- Arcadi España niega que exista "un infierno fiscal" en su debut parlamentario
- España y otros cuatro países europeos piden a Bruselas un nuevo impuesto a las energéticas
El Gobierno intenta recuperar como tasa europea el recargo al sector energético, pero las empresas temen que se convierta en otro gravamen "extraordinario" que nunca se llega a derogar.
Arcadi España, nuevo ministro de Hacienda tras relevar a María Jesús Montero, se estrenó en un debate parlamentario defendiendo la necesidad de aprobar un nuevo impuesto "temporal". Uno más. Esta vez se trata de sobregravar los beneficios de las empresas energéticas en el contexto del encarecimiento de la energía provocado por el conflicto en Oriente Próximo.
No se trata de una idea novedosa, ni mucho menos. Lo peculiar es que se haya anunciado después de registrar el cuarto récord consecutivo de ingresos fiscales del Estado y de superar por primera vez la barrera de los 300.000 millones de euros recaudados por el Estado. De ahí que el nuevo titular de Hacienda justificase su implantación por "justicia fiscal sobre la distribución de la carga de las consecuencias de la guerra". No obstante, el Ejecutivo de PSOE y Sumar no cuenta con los votos necesarios para sacar adelante esta nueva subida fiscal en el Congreso de los Diputados, por lo que ha pedido a la Comisión Europea, de la mano de los gobiernos de Alemania, Italia, Austria y Portugal, que se cree como un gravamen de Bruselas para facilitar el trámite político y unificar criterios. Este será uno de los temas que Pedro Sánchez aborde con el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, al que recibe en la Moncloa junto a la vicepresidenta Sara Aagesen.
Sin embargo, las empresas energéticas recelan de que se trate de un recargo con fecha de caducidad, y tienen razones para ello. No es la primera vez que el Gobierno de Sánchez intenta aumentar vía decreto las contribuciones de las eléctricas y gasistas a las arcas públicas, pero en todos los intentos anteriores -el último en enero de 2025- se ha topado con el veto de la Cámara Baja: sus aliados de Junts y el PNV votaron, al igual que PP y Vox, en contra de la medida por comprometer las inversiones necesarias del sector en redes e infraestructuras.
Moncloa identificó al sector energético, junto a los bancos, como industria a la que estigmatizar como pretexto para imponerles una mayor carga fiscal. Precisamente, lo sucedido con el gravamen sobre los beneficios "extraordinarios" de las entidades financieras por la crisis inflacionaria explica los miedos de la industria energética. Aprobado a finales de 2022 para aplicarse únicamente en los ejercicios 2023 y 2024, continúa en vigor tras la prórroga hasta finales de 2027 pactada por el Gobierno con el PNV, pero PSOE y Sumar han hecho pública su intención de transformarlo en permanente.
Patrimonio: ida y vuelta
Pero si hay un impuesto que ejemplifica la paradoja de sostener de forma indefinida figuras tributarias anunciadas como transitorias es el de Patrimonio. Implantado en España en el año 1977 para censar la riqueza real del país en plena transición al nuevo régimen, se mantuvo hasta que el Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero decidió bonificarlo al 100%. Pero lo recuperó tres años después para afrontar el histórico hundimiento de la recaudación tributaria a causa de la gran crisis financiera y siguió en vigor hasta que varios gobiernos autonómicos del PP, liderados por Madrid, desplegaron bonificaciones generalizadas que en la práctica suponían de nuevo su eliminación. Para impedirlo y evitar los traslados de patrimonios dentro de España, el actual Ejecutivo de PSOE y Sumar puso en marcha un gravamen de carácter nacional para forzar una armonización al alza del tratamiento fiscal aplicado por las autonomías que, irónicamente, lleva por nombre el de "Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas". Su vigencia está condicionada, sobre el papel, a la reforma del sistema de financiación autonómica, pero los partidos de izquierda aspiran a mantenerlo de forma indefinida.
Ítem más, la batalla judicial mantenida por Hacienda para seguir operando con el sistema de pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades aprobado en el año 2016 por el exministro Cristóbal Montoro para ingresar de forma anticipada los pagos empresariales como vía de contener el déficit galopante durante la crisis de la deuda soberana, zanjada por la polémica sentencia con la que el Tribunal Constitucional se fracturó por el aval impuesto por el rodillo de los progresistas, muestra la resistencia del Fisco a renunciar a las tasas y cambios fiscales anunciados como de duración limitada.
'Soli', el tributo para unir a las dos Alemanias todavía vigente
En 1991, el Gobierno del entonces canciller Helmut Kohl anunció un impuesto universal, temporal por supuesto, que sólo estaría en vigor doce meses para financiar el coste de la reunificación de las dos Alemanias.
Una tasa que los ciudadanos del Oeste asumieron de buen grado para cerrar las profundas heridas que causó la separación del país en dos impuesta por la URSS. Sin embargo, en 1995 fue reintroducido como un recargo en el Impuesto sobre la Renta para financiar la mejora de las infraestructuras del Este, más deterioradas de lo previsto inicialmente.
Décadas después, y ante la prórroga indefinida del tributo, se produjo una campaña política y social que llevó en 2021 a la canciller Angela Merkel a poner en marcha una reforma completa del gravamen conocido como 'Soli', que se suprimió progresivamente para la mayor parte de los contribuyentes alemanes, salvo para los de mayores recursos. A día de hoy, continúa vigente para los trabajadores con salarios de más de 84.000 euros, los grandes patrimonios, las empresas (excepto las micropymes) y las rentas del capital.
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