La empresa pública Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A. (Mercasa) contrató a Servinabar 2000 S.L. -la mercantil de la que era socio Santos Cerdán y que, además, está vinculada a Leire Díez- para que hiciera un informe sobre las obras de rehabilitación en su sede siguiendo «instrucciones internas», tal como se desprende de la relación de contratos menores de la sociedad a la que ha tenido acceso EL MUNDO. De esta manera, Servinabar, propiedad de Antxon Alonso, recibió 18.119 euros por el informe técnico de las oficinas de la sede central de esta empresa pública participada en un 51% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).
Mercasa -empresa pública del sector de alimentación- forma parte de los cinco pelotazos que los investigadores atribuyen a Leire Díez, considerada la fontanera de Ferraz, al ex presidente de la Sepi Vicente Fernández y a Alonso. Los tres están imputados en la Audiencia Nacional por el amaño de contrataciones públicas a cambio de supuestas mordidas. La contratación de la empresa de la que es socio el ex número tres del PSOE por parte de Mercasa se realizó el 11 de noviembre de 2021, fecha en la que Leire Díez ejercía como directora de comunicación de la Empresa Nacional del Uranio S.A. (Enusa), sociedad pública que depende la Sepi. A finales de ese año, dio el salto a Correos.
Según el magistrado que instruye el ya bautizado como caso Leire, para que esta vinculación comercial Mercasa-Servinabar prosperara los tres investigados se pusieron de acuerdo con «una serie de directivos de la sociedad pública [Mercasa]» y así generaron «de forma mendaz» la justificación del contrato. Esta operación, junto a otras cuatro bajo sospecha de corrupción, ayudó presuntamente a la trama a inflar costes y beneficiar sus intereses.
La contratación de Servinabar por parte de Mercasa está vinculada a la Sepi, organismo en el que Vicente Fernández estuvo al frente desde el 23 de junio de 2018 hasta el 4 de octubre de 2019. Se vio obligado a salir de manera precipitada después de ser imputado en una causa de corrupción relacionada con la mina sevillana de Aznalcóllar, de la que fue absuelto la semana pasada. Una vez fuera de la sociedad pública, fue contratado en Servinabar donde, según las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, siguió ejerciendo su influencia en la empresa pública a pesar de que ya no formaba parte de ella. Fue en este periodo, precisamente, en el que se produjeron los cinco pelotazos investigados por la Guardia Civil.
Fernández está considerado como un hombre de la máxima confianza de la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero. «Hirurok [nombre del grupo de WhatsApp por el que se comunicaban los tres imputados] desplegó su actividad en relación con la pretensión del cambio de sede de la sociedad pública Mercasa», indica el juez de la Audiencia Nacional. El magistrado, además, se detiene en «la innecesariedad de este contrato y la mendacidad de su contenido».
En su relación de contratos menores del año 2021, Mercasa indica que la contratación con Servinabar 2000 S.L. obedeció a «instrucciones internas». El importe de la licitación para que la empresa vinculada a la trama de corrupción realizara el informe técnico de las obras en la sede central de Mercasa ascendió a 14.975 euros, a los que hubo que sumar 3.144,75 en concepto de impuestos. Servicio de realización de informe técnico de las oficinas de la sede central de Mercasa era el nombre concreto de la contratación.
Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso -cuyo grupo de WhatsApp autodenominado Hirukok significa «los tres» en euskera- operó, según el auto del juez de la Audiencia Nacional, «al menos en el periodo comprendido entre los años 2021 y 2023, así como su proyección alcanzando a varias administraciones públicas». «En el contexto de su actividad, se ha podido acreditar que los investigados habrían adoptado medidas de seguridad para garantizar la más estricta discreción y confidencialidad de sus actuaciones», argumentaba el juez. La investigación de la UCO de la Guardia Civil les atribuye la construcción de una trama aprovechando su sillón en las instituciones públicas a cambio de comisiones e inversiones en Marbella y Jaca.