poder adquisitivo perdido y supondrá un desembolso superior a los 22.000 millones de euros para las arcas públicas.
Aunque las mejoras salariales se aplicarán a todos los grupos profesionales de la Administración, el impacto económico será desigual según la categoría y el nivel del puesto. Así, un empleado del grupo A1, con nivel 26 y cinco trienios —categoría en la que se encuadran, entre otros, jueces o inspectores— percibirá una cantidad superior a los 1.200 euros. En cambio, un trabajador del grupo C1 con nivel 18 y la misma antigüedad recibirá alrededor de 700 euros, de acuerdo con los datos aportados por el sindicato CSIF.
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